La organización acusa a los tres niveles de gobierno de aliarse con grupos de poder para perseguir judicialmente, desplazar y reprimir con violencia a comunidades indígenas y activistas que defienden el agua y el territorio en al menos seis estados del país. Exigen libertad inmediata para decenas de detenidos y convocan a acciones de solidaridad.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 2 de septiembre 2025.- La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida emitió un comunicado este lunes en el que denunció una estrategia coordinada de criminalización de defensores ambientales y comunidades indígenas en diversas regiones de México, acusando al Estado de actuar en alianza con caciques y poderes económicos para facilitar el despojo de recursos naturales.
En el documento, la Asamblea afirmó que “la justicia y las libertades solo podemos arrancarlas y sembrarlas desde abajo” y aseguró que jamás vendrán “de los asesinos y criminales que dicen gobernar este país, no vendrá de arriba donde se maquila el exterminio, la muerte, la destrucción de la humanidad y el planeta”.
El comunicado detalla casos específicos de persecución en seis estados:
Oaxaca: Señala más de una década de criminalización y desplazamiento forzado en la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón por la defensa del río Xangá Ndá Ge y el ejercicio de su autonomía. Aunque celebra la reciente liberación de algunos compañeros, alerta sobre la reactivación de 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas, con una audiencia crucial prevista para el 2 de septiembre en Boca del Río, Veracruz.
Puebla: Denuncia el uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta social en comunidades como Acuexcomac, Nealtican y Xoxtla, que defienden su agua ante la sequía y el despojo. Destaca el caso de los defensores Renato Romero y Pascual Bermúdez, a quienes se les fabricó el delito de “ataques a las vías generales de comunicación”. Su audiencia está programada para este 1 de septiembre.
Chiapas: Exige la liberación inmediata de los “cinco de San Juan Cancúc”, Agustín Pérez Velasco y sus cuatro compañeros tseltales, presos desde hace más de tres años por oponerse a megaproyectos. La Asamblea reclama al Estado mexicano cumplir con la Opinión 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que reconoce su detención como arbitraria y exige su liberación. Una rueda de prensa sobre el caso se realizará el 3 de septiembre.
Tlaxcala: Pide la libertad de Saúl Rosales, defensor comunitario del bosque de La Malinche, sentenciado a 20 años de prisión por crímenes que, según la Asamblea, no cometió. Su criminalización se atribuye a una estrategia para desarticular la defensa del territorio frente a proyectos como el Ecoparque Malinche.
Ciudad de México: Denuncia un operativo de represión –al que denominan “halconazo”– ejecutado el 5 de septiembre de 2024 en Xochimilco por grupos policiales y paramilitares, resultando en más de 20 detenidos de la comunidad otomí y de la misma Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, muchos de ellos con procesos judiciales abiertos.
Querétaro: Relata la detención arbitraria y tortura de la defensora ñhöñhö Estela Hernández Jiménez el 4 de junio de 2025, mientras documentaba redadas en Santiago Mexquititlán. El comunicado alerta sobre el uso de lenguaje de odio y la intimidación por parte de las autoridades estatales.
Frente a este panorama, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exigió la libertad inmediata de todos los defensores mencionados, el cese de la criminalización y medidas de no repetición. Además, convocó a la solidaridad nacional e internacional a través de acompañamiento en audiencias, difusión de los casos, pronunciamientos y presencia en la Sexta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre en Loma de Bácum, Sonora.
