El ataque armado contra el líder del CECOP en Acapulco es el capítulo más reciente de una larga historia de represión, amenazas e impunidad. Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen una investigación imparcial y garantías reales para su protección.
Por Redacción / @Somoselmedio
Tlapa, Guerrero, 19 de abril de 2025. — El atentado contra Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), ocurrido la noche del 18 de abril en la playa Icacos de Acapulco, no es un hecho aislado ni una expresión más de la violencia que azota a Guerrero. Es, como lo denuncian múltiples organizaciones sociales, la continuidad de una estrategia de represión y hostigamiento sistemático contra quienes defienden la tierra, el agua y la vida en México.
El líder campesino fue atacado por un hombre armado que le disparó en varias ocasiones, dejándolo gravemente herido. Su familia lo trasladó de inmediato a un hospital privado, donde permanece en estado delicado. El hecho ocurrió en el contexto de una creciente ola de violencia en Acapulco, donde las organizaciones criminales se han afianzado ante la pasividad —y en ocasiones la complicidad— de las autoridades estatales y federales.
Sin embargo, quienes conocen la trayectoria de Suástegui señalan que este ataque no puede entenderse como un hecho más en la estadística delictiva. Desde que asumió la defensa del territorio comunal de Cacahuatepec frente al proyecto hidroeléctrico La Parota, ha sido blanco constante de criminalización, amenazas y detenciones arbitrarias. Acusaciones sin sustento, encarcelamientos prolongados, desaparición de su hermano Vicente Iván en 2021 y una protección oficial más simbólica que efectiva son parte del historial de omisiones y violencia institucional que lo rodea.
El comunicado firmado por organizaciones como Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre muchas otras, denuncia que las medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han sido insuficientes y, en la práctica, ineficaces.
“Hombres armados llegaban a la playa buscándolo o le pedían que se fuera de ahí”, se lee en el comunicado. A pesar de las denuncias constantes, el Estado mexicano no implementó mecanismos eficaces para salvaguardar su integridad, ni la de su familia, a pesar de tener pleno conocimiento del riesgo que enfrentaba.
Para las organizaciones firmantes, este nuevo atentado forma parte de un patrón de violencia que afecta de manera desproporcionada a líderes y lideresas comunitarias que se oponen a megaproyectos, defienden derechos colectivos o denuncian la colusión entre el crimen organizado y las autoridades locales.
Asimismo, subrayan que el grupo delictivo que presuntamente desapareció a su hermano Vicente es el mismo que lo agredió ahora. Aunque existen mapas oficiales que identifican plenamente las zonas de operación de estas células criminales, no se ha actuado para desmantelarlas ni se ha detenido a los responsables, a pesar de que hay señalamientos y testigos.
Las organizaciones exigen atención médica de calidad, una investigación pronta e imparcial, sanciones ejemplares a los responsables y medidas reales de protección para Suástegui y su familia. “No es un caso más de violencia: es un mensaje a quienes se atreven a defender el territorio. Es urgente que el Estado actúe antes de que sea demasiado tarde”, alertan.
