Organizaciones advirtieron que siguen sin cumplirse medidas estructurales ordenadas por la Corte Interamericana para proteger a personas defensoras y periodistas. Entre 2016 y 2025 documentaron 364 víctimas de agresiones graves vinculadas a su labor y altos porcentajes de inadmisión en solicitudes de ingreso al Mecanismo federal.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 3 de septiembre de 2025.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC) y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección expresaron su preocupación por el incumplimiento de las medidas de reparación y garantías de no repetición dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del Caso Digna Ochoa de 2021.
Las organizaciones sostuvieron que, pese a avances parciales, ocho de las nueve medidas estructurales permanecen sin cumplirse y una se mantiene en cumplimiento parcial. En el rubro de reparación individual a la familia de la defensora, solo se concretó el acto público de reconocimiento de responsabilidad; otras tres disposiciones registran avances parciales y la relativa a la investigación del asesinato continúa incumplida. La valoración coincide con la primera revisión de supervisión de 2023 y, según expusieron, no ha mejorado con el paso del tiempo.
En conferencia de prensa resaltaron que la Corte IDH ordenó, entre otras acciones, un plan de fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección con participación de la sociedad civil, una campaña nacional de reconocimiento a la labor de las personas defensoras y la adopción de un protocolo homologado de investigación para delitos cometidos contra quienes defienden derechos humanos.
Estas medidas, consideraron, responden a una demanda histórica para revertir la impunidad y reducir los riesgos que enfrentan, pero continúan sin instrumentarse de manera efectiva. A esta falta de implementación se suma un contexto de violencia persistente: desde 2016 han sido asesinadas 177 personas defensoras y 88 periodistas en presunta relación con su trabajo; se documentaron 28 intentos de homicidio —14 contra periodistas, 2 contra trabajadoras de medios y 12 contra defensoras—, además de la desaparición de 25 periodistas, un trabajador de medios y 37 defensoras, de las cuales 23 siguen desaparecidas. En total, se registraron 364 víctimas, 82 de ellas mujeres y al menos 104 vinculadas a la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio.
Las organizaciones también señalaron deficiencias al interior del Mecanismo de Protección. Entre enero de 2023 y julio de 2025, con base en cifras oficiales, solo se admitieron 116 de 361 solicitudes de incorporación presentadas por personas defensoras —lo que implica un 67.9% de inadmisiones— y 136 de 246 solicitudes de periodistas —44.7% de inadmisiones—. Este escenario, afirmaron, ha derivado en mayor litigio para acceder a medidas: se promovieron 85 amparos, equivalentes al 63.4% de todos los presentados desde 2012, y 44 recursos de inconformidad, que representan 32.4% del acumulado histórico.
De acuerdo con los testimonios presentados en la conferencia, detrás de estos números hay fallas en los análisis de riesgo, tiempos de respuesta tardíos, resistencias presupuestales para autorizar medidas con costo y una débil coordinación interinstitucional, así como la necesidad de incorporar enfoques de género, interseccionalidad y atención a casos colectivos.
Durante la conferencia, la familia Ochoa-Plácido reiteró que la sentencia interamericana ordena reabrir e investigar con exhaustividad el caso, incluida la posible responsabilidad de funcionariado cuyas acciones u omisiones pudieron obstaculizar las pesquisas. “A casi 24 años del asesinato de Digna Ochoa no hay avances creíbles”, expresó Jesús Ochoa, al pedir que se indague el papel de exautoridades que tuvieron a su cargo la investigación. Para CEJIL, el Espacio OSC y el Consejo Consultivo, el cumplimiento de la resolución no solo representa justicia para la familia, sino una herramienta para desarticular la impunidad de los ataques contra personas defensoras y periodistas, con especial énfasis en mujeres, pueblos indígenas y quienes defienden territorio y medio ambiente.
Frente a este panorama, las organizaciones llamaron al Estado mexicano a activar campañas sostenidas de reconocimiento y sensibilización sobre la labor de las personas defensoras y ambientalistas; a abrir espacios de diálogo y trabajo con la sociedad civil para diseñar e implementar, a corto plazo, un plan de fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección con recursos suficientes, capacidades técnicas y enfoque territorial, colectivo, interseccional y de género; y a garantizar la aprobación, difusión e implementación de un protocolo homologado de investigación de ataques, de modo que se reviertan los patrones de impunidad. También solicitaron a la comunidad internacional dar seguimiento cercano al proceso de cumplimiento de la sentencia.
Las organizaciones firmantes —CEJIL, Espacio OSC y el Consejo Consultivo del Mecanismo— reiteraron su disposición para coadyuvar en el fortalecimiento de la política de protección y en la lucha contra la impunidad, con el objetivo de que la memoria de Digna Ochoa y el derecho a defender derechos humanos en México sean reconocidos y protegidos.
