Durante una reunión con autoridades federales y estatales, los Comités de Cuenca Río Sonora denunciaron la falta de avances reales en la remediación del desastre ambiental de 2014 y exigieron un plan transexenal, con responsables, presupuesto y calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Hermosillo, Sonora | 26 de mayo de 2025 — A casi once años del peor desastre ambiental minero en México, provocado por el derrame tóxico de Grupo México en la cuenca del Río Sonora, las comunidades afectadas continúan esperando justicia. El pasado 20 de mayo, integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) sostuvieron una reunión con autoridades federales y estatales, donde reiteraron su exigencia de una ruta clara hacia la reparación integral de los daños.
Durante el encuentro —encabezado por Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y con la participación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy; y representantes de la CONAGUA e IMSS-Bienestar— las comunidades señalaron que las propuestas presentadas carecen de respaldo legal, presupuesto, responsables institucionales, y fechas claras de ejecución.
“Lo presentado no es nuevo y sigue pendiente su respaldo presupuestal, responsables, calendario y ruta de trabajo clara. Exigimos un plan transexenal, intersecretarial y publicado en el Diario Oficial”, denunciaron en su comunicado.
Además, alertaron que no existe una estrategia legal y política que obligue a Grupo México a cumplir con las resoluciones judiciales, como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró ilegal la extinción del Fideicomiso Río Sonora. Las comunidades lamentaron que se mantenga la intención de negociar con una empresa que ha operado con tácticas dilatorias y desestima sistemáticamente los derechos de las víctimas.
Durante la reunión, los Comités de Cuenca Río Sonora exigieron a las autoridades un plan de remediación formal que dé validez a las promesas hechas durante los últimos años y que contemple acciones calendarizadas a corto, mediano y largo plazo; la designación pública de responsables institucionales por cada acción; un presupuesto asignado con fuentes de financiamiento claras; su publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación, y la creación de una Comisión de Supervisión, Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación, integrada por las propias víctimas, con voz y capacidad de decisión en todo el proceso.
También denunciaron la ausencia de actores clave como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), cuyas investigaciones han sido fundamentales para el diagnóstico ambiental. Además, señalaron el abandono de las autoridades de salud que, en 2023, negaron responsabilidad judicial en los juzgados y suspendieron el diálogo con las comunidades, pese a contar con estudios que evidencian altos niveles de metales pesados en sangre y orina.
Entre las propuestas gubernamentales destacaron la ampliación del Hospital Comunitario de Ures, la creación de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental, así como la construcción de nuevas plantas potabilizadoras. Sin embargo, ninguna de estas acciones cuenta aún con fechas de ejecución ni responsables asignados.
En materia ambiental, se anunciaron estudios de remediación, restauración del río y monitoreo ambiental, pero sin claridad en su implementación.
Las y los integrantes de los CCRS también expresaron preocupación por el llamado Plan Hídrico para Sonora, que contempla la construcción de presas y acueductos en zonas aún contaminadas. Advirtieron que cualquier megaproyecto debe contar con el consentimiento informado de las comunidades, recordando las palabras del propio gobernador Durazo: “Las comunidades deben ser informadas y serán quienes tomen la decisión”.
Los CCRS cerraron la reunión reiterando su compromiso con la lucha por justicia ambiental y anunciaron que en los próximos días presentarán una respuesta crítica formal a las propuestas. Exigieron memoria, verdad, reparación y garantías de no repetición, reafirmando que “el respeto a nuestros derechos no es negociable”.
