“Esa niña rompió 60 años de abuso sexual en nuestra familia. Esa niña hizo lo que nosotras nunca pudimos hacer.”
Por: Andrea Nolasco / @AndreaNol1224
Guadalajara, Jalisco.- Han pasado más de dos años desde que Margarita Gómez descubrió, a través de un video que le envió su hija, que el hombre a quien la niña llamaba “papá” la había agredido sexualmente durante seis años. Hoy, la carpeta de investigación contra Jesús N sigue clasificada como “tocamientos” —delito que en Jalisco se castiga hasta con tres años de prisión— pese a que dos de las tres instituciones que evaluaron a la menor concluyeron que hubo violación, delito que contempla hasta 25 años de cárcel. Gómez decidió hacer público el caso esta semana porque, dice, “no se está haciendo justicia.”
El 8 de junio de 2024, Gómez vio un video que su hija había compartido: en la grabación se escuchaba preguntarle si ya se había bañado, y a la niña responder que sí, “pero todavía me siento sucia.” Esa frase le pareció fuera de lugar. Habló con su hija a solas y le contó, por primera vez, que ella misma había sido víctima de abuso en la infancia. La niña rompió en llanto y confirmó que Jesús N —pareja de su madre desde que la menor tenía ocho meses de nacida, y quien la había registrado bajo su propio nombre— la había agredido sexualmente desde los seis años.
Gómez llamó a la policía ese mismo día. Según relató en entrevista con Somoselmedio, los agentes tardaron cerca de cuatro horas en llegar al domicilio y, al hacerlo, únicamente le ordenaron a Jesús N retirarse con sus pertenencias, sin detenerlo. Él aprovechó ese margen para renunciar al empleo donde tenía casi 20 años de antigüedad y cambiar de domicilio. Dos meses después, mientras Gómez llevaba a su hija a atención psicológica en el Hospital Civil Nuevo, Jesús N comenzó a contactarla desde otro perfil de Messenger, simulando que no había pasado nada. Por indicación de su abogado y del Ministerio Público, Gómez mantuvo el contacto —“me dijeron: síguele la corriente”— mientras se tramitaba una orden de aprehensión. Ella misma señala que ese proceso se retrasó en al menos dos ocasiones porque, le explicaron los agentes, el turno ya había terminado o no trabajaban en fin de semana. Jesús N fue finalmente detenido un lunes por la noche en Plaza Las Torres, luego de que Gómez lo citara ahí por indicación de la policía.
La disputa por la clasificación del delito comenzó con el primer dictamen. En Ciudad Niñez —la primera institución a la que la familia acudió— le negaron a la menor el examen físico, y la evaluación psicológica registró el caso únicamente como “tocamientos”, pese a que la niña detalló distintas formas de agresión sexual que, de acuerdo con la propia explicación que recibió Gómez del Ministerio Público, corresponden legalmente a violación y no a tocamiento. En contraste, tanto el DIF Zapopan como el Hospital Civil Nuevo evaluaron después a la menor y concluyeron que sí hubo violación. Gómez atribuye la discrepancia, en parte, a que su hija enfrentó la primera entrevista psicológica sin haber recibido todavía acompañamiento terapéutico.
El proceso judicial ha pasado por al menos dos fiscales, la primer juez que llevó el caso es la jueza María Erendida Marcado Alcantar y actualmente lo lleva la jueza Susana Azzaid Betancourt Flores, quien recién recibió la carpeta. Una audiencia programada para abril de 2026 se canceló por la ausencia de un Ministerio Público de Ciudad Niñez; en ese mismo periodo se ordenó un nuevo dictamen psicológico a la menor, realizado el 22 de julio de 2026, cuyo resultado sigue pendiente. Mientras tanto, según relató Gómez, un fiscal le indicó que, si Jesús N cubre el monto fijado como reparación del daño —30,800 pesos, tras un incremento posterior a los 20,800 iniciales—, “usted no es impedimento para que él salga.” Gómez ha rechazado reiteradamente esa vía: “yo no quiero dinero. Mi hija no quiere dinero.” Calcula que ha gastado alrededor de 150,000 pesos en abogado particular, traslados y atención médica desde que comenzó el proceso.
Gómez también denunció un patrón sostenido de amenazas desde que el caso avanzó: mensajes y llamadas —hasta 30 en un solo día, dijo, a través de Messenger— desde números que bloqueaba y que volvían a aparecer con otra identidad, amenazas de muerte, vigilancia en su lugar de trabajo y el envío de ubicaciones de las escuelas de sus hijas como forma de intimidación. Según su relato, cuando reportó estos hechos a Ciudad Niñez le indicaron que correspondían a “otra carpeta” y que debía denunciarlos por separado, sin vincularlos al caso de la menor.
De acuerdo con Gómez, al menos tres sobrinas de Jesús N habrían sido agredidas sexualmente por él entre los seis y siete años de edad, en circunstancias similares. Ninguna ha presentado denuncia. Una de ellas le confió a Gómez su propio relato después de que esta buscara a familiares del señalado para dar con su paradero. Gómez afirma que, dentro de la misma familia, las mujeres que han hablado del abuso han sido cuestionadas y responsabilizadas por su silencio anterior. “Que no seamos cómplices de esta monstruosidad”, dijo Gómez sobre el encubrimiento familiar. “El querer ayudar a tu familiar escondiéndolo sabiendo que es un agresor sexual te hace su cómplice.”
Gómez enmarca el caso de su hija dentro de una cadena que atraviesa cuatro generaciones de mujeres de su familia: su abuela, su madre, ella misma y ahora su hija fueron víctimas de agresión sexual. “Esa niña rompió 60 años”, dijo. “Esa niña hizo lo que yo no pude hacer.” La menor continúa en atención psicológica y psiquiátrica desde agosto de 2024; la madre relata que en varias ocasiones la menor intentó terminar con su vida pues atravesó por varios momentos suicidas; según describió su madre, atraviesa un proceso irregular, con días de mejoría y días de crisis emocional. Gómez y su hija esperan ahora el resultado del nuevo dictamen psicológico para que se fije una nueva fecha de audiencia, en la que buscarán que Jesús N sea sentenciado por el delito que —insisten— corresponde: violación, no tocamientos.
