El gobierno de Claudia Sheinbaum aportará 14 mil 500 millones de pesos y el de Pablo Lemus 10 mil 200 millones para obras hidráulicas en la metrópoli. El acuerdo descarta la operación privada, pero no responde a las comunidades del lago, que desde 2025 exigen consulta, acceso al proyecto ejecutivo y la restauración de Chapala antes de cualquier nuevo ducto.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
28 de octubre de 2026.– Los gobiernos de México y de Jalisco anunciaron este miércoles una inversión conjunta cercana a 25 mil millones de pesos para construir el acueducto Chapala-Guadalajara y un nuevo acueducto de la presa Calderón a San Gaspar. La obra se hará sin el contrato de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) que el gobernador Pablo Lemus envió al Congreso local el 8 de octubre.
En la conferencia participaron la presidenta Claudia Sheinbaum, Lemus y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López. Los tres hablaron de calidad del agua, de deuda evitada y de operación pública. En sus intervenciones no hubo una sola referencia a los pueblos de la ribera del lago de Chapala, que rechazan el acueducto y llevan más de un año exigiendo ser consultados.
Sheinbaum explicó el cambio de esquema. “Cuando vimos el dilema de endeudar con 54,000 millones de pesos al Estado con un esquema que implicaba la operación privada, dijimos: ‘Vamos a sentarnos a ver si podemos nosotros hacer esa obra con una reorganización del presupuesto’. Nosotros no estamos de acuerdo con la operación privada del agua; quien debe operar y mantener el agua son los organismos operadores públicos”, declaró.
Según la presidenta, los 14 mil 500 millones federales saldrán de ahorros y eficiencias de otros proyectos de la Conagua durante 2027 y 2028. Morales López cifró la deuda evitada en hasta 56 mil millones de pesos. El análisis que organizaciones de la ribera y de la cuenca presentaron al Congreso el 15 de octubre había calculado un techo de pagos de 48 mil 296 millones a 25 años, a precios de agosto de 2026 y sin IVA.
Lemus aseguró que la aportación estatal proviene de ajustes presupuestales. “No habrá deuda, lo dejo muy claro, no habrá privatización y un aspecto muy importante: no habrá incremento en las tarifas del agua para la zona metropolitana de Guadalajara”, dijo. El gobernador calificó la jornada como “un día histórico” y afirmó: “Hoy demostramos que el diálogo y el respeto son el camino, nunca la confrontación”.
Qué obras incluye el acuerdo del acueducto Chapala-Guadalajara
El director de la Conagua describió dos proyectos federales. El primero es un acueducto de 42 kilómetros que irá de la planta de bombeo de Santa Cruz al tanque del Cerro del Cuatro. Tendrá capacidad para conducir hasta 8 mil litros por segundo y una inversión de 9 mil 300 millones de pesos, con dos años de ejecución a partir de los primeros meses de 2027. El segundo es un acueducto de la presa Calderón a San Gaspar, con ampliación de la planta potabilizadora, capacidad de 3 mil 500 litros por segundo y 5 mil 200 millones de pesos. Morales López afirmó que la operación y el mantenimiento seguirán a cargo del SIAPA, “sin la intervención de privados”.
Por su parte, el gobierno estatal renovará la planta potabilizadora número uno de Miravalle, que según Lemus abastece a cerca del 42% de la población y tiene 70 años de antigüedad. La primera etapa, de 3 mil litros por segundo, estaría lista en seis meses; las tres fases tomarían dos años con unos 7 mil 500 millones de pesos estatales. Lemus también informó de trabajos de saneamiento en el canal y la presa de Las Pintas, y de la clausura de 150 descargas irregulares detectadas con la Conagua.
Las cifras oficiales no coincidieron entre sí. Lemus dijo que Chapala aporta el 60% del agua de la metrópoli; Morales López habló de “un poco más del 50%”. El gobernador prometió que con el nuevo acueducto “le sacaremos menos agua a Chapala”, mientras el director de la Conagua anunció un incremento de mil litros por segundo en el suministro, sin precisar de qué fuente provendrá ese volumen.
Lemus presentó como “primicia” que la noche anterior el gobierno estatal tomó el control de la planta potabilizadora número cuatro, en Toluquilla. “Esta planta había sido privatizada en el 2012 y no estaba dando los volúmenes comprometidos: entregaba solo 100 litros por segundo de los 1,000 comprometidos”, explicó.
Jalisco ya opera infraestructura hidráulica bajo esquemas privados. La planta de tratamiento El Ahogado la opera la empresa Atlatec desde 2012, con un contrato vigente hasta octubre de 2029 que la Comisión Estatal del Agua paga con cuotas fijas y variables. En julio, al presentar por primera vez el modelo CMRO, Lemus había usado la misma fórmula que repitió este miércoles: “Ni se va a privatizar, ni se va a concesionar”. El 16 de octubre lo calificó como “solo una propuesta de muchas”. En la conferencia no se informó si la iniciativa enviada al Congreso será retirada formalmente.
Lo que exigen los pueblos de la ribera de Chapala
El rechazo de las comunidades ribereñas no se limita a quién paga ni a quién opera la obra. En abril de 2025, cuando la Comisión Estatal del Agua lanzó la licitación del proyecto ejecutivo, el Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala denunció que nadie los había consultado. “Los ribereños tenemos derecho a ser consultados e informados, a preguntar, a opinar, a decir sobre la vida de nuestro lago, de nuestros ecosistemas, de nuestra agua”, escribieron en un comunicado. Pidieron suspender la licitación, hacer público el proyecto ejecutivo e instalar una mesa con comunidades y especialistas. “Construir un tercer acueducto sin reparar los problemas de fondo es insistir en un modelo de gestión que privilegia el negocio sobre la vida”, señalaron.
La Comisión Estatal del Agua respondió clasificando el proyecto ejecutivo como información reservada. El 13 de febrero de 2026, integrantes del Frente promovieron el juicio de amparo 91/2026 en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa por violaciones al derecho a la información y al Acuerdo de Escazú. Vicente Paredes, comunero coca de Mezcala, explicó entonces lo que está en juego para quienes viven del lago: “Nosotros los más perjudicados somos los ribereños. Esta mancha plateada es vida. De ella vivimos, de ella sacamos nuestro alimento y nuestras actividades para sobrevivir”.
Francisco de los Santos, pescador de la ribera norte, habló de la salud: “En la ribera tenemos enfermedad renal a causa de estas contaminaciones. Nuestro pescado ha desaparecido. Primero limpien el lago y ahora sí, el agua es de todos, pero cuidémosla”.
En junio de 2025, autoridades estatales aseguraron al Frente que el nuevo acueducto no extraería más allá de los 7.5 metros cúbicos por segundo concesionados por la federación. Las comunidades han señalado que no se han publicado estudios actualizados de balance hídrico, escenarios de sequía ni evaluaciones ambientales integrales. El ducto que anunció la Conagua tendrá capacidad para conducir hasta 8 metros cúbicos por segundo.
El 15 de octubre, en el Parlamento Ciudadano instalado en el patio del Congreso de Jalisco, Marco Llamas, del Frente de Pueblos, describió el CMRO como “una privatización paulatina, donde le vamos a entregar el agua del lago de Chapala”. La académica Alicia Torres, de la Universidad de Guadalajara, recordó en esa jornada que “el acueducto no es una planta de tratamiento ni potabilizadora”: un tubo nuevo no limpia el agua de un lago que recibe la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Sergio Gómez, del Consejo Social y Científico por el Agua, señaló que el SIAPA pierde más del 37% del agua en su red de distribución. Ninguno de los anuncios de este miércoles incluyó la renovación de esa red.
El Zapotillo y la calle, antes del acuerdo
Sheinbaum presentó el acuerdo como la continuación de una obra anterior. “Este es un proyecto muy importante que termina la obra que hizo el presidente López Obrador desde el Zapotillo”, dijo. Esa presa se construyó en medio de la resistencia de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, amenazados durante años con la inundación de sus casas.
La negociación entre ambos gobiernos llegó después de la protesta. El 11 de octubre, alrededor de 10 mil personas marcharon en Guadalajara contra el agua contaminada; la manifestación terminó con antimotines frente a Casa Jalisco. Los colectivos registraron 52 nombres de personas detenidas y la Fiscalía estatal reconoció 39. Diecisiete días después, el gobernador habló del diálogo como el camino.
El acuerdo resuelve quién paga y quién opera el acueducto Chapala-Guadalajara. La consulta a los pueblos ribereños, la publicación del proyecto ejecutivo, el balance hídrico del lago y su restauración no formaron parte del anuncio.
