El reciente aumento del impuesto en México, de 1.64 a 3.08 pesos por litro, ha sido criticado por organizaciones civiles que lo consideran moderado frente a estándares internacionales y al riesgo de refórmulas con edulcorantes.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 17 de octubre de 2025.- La Cámara de Diputados aprobó un incremento histórico del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, que pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro a partir de 2026. Aunque el gobierno federal presentó la medida como parte de su estrategia de salud pública, organizaciones civiles advirtieron que el aumento sigue siendo insuficiente para frenar el consumo de azúcar en México, uno de los países con mayores índices de obesidad y diabetes en el mundo.
La reforma al IEPS aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados forma parte del Paquete Económico 2026, con el objetivo de reducir el consumo de productos ultraprocesados y generar mayores ingresos para el sector salud. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la medida permitirá recaudar más de 41 mil millones de pesos anuales, recursos que serán destinados a programas de prevención y atención médica.
Sin embargo, colectivos como El Poder del Consumidor, Fundar y la Alianza por la Salud Alimentaria consideran que el aumento del 87 % resulta insuficiente. Según sus estimaciones, el impuesto debería elevarse a 7 pesos por litro, equivalente al 20 % del precio final del producto, para lograr una reducción significativa en el consumo.
“El incremento aprobado es un paso, pero aún tímido frente a la magnitud del problema de salud pública que enfrentamos”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.
La industria refresquera calificó la medida como un “golpe al bolsillo de las familias mexicanas”. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) advirtió que los precios podrían aumentar hasta 15 % en 2026, afectando a las pequeñas tiendas que dependen de estas ventas.
Por su parte, la Secretaría de Salud defendió la política como un paso necesario para reducir la prevalencia de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Según datos oficiales, el 75 % de los adultos y el 38 % de los niños en México viven con sobrepeso u obesidad.
A nivel social, una encuesta del Economista revela que el 60% de los consumidores se opone al aumento del impuesto, argumentando que impactará principalmente a los sectores de menores ingresos.
Desde su implementación en 2014, el impuesto a las bebidas azucaradas ha demostrado efectos positivos. Estudios del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Salud Pública documentaron una reducción de 9.7 % en el consumo durante los dos primeros años de aplicación. Experiencias similares en países como Sudáfrica, Chile y Reino Unido han mostrado reducciones del 20 % al 50 %.
Especialistas coinciden en que los llamados “impuestos saludables” son efectivos siempre que los ingresos se destinen directamente a políticas de prevención, acceso a agua potable y campañas de educación alimentaria.
Diversas organizaciones han exigido al Congreso que el dinero recaudado tenga un uso etiquetado para el fortalecimiento del sistema de salud. En años anteriores, parte de los ingresos del IEPS no se destinaron a los programas prometidos, lo que ha generado desconfianza ciudadana.
Además, alertaron sobre el riesgo de que las empresas reformulen sus productos utilizando edulcorantes artificiales, sin que existan mecanismos de control claros sobre sus efectos en la salud.
