A pesar de la indignación internacional, el caso de Marco Antonio Suástegui, líder defensor ambiental asesinado en Acapulco, sigue sin avances significativos. La Fiscalía de Guerrero no ha logrado esclarecer los hechos ni dar respuestas a la exigencia de justicia de su familia y organizaciones sociales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Guerrero, a 25 de junio de 2025.- A dos meses del artero asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), el caso sigue en la total impunidad. La Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha presentado avances significativos en la investigación, limitándose a realizar las diligencias iniciales que por ley están obligadas a hacer, pero sin hacer nada más para esclarecer los hechos.
El crimen ocurrió a plena luz del día, ante decenas de testigos en un lugar público con afluencia de turistas y prestadores de servicios, con grandes hoteles cercanos al lugar del ataque. A pesar de la evidente disponibilidad de pruebas, como los testimonios de los compañeros de trabajo de Marco Antonio y las posibles grabaciones de cámaras de seguridad de los hoteles, las autoridades han omitido estos recursos clave para avanzar en el caso. La Fiscalía no ha realizado las entrevistas correspondientes ni ha citado a los testigos cruciales. Esta omisión refleja la negligencia de las autoridades, que parecen no tener ningún interés en resolver el asesinato de un defensor del medio ambiente.
Según el comunicado emitido por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), las autoridades estatales continúan demostrando su desprecio por la vida de los defensores del medio ambiente y las luchas sociales.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, condenaron el asesinato, pero hasta ahora no se ha hecho justicia. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México y diversas Relatorías temáticas expresaron su preocupación por la gravedad del caso, poniendo de manifiesto la indiferencia de las autoridades guerrerenses.
Según el comunicado, el gobierno del estado de Guerrero, lejos de actuar, ha dejado claro que no tiene la intención de buscar justicia para Marco Antonio. “En lugar de asumir su responsabilidad, la Fiscalía ha invertido la carga de la investigación, sugiriendo que sean los familiares quienes identifiquen a los sospechosos, exponiéndolos al riesgo de nuevos ataques.” No se han implementado medidas de protección adecuadas, ni se ha creado un entorno seguro para que las víctimas y testigos puedan colaborar con las autoridades sin temor a represalias.
El 18 de abril de 2025, Marco Antonio Suástegui Muñoz fue atacado a balazos mientras salía de la playa Icacos en Acapulco, Guerrero. Tras permanecer ocho días en un hospital privado luchando por su vida, Suástegui falleció el 25 de abril.
Este asesinato se enmarca en un patrón sistemático de represión y hostigamiento contra los defensores de la tierra y los derechos humanos en México. Las organizaciones sociales han denunciado que la violencia contra quienes defienden el medio ambiente ha aumentado, con la complicidad o pasividad de las autoridades locales y federales, especialmente en regiones controladas por grupos criminales.
