A 16 años de la sentencia internacional por la desaparición de Rosendo Radilla, organizaciones y familiares advirtieron que el país enfrenta un momento decisivo: la Suprema Corte deberá definir si reconoce como terrorismo de Estado los crímenes de la Guerra Sucia y si garantiza justicia para miles de víctimas.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 26 de noviembre de 2025.- A 16 años de la sentencia de la Corte Interamericana por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, organizaciones, familiares de víctimas y especialistas se reunieron en el Memorial del 68 para evaluar los avances y pendientes que dejó este fallo histórico para la justicia en México. El encuentro reveló que, pese al tiempo transcurrido, la verdad, la justicia y la apertura de archivos militares siguen siendo deudas centrales del Estado mexicano.
Rosendo Radilla, campesino y expresidente municipal de Atoyac de Álvarez, fue detenido y desaparecido por el Ejército en 1974. Su caso permitió documentar un patrón de violencia sistemática durante la llamada Guerra Sucia.
“Mi papá no fue un caso aislado. Su desaparición fue parte de una política del Estado que afectó a miles”, afirmó Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo y una de las principales impulsoras del litigio. “A 51 años, no hay una sola persona sancionada. La impunidad continúa”, dijo.
El coordinador de derechos humanos de Fundar, Humberto Guerrero, recordó que el fallo de 2009 transformó el sistema jurídico nacional. “La sentencia obligó a México a reconocer el control de convencionalidad, modificar la Constitución y replantear el papel del Poder Judicial. Pero poco se ha hablado del impacto real en las víctimas”, señaló.
Guerrero advirtió que la deuda con las familias persiste. “Las investigaciones siguen sin incorporar el análisis de contexto y los patrones de violencia estatal, tal como ordenó la Corte Interamericana.”
Durante su intervención, el sacerdote jesuita David Fernández, exintegrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, sostuvo que la desaparición de Radilla formó parte de una maquinaria represiva del Estado mexicano.
“La violencia fue sistemática y generalizada. La documentamos en siete volúmenes y más de tres mil páginas. La impunidad que se garantizó entonces sigue operando hoy”, afirmó. Y advirtió: “Las instituciones se han resistido históricamente a abrir archivos y a señalar responsables. El pacto de silencio continúa”.
La historiadora Alicia de los Ríos Merino, hija de la militante desaparecida Alicia de los Ríos, habló del papel de las víctimas como motor de verdad.
“Yo conocí a Tita hace más de veinte años. Desde entonces supe que nuestras búsquedas se hacían juntas”, relató. Recordó que la sentencia del caso Radilla permitió que los expedientes de la Guerra Sucia fueran finalmente nombrados como desaparición forzada.
“La memoria no puede construirse sin justicia. No aceptemos lugares de memoria si no hay verdad ni responsables”, subrayó.
El investigador guatemalteco Paulo Estrada, cuyo padre y tío también fueron desaparecidos, compartió la experiencia de su país en la judicialización de crímenes de lesa humanidad.
“La verdad depende de las víctimas. Los perpetradores no hablarán. Pero los archivos, los patrones y los sobrevivientes permiten reconstruir lo ocurrido”, explicó. Enfatizó que México puede aprender del caso guatemalteco, donde varios exmilitares han sido procesados por genocidio y desaparición forzada.
La investigadora de Fundar, Natalia Pérez, expuso el alcance de la sentencia 565/2018, emitida en 2024 por la jueza Karla Macías, quien calificó la violencia de los años setenta como terrorismo de Estado.
“Por primera vez un tribunal mexicano reconoció que el Estado utilizó medios violentos para infundir terror. La jueza ordenó acumular investigaciones, abrir archivos, crear un plan integral de búsqueda y avanzar en la identificación de responsabilidades”, explicó.
Sin embargo, varias instituciones impugnaron el fallo, incluida la Fiscalía General de la República. Ahora el caso se encuentra nuevamente bajo análisis de la Suprema Corte.
“La Corte tiene la oportunidad de consolidar lo que inició la Corte Interamericana hace 16 años. Si la sentencia se confirma, podría destrabar investigaciones de cientos de casos”, sostuvo.
Tita Radilla cerró el encuentro con el mensaje: “Llevamos medio siglo buscando. Queremos verdad, justicia y la dignificación de nuestros desaparecidos. Lo queremos todo”.
Exigió a la Suprema Corte que actúe “a la altura de la historia” y que reconozca plenamente el carácter de crimen de lesa humanidad en estos hechos.
Los especialistas coincidieron en que la resolución de la SCJN será un indicador clave para medir si México está dispuesto a enfrentar su propia historia.
