La aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley de la Guardia Nacional avanza hacia el Senado, pero organizaciones de derechos humanos alertan sobre los riesgos de espionaje y la militarización de la seguridad pública.
Por Por Mario Marlo / @Mariomarlo
CDMX, 25 de junio 2025.- La Cámara de Diputados aprobó, con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, el dictamen que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional. Este dictamen, que también fue aprobado en lo particular con cambios por 351 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, modifica diversas disposiciones legales relacionadas con la seguridad pública y el papel de las fuerzas armadas en el país.
El dictamen establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública bajo el control directo de la SEDENA, lo que ha sido interpretado por muchos como un paso más hacia la militarización de las funciones de seguridad interna. Aunque el gobierno ha defendido la medida como una solución ante la creciente violencia en el país, las críticas surgen por la falta de mecanismos suficientes de control y supervisión, particularmente en las actividades de inteligencia y vigilancia.
Una de las principales preocupaciones radica en la ampliación de las atribuciones de la Guardia Nacional en materia de espionaje. Organizaciones como Artículo 19 han señalado que la reforma permitiría la intervención de comunicaciones y la recopilación de datos sin un control judicial efectivo. Según estas entidades, esta capacidad de la Guardia Nacional para procesar información relacionada con “seguridad nacional” abre la puerta a abusos, como la vigilancia ilegal de periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos, sin ninguna garantía de protección a la privacidad.
Otro aspecto criticado es la falta de claridad sobre los controles judiciales en la intervención de comunicaciones. Aunque la ley establece que debe haber autorización judicial para estas acciones, la redacción de ciertos artículos ha generado confusión, lo que aumenta las preocupaciones sobre el uso indebido de las facultades de inteligencia. Las organizaciones señalan que esta legislación no solo refuerza la presencia del Ejército en las calles, sino que también amenaza la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los mexicanos.
Además, se ha cuestionado la centralización del control de la seguridad pública en la SEDENA, que, además de tomar decisiones operativas, también liderará la capacitación y organización de la Guardia Nacional. La tendencia hacia una mayor militarización, señalan los críticos, no solo debilita las instituciones civiles encargadas de la seguridad, sino que pone en riesgo la imparcialidad en la aplicación de la ley, pues la estructura de la Guardia Nacional queda bajo el mando exclusivo del Ejecutivo Federal.
El dictamen también modifica diversas leyes relacionadas con la seguridad y la justicia militar. En particular, se ha criticado que la inclusión de la Guardia Nacional en el Código de Justicia Militar pueda resultar en una falta de rendición de cuentas, dado que los militares involucrados en esta nueva estructura serían juzgados bajo el sistema de justicia militar, un procedimiento que algunos consideran menos transparente y más permisivo ante posibles abusos.
En medio de estas críticas, algunos diputados intentaron suavizar los efectos de la reforma. Por ejemplo, se propuso la eliminación de fracciones ambiguas que podrían haber permitido duplicidades en la interpretación de la ley. Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 han advertido que, a pesar de las modificaciones, la ley sigue siendo peligrosa para los derechos humanos, especialmente en un contexto en el que ya se documentan abusos relacionados con el uso excesivo de poder por parte de las fuerzas armadas.
La reforma a la Ley de la Guardia Nacional también incluye disposiciones para la protección de recursos naturales y la lucha contra delitos ambientales. Sin embargo, muchos cuestionan si una institución militarizada es la adecuada para llevar a cabo estas tareas, pues carece de la formación necesaria en protección ambiental y trabajo comunitario. Esto abre la puerta a un mayor control de áreas clave del país por parte de las fuerzas armadas, sin la participación activa de autoridades civiles.
Las organizaciones de derechos humanos exigen una revisión profunda de la ley para garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos. “La nueva Ley de la Guardia Nacional podría sentar un peligroso precedente en cuanto a la concentración de poder en manos del Ejército, y sobre todo, en la erosión de las libertades civiles bajo el pretexto de la seguridad nacional.”
