Ciudad de México, 09 de octubre de 2018. La organización defensora de los derechos humanos Indignación, junto con la agrupación Ka’anan Ts’onot –constituida por habitantes de Homún, Yucatán, para defender sus recursos naturales– acusaron que el gobernador Mauricio Vila Dosal utiliza el aparato gubernamental para litigar en favor de los intereses de la mega granja porcícola instalada en zona de recarga de cenotes, en detrimento del derecho de la población a la salud y a un medio ambiente sano.
Apenas la semana anterior y con el objetivo de proteger a la infancia, la Juez Cuarto de Distrito del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de la mega granja porcícola de Homún, en Yucatán, en respuesta a un amparo interpuesto por las representantes legales de 6 niños, niñas y adolescentes de la comunidad afectada.
En el amparo se reclamaron violaciones a los derechos al agua, a un medioambiente sano, al principio precautorio, así como afectaciones al derecho humano al desarrollo, todos en relación con la obligación que tienen las autoridades de hacer efectivo el derecho del interés superior de la infancia y adolescencia, derechos contenidos tanto en la Constitución como en diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
De acuerdo con los defensores del ambiente, el gobernador Vila, a través del consejero jurídico del gobierno del estado, Mauricio Tappan Silveira, envió un escrito al Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Yucatán, para refutar el juicio de amparo y pedir que no se conceda la suspensión definitiva de la operación de la industria. En la práctica, esto significa litigar y usar el aparato del Estado a favor de los intereses particulares y empresariales, acusaron los defensores.
Al dictar el amparo, la juzgadora federal señaló que existe un peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado y con ello se provoquen perjuicios de difícil reparación, especialmente en atención a los derechos que estiman violados, que son tan sensibles. La jueza consideró que “existe un interés en la sociedad de que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para que los habitantes de determinada población lleven una vida digna. En particular sus pobladores menores de edad, ya que incluso la Constitución establece que interés superior de la nación que sus niños se desarrollen libre y sanamente y tengan asegurado un futuro digno”.
La suspensión obliga a Producción Alimentaria Porcícola, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (PAPO) a detener toda acción que implique la puesta en marcha y/o funcionamiento de la granja, y a las autoridades estatales y municipales, en especial al gobernador del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y al Presidente Municipal de Homún, a implementar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar que dicha suspensión sea efectiva.
Hoy será la audiencia para definir la suspensión definitiva mientras se resuelve el amparo presentado por el riesgo que enfrenta la infancia de Homún.
La mega granja porcícola que se ha instalado de manera irregular en Homún tendría una capacidad para albergar a casi 50 mil cerdos en una de las zonas de recarga hídrica más importantes del país, con el consecuente riesgo de contaminación y afectación del agua, el medioambiente, la salud, y las actividades económicas de la región. Además dicho megaproyecto, no obstante estar asentado en territorio maya, se aprobó y ejecutó sin respetar el derecho a la libre determinación de la comunidad de Homún.
Indignación y Ka’anan Ts’onot lamentaron la postura de la nueva administración estatal en contra “de la infancia en riesgo, del medioambiente, de la población de Homún y del pueblo maya que no fue consultado” antes de la realización del proyecto.
