En Cuautitlán Izcalli, policías municipales intentaron entrar al domicilio de Karla Lechuga sin orden judicial y el gobierno difundió después fotografías del inmueble en una tarjeta informativa oficial. En la Ciudad de México, una agente de la Policía de Investigación golpeó a Jaqueline Palmeros durante una búsqueda en Tláhuac. Los colectivos exigen destitución, sanción y garantías de no repetición.
Por: Kat Castañeda / @tecuandelsur
Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- Dos madres buscadoras fueron agredidas por elementos policiales en un lapso de cuatro días, una en el Estado de México y otra en la Ciudad de México. En ambos casos las agresiones provinieron de corporaciones que la ley obliga a buscar personas desaparecidas y a proteger a quienes las buscan.
El viernes 14 de agosto, entre las 20:00 y las 20:30 horas, elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli acudieron al domicilio de Karla Lechuga. Según la denuncia pública del colectivo Lirios Buscadores Izcalli, los agentes pretendían realizar una revisión y tomar fotografías del inmueble pese a que ella no se encontraba en el lugar: llevaba dos días hospitalizada tras una jornada de búsqueda en el canal de Teoloyucan.
Vecinos impidieron el ingreso y registraron los datos de la patrulla: placas ME-093A6, unidad S8801. Los agentes no presentaron orden judicial ni justificación que acreditara el motivo de la revisión, señaló el colectivo, que calificó los hechos como de extrema gravedad “particularmente por tratarse del domicilio de una madre buscadora que desde hace meses exige la localización con vida de su hijo”.
Karla Lechuga busca a Jeshua Cisneros Lechuga, visto por última vez la noche del 13 de noviembre de 2025 cuando regresaba a su casa en Cuautitlán Izcalli. Tenía 18 años y estudiaba en la UNAM. En julio de este año, una denuncia anónima señaló que policías del propio municipio lo habrían golpeado y arrojado a un canal de aguas negras, una versión que orientó la investigación hacia una posible desaparición forzada. La corporación señalada en esa línea de investigación es la misma que se presentó a fotografiar su domicilio. Lechuga cuenta con medidas de protección vigentes.
Al día siguiente, el gobierno municipal difundió la tarjeta informativa DCS/TI/140826/053 en su portal y en su cuenta oficial de Facebook, acompañada de fotografías del domicilio con fecha y hora de la intervención policial. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana sostuvo que la presencia de los elementos no correspondía a un operativo de vigilancia o revisión, sino al cumplimiento de una medida de protección solicitada por una fiscalía especializada, y que las imágenes forman parte del registro de su actuación.
El comunicado no explica por qué se pretendía ingresar y fotografiar el interior sin que ella estuviera presente, ni por qué la autoridad hizo públicas imágenes que permiten ubicar el lugar donde vive una persona bajo protección.
Lirios Buscadores Izcalli calificó la publicación como doxxing institucional y sostuvo que vulnera el artículo 16 constitucional, que establece la inviolabilidad del domicilio, y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. “Exhibir dónde vive una mujer que denuncia es poner en riesgo su vida y la de su familia”, señaló.
El colectivo exigió el borrado inmediato de las imágenes en todos los canales oficiales, una disculpa pública a Karla Lechuga, investigación y sanción a los responsables, y garantías de no repetición. Responsabilizó políticamente al presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, de garantizar que las instituciones de su gobierno protejan y no expongan a quienes buscan justicia.
Cuatro días después, el 18 de agosto, la agresión ocurrió en la Ciudad de México. Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, denunció que Edith Gómez Díaz, agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina, la golpeó durante una jornada de búsqueda de campo en el paraje conocido como La Brecha, en la alcaldía Tláhuac.
De acuerdo con su testimonio público, el hecho se habría originado cuando ella se acercó de manera pacífica a ofrecer orientación ante la inexperiencia del personal en labores de rastreo. En lugar de una respuesta profesional, habría recibido burlas y después una agresión hostil, acompañada de la expresión de que “están acostumbradas a que nadie les dice ni les hace nada”. Aun cuando sus propios compañeros la tenían sometida, señala Palmeros, la servidora pública habría intentado desenfundar su arma de cargo contra una madre buscadora civil y desarmada.
El mando a cargo del operativo argumentó que desconocía el nombre de la agente por tratarse de personal de nuevo ingreso. Lirios Buscadores Izcalli rechazó ese argumento en un pronunciamiento público difundido este 19 de agosto: sostiene que no exime de responsabilidad institucional y que, por el contrario, evidencia falta de capacitación en derechos humanos y en protocolos de actuación con enfoque diferencial.
El colectivo exigió que el caso se investigue con imparcialidad y que no se minimice como un simple “cambio de área”, sino que se determine la destitución y la responsabilidad penal y administrativa que corresponda si se acredita la agresión.
Quien fue golpeada busca desde julio de 2020 a su hija Jael Montserrat Uribe Palmeros, desaparecida a los 21 años en la alcaldía Iztapalapa. Palmeros localizó parte de sus restos en noviembre de 2024 en el paraje Llano del Vidrio, en el Ajusco, y desde entonces continúa las búsquedas para recuperarlos en su totalidad y exigir justicia por su feminicidio. Los encontró ella, en una zona que la fiscalía no había rastreado.
En su pronunciamiento, Lirios Buscadores Izcalli formula el problema en una sola línea: las instituciones que tienen la obligación de acompañar y proteger no pueden convertirse en factor de riesgo. Es la constante de los dos casos. En Cuautitlán Izcalli, la corporación señalada en una línea de investigación sobre la desaparición de Jeshua Cisneros se presentó en el domicilio de su madre y el gobierno municipal difundió después imágenes que permiten ubicarlo. En Tláhuac, una agente de la fiscalía que no localizó los restos de Jael Montserrat Uribe golpeó a la mujer que sí los encontró.
Las dos agresiones se suman a un patrón documentado en los meses recientes. En junio, durante las actividades de arranque del Mundial 2026 en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, aficionados tomaron una lona con fichas de personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia y agredieron a las buscadoras que intentaron recuperarla, así como a un periodista que intervino.
A finales de ese mes, familias buscadoras denunciaron agresiones de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante una protesta sobre Calzada de Tlalpan, en el marco del partido entre México y Ecuador; circularon grabaciones de policías capitalinos jaloneando, empujando y encapsulando a buscadores a la altura de la estación Ermita. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, respondió que jamás daría una orden para reprimir y pidió una investigación para deslindar responsabilidades. Las familias sostuvieron que la actuación policial desalentó la participación de otras víctimas: la movilización siguiente registró la menor asistencia de colectivos desde que comenzaron las protestas.
En ambos casos las exigencias coinciden: esclarecimiento de los hechos, destitución de las personas implicadas, garantías de no repetición y medidas efectivas de protección para las familias buscadoras.
