En el marco de la 18° Sesión del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, celebrado en Naciones Unidas, Nueva York, bajo el tema “Conocimientos tradicionales: generación, transmisión y protección”; representantes indígenas, organizaciones no gubernamentales y abogados que trabajan en Bolivia, Guatemala y Brasil, abordaron el tema de extractivismo.
Al concluir el evento, el pasado viernes, señalaron, en entrevista a la agencia de noticias Efe, que la defensa de la naturaleza tiene en pie de guerra a comunidades indígenas de Latinoamérica, ante la cada vez más extensa actividad extractiva de recursos por parte de multinacionales, y que en muchas ocasiones tiene un elevado coste: la vida de los defensores.
Guatemala, Bolivia, Brasil y Ecuador, entre otros, se perfilan en la la lista de países donde las comunidades indígenas luchan por el respeto a sus territorios y sus derechos de consulta.
En el caso de Guatemala y Ecuador, los activistas han logrado, en los últimos años, dos sentencias que han parado proyectos.
En un fallo único, la Corte Superior de Justicia de Guatemala dictó, en junio de 2017, la suspensión del proyecto “por falta de consulta previa a las comunidades afectadas por los trabajos de la mina“, que produjo daños en las viviendas e infraestructuras de dos comunidades, según Quelvin Jiménez, abogado del Parlamento del pueblo Xinka.
Al igual que en Guatemala, el pasado 26 de abril del presente año, en Ecuador, un tribunal de la provincia de Pastaza falló a favor de la comunidad indígena waorani, que exigía la paralización de la licitación de un proyecto petrolero en su territorio.
Ver: Histórica victoria legal de comunidades waorani contra extracción petrolera
La razón, no se realizó de forma lícita la consulta previa, que exige la ley ecuatoriana y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En México, pueblos originarios han denunciado que las consultas no se implementan acorde a lo establecido en el convenio 169 de la OIT. El caso más emblemático fue el Proyecto Integral de Morelos. La oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, al megaproyecto de una termoeléctrica en Huexca; alcanzó su punto mas crítico con el asesinato del activista Samir Flores, el pasado 20 de febrero.
Con información, Prensa Comunitaria
