Un indígena lleva tres meses privado de la libertad en el Reclusorio Norte acusado de supuestamente robar 180 pesos a una persona que no se ha presentado en las tres audiencias que se han realizado como parte del proceso penal, el cual se encuentra en una etapa intermedia.
Dionisio habla un poco español, y aunque entiende levemente el idioma, requiere de un traductor de lengua otomí para atender con claridad las palabras del juez.
El pasado miércoles se llevó a cabo una audiencia intermedia para continuar el proceso que se sigue tras haber sido señalado por la fiscalía por supuestamente cometer un robo.
Dicha audiencia comenzó de manera formal con la llegada del juez, la presentación de la parte acusadora (sin la parte afectada directa o víctima) y la parte imputada.
Sin embargo, la audiencia se detuvo cuando Dionisio expresó su interés en remover a su defensor público, quien lleva su caso desde hace tres meses.
-¿Es de su conformidad que su defensor aún le represente?-, preguntó el juez al acusado.
Por varios segundos hubo silencio, luego de que la traductora transmitiera la pregunta a Dionisio, él se acercó al micrófono, y con lentitud respondió en voz y con tono temeroso:
- Este… ¿que pasa si no sigue? ¿Qué se puede hacer?- preguntó directamente al juez.
- Se le otorga otro defensor- aclaró el representante judicial.
- Sí, quiero cambiarlo- continuó Dionisio.
Más tarde, los familiares del acusado explicaron en entrevista que el defensor público que fue asignado de manera automática nunca se acercó a ellos para informarles sobre el proceso, “cuando se le preguntaba no tenía tiempo o estaba indispuesto”. Ni siquiera conocen en qué etapa se encuentra el proceso.
Durante esa misma sesión, se otorgó un nuevo defensor público para asistir a Dionisio, aunque solo durante los 10 minutos que duró la audiencia. Al salir, nuevamente los familiares, el hermano y la madre del acusado, quisieron acercarse a la defensora para solicitar información:
-Eso lo ven con el defensor- les respondió. Sus 10 minutos como defensora de Dionisio al parecer habían terminado junto con la audiencia.
Al final de la audiencia, el juez ordenó que, para la próxima audiencia que se celebrará el 7 de febrero, el acusado deberá contar con una defensor que hable su lengua y que además tenga conocimientos en su cultura, es decir, del otomí.
Dionisio es acusado de robar 180 pesos en las calles de la delegación de Coyoacán, donde trabaja desde hace años limpiando parabrisas de autos que transitan por las avenidas.
Hace tres meses, sus familiares lo buscaron por días, antes de reportarlo como persona desaparecida, supieron que estaba recluido en el centro varonil, acusado de robo. Cuentan que una persona que fue testigo de la detención se acercó a ellos para asegurar cómo ocurrieron las cosas: Dionisio fue detenido mientras laboraba, sin embargo, ha preferido no acudir a declarar por temor a los policías de la zona, según señalaron los familiares.
Hasta el momento, Dionisio insiste en mostrar en audiencia recomendaciones laborales que comprueben que él estuvo trabajando, sin embargo, su defensor no tomó en cuenta tales documentos, llevando por su cuenta el proceso hasta una etapa más avanzada.
Lo que complica la situación de Dionisio son sus antecedentes penales. En 2015 ocurrió una situación en las mismas circunstancias, dice su hermano. Entonces, estuvo desaparecido tres meses, “con reporte en CAPEA y todo”, 90 días después se tomaron la molestia de avisar a su familia que estaba detenido en el reclusorio sur.
