El gobierno de Pablo Lemus pidió al Congreso de Jalisco autorizar un contrato de 20 a 25 años para que una empresa construya y opere el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Comunidades de la ribera y de la cuenca del río Santiago advierten que se trata de una privatización paulatina del agua.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
El Congreso de Jalisco analiza la iniciativa que el gobernador Pablo Lemus envió el 8 de octubre para celebrar un contrato CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) con el que se construiría el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. La obra está valuada en 11 mil 922 millones de pesos y el pago se haría a una empresa privada durante 20 a 25 años, a cargo del gobierno estatal a través de la Comisión Estatal del Agua. Para aprobarse, el contrato necesita al menos 26 de los 38 votos del Congreso, porque compromete recursos públicos por más de tres sexenios.
La discusión ocurre mientras más de cinco millones de personas en el Área Metropolitana de Guadalajara enfrentan una crisis de calidad del agua que se arrastra desde 2025, con denuncias de agua turbia, con olor y sedimentos en colonias de varios municipios. El gobierno estatal decidió dejar de usar el sistema antiguo de Chapala, el canal que termina en la presa Las Pintas, por las descargas irregulares que recibe en su recorrido. La consecuencia inmediata para las familias es un esquema de tandeos que, según el gobierno estatal, comenzó el 12 de octubre, con cortes de dos a tres días por semana, y que durará al menos seis meses.
Qué es un contrato CMRO
En un contrato CMRO, una empresa privada financia la construcción de una obra pública, la mantiene, la rehabilita y la opera durante el plazo del contrato. A cambio, el Estado le paga en partidas anuales que el Congreso debe etiquetar en cada presupuesto. Según el titular de Hacienda estatal, lo que aprobarían las y los diputados es justamente esa obligación de pago anual.
El gobierno estatal sostiene que el esquema no es privatización. “Ni se va a privatizar, ni se va a concesionar”, declaró Lemus en julio, cuando presentó por primera vez la idea de financiar obras hidráulicas bajo este modelo. Su administración argumenta que la titularidad del servicio permanece en manos públicas, que el acueducto se construiría sin contratar deuda y que no habría aumento de tarifas por la obra.
Por qué Chapala es el centro del problema
El lago de Chapala aporta alrededor del 65% del agua potable que consume la metrópoli, y esa agua llega por dos vías. El acueducto Chapala-Guadalajara extrae poco más de cinco metros cúbicos por segundo, cerca del 63% de la concesión. El resto, unos 2.9 metros cúbicos por segundo, viaja por el canal de Atequiza: un sistema antiguo, a cielo abierto, que nace en Presa Corona, en el municipio de Chapala, atraviesa Ixtlahuacán de los Membrillos, fraccionamientos de Tlajomulco y la zona conurbada de Tlaquepaque, y termina en la presa Las Pintas. A lo largo de ese trayecto recibe descargas domiciliarias e ilegales, y su agua se potabiliza en la planta de Miravalle.
Según el gobernador, aunque se intentó desviar esas descargas hacia la planta de tratamiento El Ahogado, especialistas recomendaron dejar de usar por completo el agua de Las Pintas. El racionamiento se mantendrá hasta que concluyan el acueducto de desvío La Calera y la primera etapa de ampliación de la planta Miravalle. El acueducto sustituto, cuya construcción tomaría unos dos años, reemplazaría el sistema antiguo y, según el gobierno, mejoraría la calidad del agua sin extraer más del lago. El gobierno asegura que el proyecto ejecutivo cuenta con aval técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Lemus también anunció que, si el Congreso aprueba la iniciativa, el estado invertiría 18 mil millones de pesos de recursos propios en obras para mejorar el agua proveniente de Chapala, mientras gestiona con la Federación los recursos para concluir el sistema El Zapotillo, que hoy opera al 45% de su capacidad.
Los riesgos del contrato CMRO según sus críticos
El primer cuestionamiento es el costo. Diputados del bloque opositor integrado por Morena, Hagamos, Futuro y PT calculan que pagar la obra a una empresa durante 25 años costaría al final 48 mil millones de pesos, cuatro veces el valor de construcción. El coordinador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, pidió al gobernador aclarar cuánto cuesta en realidad el acueducto, porque en 2025 se habló de 6 mil 500 millones y ahora la cifra casi se duplica. Los opositores sostienen que con los más de 2 mil 500 millones anuales que se pagarían a la empresa, el estado podría construir la obra con recursos propios en tres años.
Bravo Padilla resumió la postura de su bancada: “sí al acueducto, pero no al modelo de financiamiento”. También señaló lo que la iniciativa deja fuera: no contempla la reestructuración del SIAPA, la recuperación de su cartera vencida, la renovación de la red hidráulica ni inversión en plantas de tratamiento. Aunque el agua llegue en mejores condiciones desde Chapala, seguiría viajando por las tuberías deterioradas de las colonias.
El segundo cuestionamiento está en la letra O del contrato: la operación. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió en su conferencia del 12 de octubre que el modelo CMRO funciona en carreteras, pero en agua es distinto por la operación. “Hay esquemas de financiamiento que pueden llevar a la operación privada del agua”, dijo. El gobierno federal ofreció apoyar con 8 mil 800 millones de pesos las obras complementarias de El Zapotillo, pero se pronunció en contra de respaldar la privatización de cualquier servicio de agua.
Del otro lado, la diputada del PVEM Brenda Carrera adelantó su voto a favor y pidió no creer en las críticas de que el agua se privatiza; puso como ejemplo la planta de Atotonilco, en Hidalgo, que opera Conagua bajo este mismo esquema. Desde el PAN, la diputada Claudia Murguía planteó que el Congreso debe revisar que el contrato no sea un negocio y condicionar su aprobación a un plan hídrico integral.
El 16 de octubre, Lemus calificó el CMRO como “solo una propuesta de muchas” y dijo estar muy cerca de un acuerdo con el gobierno federal para financiar en conjunto el acueducto, las obras de El Zapotillo y otros proyectos hídricos, principalmente a través de la Conagua. La iniciativa, sin embargo, no ha sido retirada del Congreso.
Jalisco ya conoce este modelo
La operación privada de infraestructura hidráulica no es nueva en el estado. En 2006, el gobierno de Jalisco licitó las plantas de tratamiento Agua Prieta y El Ahogado bajo un esquema en el que la empresa ganadora operaría las plantas durante 18 años y recibiría pagos del gobierno estatal. La planta El Ahogado la opera Atlatec desde 2012, con un contrato vigente hasta octubre de 2029; la Comisión Estatal del Agua le paga una cuota fija por inversión, operación y mantenimiento, más otra variable según el volumen de agua tratada. Su ampliación, firmada en 2022 como asociación público-privada, también se paga con recursos de la Comisión.
Investigadores de la Universidad de Guadalajara han advertido que la tendencia en Jalisco apunta hacia la privatización del servicio de agua potable y han señalado el saneamiento de la cuenca de El Ahogado como un caso en el que eso ya ocurrió. Organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) han sostenido que el agua debe gestionarse como un derecho y no como una mercancía.
Lo que dicen las comunidades y organizaciones
El 15 de octubre, comunidades de la ribera de Chapala, pueblos de la cuenca del río Santiago, especialistas y colectivos de la zona metropolitana instalaron un Parlamento Ciudadano en el patio del Congreso de Jalisco y entregaron a la Junta de Coordinación Política un pronunciamiento contra el acueducto bajo el esquema CMRO. Participaron el Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala, el Consejo Social y Científico por el Agua, el IMDEC y el colectivo Un Salto de Vida, entre otras organizaciones.
Marco Llamas, del Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala, abrió la conferencia: “una privatización paulatina, donde le vamos a entregar el agua del lago de Chapala”. El pronunciamiento responde al argumento central del gobierno, que insiste en que la obra seguirá siendo pública. Según el documento, el esquema “puede conservar formalmente la propiedad pública de los activos”, pero transfiere a un particular la construcción, el financiamiento, la operación y el mantenimiento durante 20 o 25 años, y con ello genera dependencia.
El análisis que las organizaciones hicieron del expediente pone cifras a ese riesgo. El techo de pagos llega a 39 mil 689 millones de pesos a 20 años y a 48 mil 296 millones a 25 años, a precios de agosto de 2026 y sin IVA. La Comisión Estatal del Agua cubriría apenas entre 19 y 21% de los pagos anuales; el resto saldría del presupuesto estatal, con el Impuesto Sobre Nóminas como garantía. Como se trata de un pago por disponibilidad, el Estado seguiría pagando aunque bajara el nivel del lago y no pudieran conducirse los volúmenes previstos. El expediente tampoco incluye un comparador público-privado que justifique por qué conviene este modelo frente a la obra pública.
Sergio Gómez, del Consejo Social y Científico por el Agua, cuestionó la variación del costo: “Se aventaron cinco cifras en siete meses”. El análisis costo-beneficio oficial de marzo de 2026 consideraba una inversión de unos 8 mil 762 millones y establecía que, si el monto subía más de 21.1%, el proyecto dejaba de ser socialmente rentable. La cifra que llegó al Congreso es cerca de 36% mayor. Gómez también señaló que no existe un árbitro que vigile al operador: “El Siapa no tiene quien lo regule”. De acuerdo con las organizaciones, la Comisión Estatal del Agua concentraría la contratación, la regulación, la responsabilidad financiera y la propiedad futura de la obra, mientras la vigilancia dependería del Poder Ejecutivo.
Las organizaciones documentaron además contradicciones técnicas. El proyecto ejecutivo contempla una tubería de 106 pulgadas con capacidad de 10 metros cúbicos por segundo; la iniciativa habla de 96 pulgadas y 8 metros cúbicos. La versión que el gobierno asegura que validó la Conagua no está en el expediente público. El gobierno promete no extraer más de 7.5 metros cúbicos por segundo del lago, pero el propio análisis modela un aumento de 25% respecto al promedio histórico, sin un balance hídrico con escenarios de sequía. Tampoco se evaluó a fondo la rehabilitación del acueducto actual, información que las comunidades ribereñas piden desde 2025 sin respuesta. Para conocer el proyecto ejecutivo tuvieron que tramitar un amparo. Las actuaciones de integración, opinión y dictaminación se realizaron entre el 2 y el 8 de octubre, antes de que la iniciativa llegara formalmente al Congreso. “Esta prisa siempre es sospechosa”, dijo Gómez.
La doctora Alicia Torres, de la Universidad de Guadalajara, recordó que “el acueducto no es una planta de tratamiento ni potabilizadora”. Un tubo nuevo no limpia el agua de un lago que recibe la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, donde estudios han documentado insuficiencia renal, artritis y padecimientos de la piel en comunidades del río Santiago y la ribera. “No es necesario tocar el agua para enfermarnos”, advirtió.
Las organizaciones colocaron las fugas en el centro: según Gómez, el SIAPA pierde más de 37% del agua en su red de distribución, y repararla debería ir antes que traer más agua. Alan Carmona, habitante de El Salto e integrante de Un Salto de Vida, vinculó el rechazo al acueducto con las concesiones de agua a la industria. Los colectivos estiman que revisar las 30 concesiones más grandes permitiría recuperar entre 560 y 580 litros por segundo.
Sus exigencias al Congreso son no aprobar la iniciativa, abrir un Parlamento Abierto con audiencias públicas, comparecencias de autoridades y especialistas independientes antes de dictaminar, someter a revisión pública el Plan Integral del Agua y transparentar quiénes son los cuatro inversionistas que mencionó el gobernador. “Estaremos vigilantes de su voto”, advirtió María González Valencia, del IMDEC.
La calle, antes que el Congreso
El 11 de octubre, alrededor de 10 mil personas marcharon en Guadalajara contra el gobierno de Lemus por el agua contaminada. La protesta terminó con antimotines frente a Casa Jalisco; el gobierno estatal atribuyó la violencia a un grupo de unas 400 personas encapuchadas. Los colectivos registraron 52 nombres de personas detenidas; la Fiscalía reconoció 39 y liberó a 32. Hasta el 13 de octubre, siete hombres habían sido trasladados al penal de Puente Grande: a seis se les imputan lesiones dolosas agravadas contra policías y a uno, desobediencia o resistencia de particulares. Sheinbaum exigió al gobierno estatal explicar el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos contra la manifestación, y las organizaciones del Parlamento Ciudadano pidieron cerrar las carpetas de investigación, sancionar a los responsables y reparar el daño.
Mientras el Congreso decide si compromete pagos hasta la década de 2050, las familias de la metrópoli siguen organizando su vida alrededor de los tandeos y de un agua que no pueden usar con confianza. La pregunta que el contrato todavía no responde es quién garantiza ese derecho cuando la operación del agua dependa de una empresa.
