De acuerdo a con el Adendum al Segundo Informe de la Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) se rebeló que el ejército mexicano contaba con información en tiempo real sobre el posible paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por las declaraciones presidenciales que afectan a las familias y expertos del caso Ayotzinapa, mientras reafirman su compromiso con la búsqueda de justicia y verdad.
Familias de los 43 estudiantes desaparecidos rechazan narrativa oficial, exigen la revelación de documentos militares y señalan responsabilidad de altos funcionarios en conferencia de prensa.
En un mitin en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, las familias de los 43 de Ayotzinapa exigen respuestas sobre la desaparición de sus hijos.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
