Daniel Atala, vinculado a una de las familias más poderosas de Honduras, enfrenta orden de captura como presunto autor intelectual en el asesinato de la activista Berta Cáceres.
Me fui meditativo, sin saber que pensar. Solo espero que Federica se encuentre mejor, que ya le hayan comprado gasas, alcohol para curarla y algo de comer, ya que parecía dolerle más el hambre que la herida.
El Movimiento por Nuestros desaparecidos en México lanzó un comunicado que se apoya de recomendaciones realizadas por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED)...
Semarnat reconoció la responsabilidad que tuvo la empresa minera Buenavista del Cobre de Grupo México en la contaminación del Rio Sonora, mostrando un Dictamen de Diagnostico Ambiental con resultados alarmantes, según el informe presentado por Comités de Cuenca Río Sonora.
Un incidente en la zona de Angelópolis desencadenó una violenta agresión por parte de estudiantes de reconocidas instituciones educativas en Puebla, incluyendo la Universidad Anáhuac y el Tecnológico de Monterrey.
A casi ocho años de estar presa injustamente, organizaciones y familiares solicitaron a la PGJ de Tlaxcala una revisión detallada del caso de Keren Ordoñez para su pronta liberación.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
