El Juez Cuarto de Distrito declaró fundada la denuncia de repetición de los Comités de Cuenca Río Sonora: las autoridades ambientales volvieron a excluir a las comunidades. Ese mismo día, en Ures, autoridades y empresas reconocieron que faltó informar a San Rafael sobre los sitios de confinamiento, y Conagua volvió a faltar a la mesa.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- El Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó dejar sin efectos de inmediato las resoluciones de febrero de 2026 con las que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) pretendían dar por concluidos los programas de remediación del Río Sonora, así como el monitoreo y las medidas correctivas en las zonas afectadas. Así lo informaron los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) en un comunicado fechado el 28 de octubre.
Según los comités, el juez declaró fundada su denuncia de repetición de violaciones a derechos humanos. Esto significa que las dependencias ambientales del gobierno federal incurrieron en los mismos vicios de inconstitucionalidad por los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a la población: la falta de transparencia y la exclusión de las comunidades de los mecanismos de reparación integral.
Los CCRS agrupan a habitantes de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la zona rural de Hermosillo. Son las comunidades que el 6 de agosto de 2014 vieron llegar a sus ríos 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado, derramados por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en Cananea. El derrame alcanzó primero el río Bacanuchi y después el Río Sonora. Ha afectado la vida de más de 22 mil personas.
Participación sin efectos: lo que encontró el juzgado
De acuerdo con el comunicado, el órgano jurisdiccional determinó que SEMARNAT y PROFEPA no valoraron las manifestaciones ni las pruebas técnicas que aportaron las víctimas antes de cerrar los programas. Con ello, la intervención comunitaria quedó reducida a un acto formal.
Los comités subrayan el alcance de esa determinación. Para garantizar el derecho a la participación informada, no basta con que el gobierno organice reuniones o mesas de diálogo donde la gente solo se exprese. Las autoridades están obligadas a revisar, analizar y tomar en cuenta las propuestas y pruebas técnicas de las personas afectadas antes de cualquier decisión de fondo sobre el territorio.
Ese reclamo tiene años en la cuenca. En febrero de este año, tras una reunión con autoridades federales y estatales en Hermosillo, los CCRS denunciaron en Somoselmedio que el nuevo plan oficial no tenía calendario de obras ni medidas urgentes de salud. Estimaron que alrededor del 30 por ciento de la población presenta anemia, una condición que puede aumentar la absorción de metales pesados. La respuesta oficial fue que la atención a casos graves solo se activa cuando hay síntomas. Entonces los comités resumieron su exigencia así: “No pedimos privilegios. Pedimos información, salud, agua limpia, transparencia y participación”.
Para los CCRS, el fallo respalda lo que documentaron en agosto en su informe de aniversario, La simulación como política pública: 12 años sin reparación en el Río Sonora. En él sostienen que el Estado mexicano ha sustituido la reparación de los daños por un simulacro burocrático, mientras en la cuenca persisten la contaminación del agua, la exposición crónica a metales pesados y el riesgo sanitario.
El convenio con Grupo México: anunciado en la mañanera, “inexistente” en Transparencia
La resolución llega mientras el gobierno federal mantiene en reserva el nuevo convenio económico firmado con Grupo México. Según los comités, ese acuerdo ya se revisa ante tribunales de amparo por violar nuevamente los derechos a la información y a la participación.
El 23 de diciembre de 2025, las autoridades anunciaron un “Plan de Justicia” derivado de un acuerdo financiero con la empresa. En la conferencia matutina del 13 de febrero de 2026 se reportaron los primeros pagos por 500 millones de pesos y se prometió transparentar el acuerdo. Cuando las comunidades pidieron conocer el documento, la Secretaría de Gobernación y la plataforma Transparencia para el Pueblo respondieron que era administrativamente “inexistente”. La respuesta más reciente es la resolución del recurso de revisión del 5 de agosto de 2026, expediente SEGOB2608524.
Según los comités, el acuerdo oculto involucra la dispersión de más de 2 mil 223 millones de pesos. Para los CCRS, mantenerlo en secreto reproduce la inconstitucionalidad que la SCJN declaró en el Amparo en Revisión 640/2019, cuando resolvió que no pueden tomarse decisiones de remediación a puerta cerrada con la empresa minera y a espaldas de las víctimas. “No puede existir justicia basada en el secreto, la impunidad corporativa y el desacato judicial”, escribieron en el comunicado.
No es la primera alerta sobre ese acuerdo. En mayo, los comités advirtieron que el gobierno federal y Grupo México buscaban cerrar en tribunales el caso del Fideicomiso Río Sonora con base en un convenio que el propio gobierno dice que no existe. En agosto, al cumplirse 12 años del derrame, señalaron que de los 500 millones ya depositados por la empresa seguía sin publicarse el documento que define su ejecución. Ese mes, el gobierno colocó en Ures la primera piedra de un hospital regional. Es la segunda vez que ocurre: la clínica prometida en 2015 quedó abandonada.
En septiembre, un informe del relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, confirmó que la contaminación persiste en la cuenca. Según la síntesis que difundieron los comités, el relator señaló que las autoridades han priorizado la negociación con Grupo México sin garantizar la participación plena de las comunidades.
Remediación del Río Sonora en campo: mediciones, San Rafael y otra ausencia de Conagua
El mismo 28 de octubre, integrantes de los CCRS se reunieron en Ures con la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la SEMARNAT para conocer los avances del programa de remediación. De acuerdo con la publicación de los comités, las empresas encargadas de los trabajos explicaron cómo caracterizan el suelo con equipos que miden la presencia y concentración de metales y cómo eligen los polígonos que requieren mayor atención. Informaron que hasta ahora han realizado más de 200 mediciones.
La reunión abordó también lo ocurrido en San Rafael, donde la comunidad rechazó la presencia de maquinaria vinculada con los sitios de confinamiento. Según los CCRS, autoridades y empresas reconocieron que faltó información oportuna y que el proyecto debía explicarse directamente a la población. Los comités insistieron en que no basta con hablar con autoridades municipales o ejidales. Las comunidades tienen derecho a conocer los proyectos que se realizarán en su territorio y a expresar sus dudas antes de que comiencen los trabajos.
De la reunión salieron varios compromisos. DGGIMAR entregará un documento con información técnica del programa. Autoridades y consorcio elaborarán otro que explique qué personal y servicios se necesitarán, cómo podrán participar las personas de la región y cómo se hará la contratación; se comprometieron a compartirlo a más tardar al día siguiente. Las reuniones sobre las celdas de confinamiento se harán en las comunidades y con anticipación suficiente para que la gente conozca el proyecto y plantee sus inquietudes.
Los comités también pidieron una reunión general o un informe público sobre cuándo comenzarán las obras y en qué consistirán. Insistieron en la necesidad de un plan integral de remediación que incorpore la información y las responsabilidades de SEMARNAT, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de las autoridades de salud, con sus anexos técnicos. Arturo Gavilán, titular de DGGIMAR, se comprometió a analizar cómo dejar por escrito los acuerdos de las mesas de diálogo que no están incluidos en los anexos técnicos ni en los contratos con las empresas. Entre ellos está la caracterización del sistema de presas El Molinito–Abelardo L. Rodríguez.
Conagua volvió a ausentarse. Aunque se había planteado su participación en estas reuniones, los comités siguen sin recibir una fecha para tratar los asuntos que le corresponden. Señalaron que su ausencia deja abiertas preguntas sobre el agua, mientras la atención a la salud y la coordinación entre instituciones siguen pendientes. En febrero, en la reunión de Hermosillo, esa misma comisión presentó la rehabilitación y construcción de plantas potabilizadoras sin fechas de inicio ni de conclusión, sin responsables designados y sin costos de operación.
Los CCRS reconocieron la disposición al diálogo y los avances en la explicación técnica, pero advirtieron que los acuerdos deben cumplirse y que la información debe llegar directamente a las comunidades. “No podemos asumir desde los CCRS la responsabilidad de explicar trabajos que corresponde a las autoridades y las empresas presentar con claridad”, escribieron.
Tras el nuevo freno judicial, los CCRS exigieron tres cosas. La primera es la entrega pública del texto íntegro del convenio entre el gobierno federal y Grupo México, con todos sus anexos técnicos y financieros y sin cláusulas de confidencialidad. La segunda es el cumplimiento inmediato del fallo del Juez Cuarto de Distrito y de la sentencia de la SCJN, con participación directa, activa y vinculante de las comunidades en cualquier plan de remediación y en el destino de los fondos. La tercera es el cese de lo que llaman una política de opacidad que revictimiza a las comunidades y perpetúa la impunidad de la empresa.
“El Río Sonora tiene memoria. No permitiremos que un acuerdo confidencial reemplace la justicia y la salud que por derecho nos pertenecen”, concluyeron los comités.
