En su comparecencia ante el Comité CEDAW, este 17 y 18 de junio, organizaciones civiles exigen al Estado mexicano atender las recomendaciones del informe sombra, que denuncia violaciones a derechos de salud sexual, trabajo digno y libre tránsito de mujeres migrantes.
A cinco años de que entre 80 y 100 jóvenes fueran víctimas de desaparición forzada es muy poco lo que se sabe de aquel 5 de junio de 2020, fecha en que elementos de la Fiscalía de Jalisco y diversas policías municipales desaparecieron por varias horas a quienes decidieron ejercer su derecho a la protesta para exigir la liberación de 28 compañeros detenidos un día antes (4 de junio) en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, lugar al que acudieron para exigir justicia por la ejecución extrajudicial de Giovanni López, ocurrida el 4 de mayo de ese año.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) respalda a la comunidad afromexicana de El Ticuiz en su lucha por la autodeterminación y el autogobierno, tras la negativa del Instituto Electoral de Michoacán a garantizar una consulta vinculatoria.
El Frayba y Taula per Mèxic expusieron ante el eurodiputado César Luena la crítica situación de las comunidades indígenas y defensores del territorio en México, buscando mayor cooperación internacional para garantizar justicia.
Madres, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y diversas organizaciones marchan del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, exigiendo verdad y justicia.
En el marco de la visita de la Embajada de los Países Bajos, 33 organizaciones civiles presentaron un informe que documenta asesinatos, desplazamientos forzados y violaciones sistemáticas de derechos humanos en comunidades indígenas de Oaxaca.
Colectivos sociales acusaron al gobierno de Oaxaca de realizar una "limpieza social" bajo el pretexto de seguridad. Más de 400 personas, en su mayoría migrantes, fueron detenidas y luego abandonadas en carreteras. Exigen transparencia y políticas públicas integrales.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, representante de 70 comunidades P’urhépechas, acusó a la Secretaría del Bienestar Federal de marginar a pueblos originarios en la distribución del FAISPIAM 2025, reducir presupuestos arbitrariamente y violar su autonomía.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó que el cambio climático amenaza los derechos fundamentales de millones de personas e instó a los Estados a acelerar una transición justa hacia energías renovables, bajo un enfoque de equidad y justicia global.
