En el marco de los 16 días de activismo, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer EM A.C. denunció el incremento de violencias institucionales que enfrentan las trabajadoras sexuales en México, incluidas la negación al derecho a la salud, la precarización económica y la falta de justicia, que continúan cobrando vidas.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 10 de diciembre de 2025.— En el Día de los Derechos Humanos, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer EM A.C. alertó que la violencia institucional, económica y la negación del derecho a la salud están dejando sin vida a trabajadoras sexuales en México. “La violencia institucional también mata”, advirtió la organización al presentar los casos recientes de mujeres que fallecieron por enfermedades curables, falta de atención médica o abandono de las instituciones encargadas de garantizar derechos básicos.
La organización señaló que, a cinco años de la pandemia, los ingresos de las trabajadoras sexuales han disminuido hasta un 50%, mientras el costo promedio de la canasta básica familiar semanal alcanza los 910 pesos. Esta precariedad, combinada con exclusión laboral y discriminación institucional, ha derivado en un contexto letal.
Brigada Callejera recuperó recientemente los cuerpos de Rocío Valdivia, María Ramírez y Karla, tres mujeres fallecidas en circunstancias que la organización define como “violencia del olvido”. Rocío murió en octubre por una enfermedad curable. No recibió atención oportuna y falleció sin patrimonio, sin ahorros y sin seguimiento médico. María murió un mes después, víctima de pobreza estructural y negligencia institucional.
El caso de Karla expone de forma extrema la desatención: fue atropellada en la vía pública y ninguna ambulancia la trasladó a un hospital. Su cuerpo permaneció sin ser reclamado hasta que la Brigada exigió al Ministerio Público reconocerla como parte de su “familia social”. “Estos casos ejemplifican la violencia del olvido”, subrayó la organización.
Brigada Callejera enfatizó que 73% de las violencias ejercidas contra trabajadoras sexuales provienen de servidores públicos, en un entramado de corrupción, extorsiones, detenciones arbitrarias y controles sanitarios coercitivos. “Es un ‘Segundo Estado’ que opera con impunidad”, denuncian.
La violencia institucional, explicó la organización, se manifiesta en negativas de atención médica, exigencias indebidas, falta de reconocimiento del trabajo sexual como actividad no asalariada —pese al amparo 112/2013— y omisiones en casos de agresiones, desapariciones o transfeminicidios. Tan solo en 2024, la Ciudad de México registró ocho transfeminicidios, la cifra más alta del país.
“Reconociendo las múltiples violencias que viven hoy las mujeres que se dedican al trabajo sexual, no hay que imaginar que prohibir el trabajo sexual va a terminar con ellas. Al contrario, las prohibiciones agudizan las violencias”, afirmó la Dra. Marta Lamas, cuya postura acompaña las exigencias de Brigada Callejera.
La organización reiteró que la penalización directa o disimulada del trabajo sexual facilita desalojos, detenciones arbitrarias y vigilancia institucional sobre los cuerpos de las mujeres. Por ello, exige la garantía inmediata del derecho a la salud sin discriminación, el fin de la violencia institucional, el respeto pleno al amparo 112/2013 y la reclasificación de crímenes contra trabajadoras sexuales, incluidos transfeminicidios.
En el marco de los 16 días de activismo, Brigada Callejera reiteró su llamado: “Respeto total al trabajo sexual”.
