La comunidad indígena chontal de El Coyul denunció que 21 integrantes de su Sociedad Agrícola Ganadera enfrentan un proceso judicial por delitos fabricados de despojo agravado, mientras resisten un intento de despojo de 1,452 hectáreas de su territorio ancestral.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2025.- La libertad de 21 personas defensoras del territorio de la comunidad indígena chontal de El Coyul está en riesgo. Este 4 de septiembre a las 12:00 horas se llevará a cabo la audiencia de debates en la Sala de Juicio Oral de Tehuantepec, Oaxaca, presidida por el juez Antonio Jiménez Carballo.
Las y los acusados son integrantes de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, organización fundada en 1972 para la defensa de 1,452 hectáreas de territorio que incluye playas, manglares y selva de alto valor ecológico y cultural. La comunidad denunció que enfrenta un intento sistemático de despojo impulsado por intereses inmobiliarios vinculados al proyecto residencial Punta Faro.
De acuerdo con la asamblea comunitaria, los principales responsables de la criminalización son identificados como parte del “Cártel del Despojo”: Joel Ricardez López, quien se autonombró propietario de las tierras; Alfredo Manuel Mena Alonso, representante de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (UNECACI); y Rigoberto Cruz Cartas, presidente de una sociedad apócrifa creada para legitimar la apropiación del territorio.
El pasado 8 de mayo de 2024, el juez Onasis Aureliano Díaz Morgan dictó una sentencia de 15 años de prisión, multas individuales de 90 mil pesos y un pago colectivo de 55 millones de pesos por reparación del daño contra las y los defensores, sin considerar pruebas de descargo ni la posesión legítima de la comunidad.
Organizaciones de derechos humanos y el Observatorio Memoria y Libertad han señalado que el proceso está basado en delitos fabricados y en violaciones al debido proceso. La comunidad responsabilizó a los actores mencionados de un clima de hostigamiento, amenazas y criminalización.
Las y los defensores exigen la anulación de la sentencia, el cese de la persecución judicial y la cancelación de permisos ambientales y catastrales que facilitan el despojo territorial.
El caso de El Coyul refleja una política estructural que utiliza el sistema judicial para reprimir a pueblos indígenas que defienden su tierra y su autonomía frente a intereses privados. La audiencia del 4 de septiembre será decisiva para el futuro de 21 defensores chontales y para la defensa de más de mil hectáreas de ecosistemas vitales en el Istmo de Tehuantepec.
