A casi tres años de un desalojo en La Merced, cerca de 50 familias siguen en campamentos callejeros por anomalías legales y presiones inmobiliarias.
A casi tres años de haber sido desalojadas de sus viviendas en el Centro Histórico, las familias del predio General Anaya 27, ubicado en el corazón de La Merced, mantienen la exigencia de recuperar su inmueble. Durante una conferencia de prensa celebrada el pasado lunes 14 de septiembre en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), vecinas afectadas, su representación legal y diversos colectivos expusieron la crisis humanitaria que atraviesan en la calle, las profundas fallas jurídicas en el actuar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la represión policial sufrida recientemente en su contra.
El aseguramiento y las inconsistencias del origen penal
El conflicto comenzó el 9 de enero de 2024, cuando la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y de Protección Urbana (FIDAMPU) realizó un operativo de aseguramiento en el edificio. La acción judicial se basó en una denuncia por despojo interpuesta apenas un mes antes por un hombre llamado Pedro Salem Marillán, quien afirmó que había comprado el inmueble en 2016 y argumentó que un grupo de personas ingresó de forma ilegal a finales de 2023.
Sin embargo, por lo dicho por las familias —unas 250 personas que habitaban 50 departamentos— era totalmente distinta, ya que llevaban décadas y hasta cuatro generaciones construyendo su vida en ese lugar. Durante la conferencia, la abogada Cecilia Tapia explicó las anomalías y la prisa con la que operó la autoridad “Es un tema de corrupción, no un tema jurídico. En menos de 20 días la Fiscalía realiza y autoriza este operativo para sacar a todas las familias a las 7 de la mañana sin una citación previa. Hemos acreditado con recibos de Luz y Fuerza del Centro, CFE, Telmex, actas de nacimiento e identificaciones que la posesión ha sido continua desde hace más de 50 años”, señaló la abogada.
Además de la falta de garantías básicas de audiencia, los recursos de amparo interpuestos por la defensa demostraron que las direcciones fiscales atribuidas tanto a la empresa inmobiliaria involucrada como al propio denunciante resultaron inexistentes tras las verificaciones de un actuario federal. A pesar de que el denunciante nunca pudo ser localizado en el domicilio señalado, la Fiscalía incurrió en una serie de irregularidades al entregar de forma interna la posesión del inmueble a un asesor jurídico, omitiendo notificar formalmente a los vecinos y dejando los sellos de clausura intactos.
Las revisiones posteriores del expediente judicial documentaron que el procedimiento legal se ejecutó de manera acelerada y sin notificaciones previas a los residentes del inmueble. De acuerdo con los documentos presentados por la defensa, las familias afectadas aportaron contratos de arrendamiento, comprobantes históricos de pago de servicios públicos y registros de posesión continua.
Por su parte, la representación legal señaló que las diligencias de amparo revelaron que las direcciones fiscales de la inmobiliaria denunciante y del particular que promovió el recurso legal resultaron inexistentes durante las verificaciones de los actuarios federales. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de inquilinos han documentado que este tipo de acciones legales basadas en denuncias por despojo se han empleado de manera reiterada en el Centro Histórico para desalojar a habitantes de vecindades y liberar predios para proyectos comerciales e inmobiliarios.
Represión a la protesta cultural y acoso policial
A las fallas legales y al desalojo institucional se sumó el despliegue de elementos de seguridad el domingo 6 de septiembre, fecha en la que las familias organizaron una jornada cultural con comparsas y música frente a su campamento en la Merced para visibilizar su situación. De acuerdo con la queja formal presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), alrededor de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se colocaron alrededor de la actividad y evitaron que pusieran lonas para protegerse de la lluvia.
Durante el desarrollo de la jornada, reporteros y fotógrafos de medios independientes que acudieron a realizar coberturas informativas documentaron restricciones a su labor, exigencias de permisos para capturar imágenes en la vía pública y advertencias verbales sobre posibles detenciones. Posteriormente, el miércoles 9 de septiembre, personal de la Policía de Investigación acudió al campamento para realizar registros visuales mediante fotografías y videograbaciones de los habitantes y de la estructura instalada en la acera.
En la relatoría entregada a la CDHCM, la defensa y los colectivos de apoyo señalaron que estas acciones de presencia policial y las restricciones a la cobertura informativa vulneran los protocolos de actuación policial en manifestaciones públicas, así como las garantías de libertad de expresión y el libre tránsito de los ciudadanos en el espacio público del Centro Histórico.
El impacto de la intemperie y la precarización
A lo largo de dos años y ocho meses, vivir en la acera de la calle General Anaya en las inmediaciones de la Merced ha provocado problemas de salud en niñas, niños y adultos mayores. Las pertenencias, herramientas y documentos de las 50 familias siguen retenidos dentro del edificio clausurado. Durante su intervención, Marina, una de las vecinas afectadas, relató cómo se vivieron los primeros momentos del desalojo “Nos bajaron como si fuéramos delincuentes. Somos gente de trabajo que pagaba su renta, no estamos diciendo que somos los dueños del edificio, sino que la ley debe reconocer nuestros derechos como inquilinos. Nos cortaron el agua y nos dejaron en la calle sin permitirnos sacar nada”.
Por su parte, otra de las vecinas expuso las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan diariamente al vivir en tiendas de campaña expuestas a las plagas y al clima “Vivir en una casita de campaña amontonados con lluvias, frío y ratas es muy difícil. Nuestros hijos se nos han enfermado feo; recién que nos sacaron, uno de los niños terminó internado por bronquitis. No pedimos, exigimos que nos regresen el techo donde vivíamos”. Señalo
Las colectivas solidarias y la representación legal señalaron que este caso en La Merced forma parte de una problemática más amplia que afecta a diversos inmuebles en el Centro Histórico. De acuerdo con los asesores jurídicos, este método combina denuncias penales por despojo y actuaciones ministeriales para ejecutar desalojos en vecindades de la capital, lo que deja a los residentes sin procesos de defensa adecuados antes de la recuperación de los predios.
Ante esta situación, los defensores legales solicitaron a las instancias judiciales la cancelación de los cargos penales contra los 250 habitantes de la zona de la Merced, la revisión completa de las actuaciones en la carpeta de investigación y la devolución formal del inmueble para poner fin al campamento callejero. En tanto las autoridades del gobierno central y los tribunales emiten una respuesta institucional, los vecinos anunciaron que continuarán con su plantón frente al edificio y con actividades públicas de protesta para exigir el respeto a sus derechos de vivienda.
