La Montaña de Guerrero enfrenta feminicidios, desapariciones y matrimonios forzados, mientras persisten la impunidad, el racismo y la discriminación institucional. El Comité CEDAW exige medidas urgentes de protección y reparación.
Por Edson Ulises / @Somoselmedio
Tlapa, Guerrero, 9 de julio de 2025.– La violencia contra mujeres y niñas indígenas en la Montaña de Guerrero continúa siendo alarmante y estructural, según advirtió el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Durante su décima revisión periódica al Estado mexicano, realizada el pasado 17 y 18 de junio en Ginebra, Suiza, el Comité señaló que las respuestas del gobierno mexicano frente a la violencia de género, los feminicidios y las desapariciones son ineficaces e insuficientes, mientras persisten estereotipos patriarcales profundamente arraigados que alimentan la desigualdad entre mujeres y hombres.
En Guerrero, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentaron que entre 2005 y 2025 ocurrieron más de 135 feminicidios, siete de ellos contra niñas. Las comunidades indígenas son las más afectadas: 33 por ciento de las víctimas pertenecen al pueblo ñu’u savi, 32 por ciento son me’phaa, 19 por ciento nahuas y 3 por ciento afromexicanas. Además, entre 2018 y 2023 desaparecieron 12 mujeres, cuatro de ellas niñas. La respuesta del Estado ha sido nula, dejando a las mujeres buscadoras solas, enfrentando el peligro del crimen organizado mientras realizan tareas que corresponden a las autoridades.
La situación es aún más grave debido a que muchas muertes violentas de mujeres no son tipificadas como feminicidios. Las investigaciones carecen de perspectiva de género y las autoridades omiten considerar los contextos de violencia que enfrentan las víctimas. Además, en los ministerios públicos las mujeres indígenas son revictimizadas y discriminadas por no hablar español, situación que las coloca en completa indefensión.
Las mujeres de las comunidades indígenas también enfrentan múltiples formas de exclusión en sus propios pueblos. No tienen derecho a heredar tierras ni a participar en las asambleas comunitarias, donde sus opiniones son ignoradas o limitadas. Las pocas que logran participar son constantemente silenciadas. A esto se suma que muchas mujeres jornaleras indígenas, ante la falta de opciones, son forzadas a migrar como trabajadoras agrícolas en condiciones precarias, cortando chile, jitomate, uvas y otras hortalizas, lejos de sus hogares y sus familias.
En materia legal y de custodia de menores, las mujeres indígenas sufren sentencias injustas. En la mayoría de los casos, los jueces fallan a favor de los hombres, criminalizando a las mujeres por querer proteger a sus hijas e hijos. Incluso han terminado en prisión por luchar por la guarda y custodia de sus menores. Las agresiones por parte de familiares, como suegros, quedan impunes, y ni las autoridades comunitarias ni las estatales brindan protección.
Las condiciones de vida en la Montaña son alarmantes: la violencia, el hambre y la pobreza empujan a niñas y niños a abandonar sus hogares para trabajar en los campos agrícolas. La falta de maestros, escuelas y programas sociales eficaces profundiza el abandono del Estado. La ausencia de servicios básicos y la marginación económica mantienen a las mujeres indígenas en condiciones extremas de vulnerabilidad.
Ante esta crisis, el Comité CEDAW emitió recomendaciones dirigidas específicamente a contextos como la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. En sus conclusiones, pidió al Estado mexicano a combatir de manera efectiva los estereotipos de género que perpetúan la violencia y la discriminación contra las mujeres. También llamó a prevenir y sancionar de manera ejemplar los feminicidios, desapariciones, trata de mujeres y la violencia sexual, además de garantizar medidas de reparación para las víctimas.
El Comité subrayó la importancia de garantizar el acceso a la educación para niñas y adolescentes, implementando planes que prevengan el abandono escolar debido a violencia o matrimonios forzados. Asimismo, señaló la urgencia de que las mujeres cuenten con seguridad social, acceso a servicios de salud y redes de apoyo que les permitan reducir la carga de trabajo doméstico y de cuidados.
En cuanto a los derechos de las mujeres rurales, el Comité destacó la necesidad de eliminar la discriminación que persiste en el acceso a la propiedad de la tierra y la participación en las asambleas ejidales, donde todavía se les excluye. También pidió mejorar las condiciones económicas de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como garantizar servicios médicos adecuados y proteger a las niñas y adolescentes frente a los matrimonios forzados, una práctica que sigue ocurriendo en comunidades de la región.
Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales, estatales y federales para que cumplan sin demora las recomendaciones de la CEDAW. Exigieron que se apliquen correctamente los protocolos de emergencia, como la Alerta Amber y la Alerta Alba, y que se asignen presupuestos suficientes para refugios, centros de justicia y servicios de atención a víctimas, que aún hoy son inaccesibles para mujeres indígenas, personas con discapacidad y habitantes de comunidades alejadas.
También demandaron el reconocimiento formal de las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y la creación de condiciones de seguridad para que puedan realizar sus labores sin poner en riesgo su vida. Recordaron que, pese a los discursos oficiales sobre los “tiempos de mujeres”, la realidad para las indígenas de la Montaña sigue marcada por la invisibilidad, el abandono y la impunidad.
