Un año después del asesinato del fundador del CECOP, la Fiscalía de Guerrero libera a un sospechoso y niega la detención. Las comunidades exigen justicia.
Compañero Victor:
La negligencia, el abandono
y las precariedades del ISSSTE de Guerrero,
te condenaron a morir.
Como periodista te entregaste
con pasión y arrojo
para darle voz a los...
A pesar de la indignación internacional, el caso de Marco Antonio Suástegui, líder defensor ambiental asesinado en Acapulco, sigue sin avances significativos. La Fiscalía de Guerrero no ha logrado esclarecer los hechos ni dar respuestas a la exigencia de justicia de su familia y organizaciones sociales.
El ataque armado contra el líder del CECOP en Acapulco es el capítulo más reciente de una larga historia de represión, amenazas e impunidad. Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen una investigación imparcial y garantías reales para su protección.
Marco Antonio Suástegui, fundador del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, fue baleado este viernes en la playa Icacos de Acapulco. El ataque ocurrió frente a turistas y evidencia el clima de violencia que persiste en Guerrero.
“Vicente, te abrazamos. Vicente, te estamos buscando. Vicente, aguanta. Vicente, siempre vivo”, dijo Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP). Con el rostro marcado por el dolor y la incertidumbre exigió a las autoridades la presentación con vida de su hermano Vicente Suástegui.
«Me voy nuevamente con las manos vacías porque no encontramos a mi hermano Vicente Suástegui», comenta Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota, después de las búsquedas en las comunidades afros del puerto de Acapulco.
Salsipuedes, Guerrero, 17 de noviembre 2018.- El pasado lunes 13 de noviembre, personas desconocidas quemaron cuatro motos acuáticas propiedad de Marco Antonio Suástegui Muñoz...
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
