Organizaciones y comunidades costeras interpusieron dos amparos para exigir al Estado mexicano acciones urgentes frente a cuatro megaproyectos de gas fósil en el Golfo de California. Señalan omisiones de ASEA, SEMARNAT y Presidencia, y recuerdan que la ONU ya cuestionó la viabilidad ambiental y climática de estas obras.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 10 de diciembre de 2025.- Ante la falta de respuesta del Gobierno de México sobre las irregularidades en la aprobación de megaproyectos de gas fósil en el Golfo de California, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (DAN) presentaron dos demandas de amparo indirecto contra la ASEA, la SEMARNAT y la Presidencia de la República. Las organizaciones acusan omisiones graves en la protección del derecho al medio ambiente sano y en el cumplimiento del derecho de petición.
Los amparos surgen tras cinco meses de silencio oficial a una solicitud formal presentada en julio de 2025 por organizaciones civiles, comunidades pesqueras, prestadoras de servicios turísticos, académicas y amas de casa, quienes pidieron medidas urgentes para prevenir los impactos de cuatro megaproyectos de Gas Fósil Licuado (GFL) en el Golfo de California y sus áreas terrestres asociadas.
Los proyectos cuestionados son el Gasoducto Sierra Madre, la Terminal GNL de Sonora (Saguaro Energía), el Gasoducto Corredor Norte y la Terminal Marítima Vista Pacífico LNG en Topolobampo, Sinaloa. Según las organizaciones, estos desarrollos podrían generar impactos acumulativos, sinérgicos y transfronterizos de gran escala en un ecosistema reconocido mundialmente por su riqueza biológica.
“El Estado mexicano está incumpliendo su deber de actuar con debida diligencia para prevenir daños ambientales graves. No basta con decir que los proyectos están en evaluación. Se requieren medidas integrales y una visión estratégica para proteger un ecosistema vital”, afirmó Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de ProDESC.
José Fernando Ochoa, director del DAN, sostuvo que las autoridades deben responder con base en evidencia científica y conforme a sus obligaciones internacionales. “La demanda busca que se cumpla el Acuerdo de Escazú, que reconoce el derecho de las comunidades a participar en decisiones que afecten el medio ambiente”, señaló.
Los amparos también denuncian violaciones al derecho de acceso a la información ambiental. Mientras la ASEA no proporcionó datos claros sobre las autorizaciones otorgadas, la SEMARNAT no informó sobre medidas preventivas ante el avance de estos megaproyectos.
Las organizaciones demandantes buscan sentar un precedente que obligue al Estado a garantizar transparencia, evaluación integral de impactos y coherencia con los compromisos climáticos de México. “Defender el Golfo de California es defender la vida, la cultura y la soberanía ambiental del país. No puede haber desarrollo sostenible si seguimos apostando por combustibles fósiles”, advirtió Ancheita.
Este proceso judicial ocurre en un contexto de creciente escrutinio internacional. El 3 de diciembre de 2025, nueve relatorías especiales de la ONU enviaron una comunicación oficial al Gobierno de México expresando preocupación por la instalación de terminales de gas fósil en Sonora y Sinaloa. Señalaron que estos proyectos “pondrían en grave riesgo los ecosistemas y comunidades del Golfo de California” y que podrían conducir al país a incumplir el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y su propia Constitución.
La ONU también advirtió que la quema de combustibles fósiles “constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima” y llamó a México a detener la expansión fósil, garantizar la participación de las comunidades y realizar evaluaciones ambientales completas y transparentes.
En paralelo, organizaciones civiles lanzaron una campaña pública para defender el Golfo de California mediante redes sociales y una petición en Change.org, que hasta la fecha suma más de 25 mil firmas. La solicitud puede consultarse aquí.
La exigencia es adoptar una Evaluación Ambiental Estratégica para toda la región, decretar una moratoria a nuevos proyectos fósiles y revocar las autorizaciones otorgadas sin garantías técnicas ni participación comunitaria. Las organizaciones reiteraron que cualquier avance sin estas condiciones comprometería la biodiversidad, la pesca, el turismo, la salud y los derechos humanos de miles de familias que dependen de este ecosistema único.
