Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, marcharon en la 113 Acción Global por Ayotzinapa y México, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, y llevaron a cabo un plantón frente a Palacio Nacional.
En un llamado a la unión y resistencia, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa denuncian complicidad entre el gobierno y élites económicas, al tiempo que preparan una serie de movilizaciones a nivel nacional.
En una convocatoria que reúne esperanza y resistencia, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa se pronunciaron contra la división gubernamental y llamaron a la unificación de luchas sociales.
En medio de acusaciones de estrategias divisivas por parte del gobierno, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa exigen respuestas claras y la entrega de documentos cruciales para esclarecer el caso.
Este domingo 26 de noviembre madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon por la 110 Acción Global por Ayotzinapa y México, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y colectivos solidarios se sumaron a alzar la voz para exigir verdad y justicia a más de 9 años de la desaparición forzada de los 43.
En una conmovedora audiencia ante la CIDH, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron la falta de avances, la ausencia de autoridades clave y el desmantelamiento de mecanismos, exigiendo respuestas concretas y el fin de 9 años de incertidumbre. "Una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora", señaló la comisionada Julissa Mantilla. La lucha por la verdad continúa.
Por falta de oportunidades, alrededor de 250 jornaleros indígenas emigraron a los campos agrícolas del norte, donde trabajarán por salarios de hasta 192 pesos diarios.
Han pasado 9 años sin dar con el paradero de los 43 estudiantes. Las madres y los padres no sólo viven el tormento por la ausencia de sus hijos, sino que padecen la mentira de los gobiernos. No cuenta la verdad de las familias, sólo la narrativa de los gobiernos.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
