Comunidades mixes y zapotecas denuncian agresiones, detenciones arbitrarias y falta de diálogo por parte de las autoridades en Oaxaca; exigen intervención de Claudia Sheinbaum y justicia para los afectados.
Por Redacción / @Somoselmedio
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) emitió un comunicado el 22 de enero de 2025 denunciando la criminalización de 24 defensores y defensoras indígenas del pueblo Mixe (Ayuuujk) en el municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca. Desde 2019, las comunidades de Mogoñe Viejo han luchado por la defensa de sus territorios ante las afectaciones del Megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluyendo el Tren Interoceánico.
En febrero de 2023, ante la invasión de sus tierras, la comunidad estableció el campamento “Tierra y Libertad” como una manifestación pacífica. Sin embargo, esta resistencia fue atacada en repetidas ocasiones. Durante los 62 días que permaneció el plantón, integrantes de la Secretaría de Marina (SEMAR), la policía estatal y civiles encapuchados realizaron actos de hostigamiento. El 28 de abril de 2023, las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente el campamento, dejando a cuatro mujeres y dos hombres detenidos, quienes denunciaron agresiones físicas y vejaciones.
Criminalización y falta de diálogo
A dos años de los hechos, las comunidades afectadas siguen enfrentando procesos judiciales. Se han abierto dos carpetas de investigación contra 16 integrantes de UCIZONI, acusándolos de “ataques a las vías de comunicación”. Esto, sumado a la negativa del gobierno federal y del titular del Corredor Interoceánico de establecer un diálogo, ha provocado que los habitantes de Mogoñe Viejo se manifiesten nuevamente, exigiendo justicia y respeto a sus derechos.
Los vecinos de Rincón Viejo, en el municipio de Santa María Petapa, también se suman a esta lucha. Ocho familias zapotecas han sido denunciadas por “invasión de derecho de vía” y enfrentan amenazas de desalojo por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Las autoridades ofrecen un pago único de 36 mil pesos por sus terrenos, sin considerar que las familias han habitado estas tierras por más de 30 años.
UCIZONI hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y detenga las violaciones de derechos humanos en el Istmo. “No vamos a permitir que nos amenacen en nuestras propias tierras”, señala el comunicado, exigiendo también al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, que abra espacios de diálogo serio y respetuoso.
La organización denuncia la omisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que han presentado cuatro quejas sin recibir respuesta. “No se puede hablar de desarrollo en el Istmo cuando se violan los derechos de la población indígena y persisten carencias en salud, educación e infraestructura”, concluye UCIZONI.
