El contrato comprometería hasta 48 mil 296 millones de pesos durante 25 años y dejaría en manos privadas la operación del acueducto que surte agua del lago más grande de México; las organizaciones hallaron 146 observaciones y 52 contradicciones en el expediente.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre 2026.- Comunidades de la ribera del lago de Chapala, pueblos de la cuenca del río Santiago, especialistas y colectivos de la zona metropolitana de Guadalajara se reunieron este jueves 15 de octubre en el Congreso de Jalisco. Ahí rechazaron el modelo de contratación Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) con el que el gobierno de Pablo Lemus pretende construir y operar el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara.
En un comunicado dirigido a la Junta de Coordinación Política, pidieron a las y los diputados no aprobar la iniciativa. Revisaron el proyecto ejecutivo, el análisis costo-beneficio y el plan de financiamiento, y encontraron 146 observaciones y 52 contradicciones entre esos documentos oficiales.
La construcción se presenta con un costo de 11 mil 922 millones de pesos. El techo de pagos del contrato, en cambio, llegaría a 39 mil 689 millones a 20 años o a 48 mil 296 millones a 25 años, según el pronunciamiento. Esos montos incluyen financiamiento, operación y mantenimiento, a precios de agosto de 2026 y sin IVA. Las organizaciones recordaron que, cuando el megaproyecto se anunció en marzo de este año, su costo estimado era de 6 mil 500 millones de pesos.
Marco Llamas, del Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala, abrió la conferencia que los colectivos llamaron Parlamento Ciudadano: “Se dice que no es privatización, pero claramente es una privatización paulatina, donde le vamos a entregar el agua del lago de Chapala y el agua de Guadalajara a una empresa privada por 25 años”.
Privatización por contrato y deuda para las próximas administraciones
El gobierno estatal sostiene que el proyecto no privatiza el agua ni concesiona el servicio. Las organizaciones responden que el esquema CMRO transfiere a un particular, durante 20 o 25 años, la construcción, el financiamiento, la operación y el mantenimiento de infraestructura fundamental para abastecer a Guadalajara.
“Esta modalidad puede conservar formalmente la propiedad pública de los activos y, al mismo tiempo, trasladar decisiones operativas y generar una dependencia prolongada respecto de empresas privadas”,señalaron en el pronunciamiento. Advirtieron que con ello se pone en riesgo el control del agua del lago de Chapala, el más grande de México y principal fuente de vida para los pueblos ribereños y el área metropolitana.
El documento detalla cómo se repartirían los riesgos. Bajo el mecanismo de pago por disponibilidad, el Estado podría seguir obligado a pagar aunque la baja del nivel de Chapala impida conducir los volúmenes previstos. La capacidad financiera propia de la Comisión Estatal del Agua (CEA) cubriría apenas entre 19 y 21% de los pagos anuales. El resto saldría del presupuesto estatal, con el Impuesto Sobre Nóminas como garantía. Además, la CEA concentraría la contratación, la regulación, la responsabilidad financiera y la futura propiedad de la obra, mientras la vigilancia dependería del propio Poder Ejecutivo. Tampoco existe en el expediente un comparador público-privado que demuestre que este modelo conviene más que la obra pública.
Sergio Gómez, del Consejo Social y Científico por el Agua, lo explicó con una comparación: “Es como dejarle al niño encargado de la dulcería que la cuide y además ponerlo a contar los dulces que quedaron”.Y añadió: “No hay ni un árbitro, no hay regulación. El Siapa no tiene quien lo regule”.
Las inconsistencias del Acueducto Sustituto Chapala
El análisis costo-beneficio oficial, de marzo de 2026, consideró una inversión aproximada de 8 mil 762 millones de pesos. La cifra presentada al Congreso es alrededor de 36% superior, y el propio estudio fijaba un margen de 21.1% antes de que la obra dejara de ser socialmente rentable. “Si se sube 21% la inversión, deja de ser socialmente rentable. El gobierno tendría que volver a hacer los estudios”, dijo Sergio Gómez. A su juicio, el proyecto ya no tiene una sola versión: “Se aventaron cinco cifras en siete meses”.
La tramitación también fue rápida. De acuerdo con el expediente, las actuaciones de integración, opinión y dictaminación se hicieron entre el 2 y el 8 de octubre, antes de que la iniciativa llegara al Congreso. “Esta prisa siempre es sospechosa (…) el problema es que el compromiso es de 25 años, no de seis días”, sostuvo Gómez.
Las contradicciones tocan el volumen de agua que se sacaría del lago. El proyecto ejecutivo publicado contempla una tubería de 106 pulgadas con capacidad máxima de 10 metros cúbicos por segundo. La iniciativa enviada al Congreso habla de 96 pulgadas y hasta 8 metros cúbicos. La versión ajustada que el gobierno presenta como validada por la Comisión Nacional del Agua no está en el expediente público.
Según el pronunciamiento, el gobierno ha prometido no extraer más de 7.5 metros cúbicos por segundo, pero sus documentos dicen otra cosa. El análisis costo-beneficio modela un incremento de 25% respecto del promedio histórico de extracción de los últimos 25 años, y no hay un balance hídrico con escenarios de sequía.
Tampoco se evaluó a fondo la rehabilitación del acueducto actual. Las labores de limpieza de 2000 y 2001 recuperaron alrededor de 1.24 metros cúbicos por segundo de capacidad. Las comunidades ribereñas piden desde 2025 la información sobre el estado de esa infraestructura, y las autoridades nunca la entregaron. Gómez señaló que en la red del Siapa se pierde más del 37% del agua, mientras al lago le llegan contaminantes desde aguas arriba y se le sobreexplota. “Si tiro el agua de este lado en Guadalajara, hagamos la cubeta más grande en lugar de taparle los hoyos”,ironizó.
Sin consulta a los pueblos de la ribera
El pronunciamiento denunció que las comunidades de la ribera no han sido consultadas de manera efectiva, aunque el proyecto podría cambiar las condiciones de extracción y afectar sus territorios, actividades económicas, ecosistemas y formas de vida. En la ronda de preguntas, integrantes de las organizaciones explicaron que el proyecto ejecutivo se negó a los pueblos y que tuvieron que interponer un amparo para conocerlo.
La doctora Alicia Torres, de la Universidad de Guadalajara, planteó que hay dos responsabilidades que no pueden separarse: garantizar agua a la zona metropolitana y proteger el lago y a sus comunidades. “Chapala es un ecosistema vivo, es un territorio, un patrimonio, una fuente de trabajo, un sustento de comunidades que también tienen derecho al agua, a la salud, a un ambiente sano”, dijo. Recordó que Guadalajara dejó de abastecerse del río Santiago en los noventa porque ya estaba contaminado, y que entonces se construyó el acueducto desde Chapala. Para ella, la nueva obra es en realidad un acueducto “complementario”, y la urbanización y los parques industriales seguirán presionando para sacar más agua del lago.
Torres advirtió que “el acueducto no es una planta de tratamiento ni potabilizadora”y que el agua de Chapala llegará con la misma contaminación. Mencionó los estudios que documentan insuficiencia renal, artritis y problemas de piel en poblaciones del río Santiago y de Chapala: “No es necesario tocar el agua para enfermarnos”. Agregó que el lago también enfrenta el acueducto de la presa Solís hacia León, Guanajuato, que, según explicó, retendría agua del río Lerma que hoy alimenta a Chapala.
Jorge Eduardo Beltrán, conocido como “Churro”, vocalista de Los Charales, habló de las niñas y niños con insuficiencia renal que dependen de diálisis en los pueblos del lago. Afirmó que Jalisco ocupa el tercer lugar mundial en enfermos renales.
“Estaremos vigilantes de su voto”
María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), anunció una campaña dirigida a cada integrante de la legislatura. “Estamos exigiendo no solamente la revisión de este plan de financiamiento que es privatización y que sí es endeudamiento público. El día de hoy estamos lanzando esta campaña para las y los diputados de este Congreso. Estaremos vigilantes de su voto”, dijo. Al terminar, las organizaciones anunciaron que recorrerían el Congreso para dejar fichas de alerta en las oficinas y curules de cada legislador.
González Valencia exigió además transparentar quiénes son los cuatro inversionistas que ha mencionado el gobernador Pablo Lemus. Afirmó que se trata de “empresas sionistas de Israel” y de empresas españolas, sin precisar cuáles.
Las organizaciones también denunciaron que personal del Congreso revisó una a una sus pancartas antes de permitirles iniciar la conferencia. Exigieron un Parlamento Abierto antes de dictaminar, con audiencias públicas, comparecencia de las autoridades y revisión de especialistas independientes, además de la revisión pública de todo el Plan Integral del Agua.
Cuatro días después de la represión en Casa Jalisco
La conferencia ocurrió cuatro días después de la marcha por el agua limpia del domingo 11 de octubre, que terminó con antimotines frente a Casa Jalisco. Somoselmedio documentó que los colectivos registraron 52 nombres de personas detenidas, mientras la Fiscalía del Estado reconoció 39 y liberó a 32. Hasta el martes 13 de octubre, siete hombres habían sido trasladados a Puente Grande. A seis se les imputan lesiones dolosas agravadas contra policías y a uno, desobediencia o resistencia de particulares.
El pronunciamiento reprueba “la represión como respuesta a nuestro derecho al agua limpia y a la salud”. Exige cerrar las carpetas de investigación contra las personas detenidas de manera arbitraria, castigar a los responsables y reparar integralmente los daños. “Nosotros somos delincuentes porque peleamos y exigimos un agua limpia”,dijo la doctora Torres. “Tener participación, poderlo manifestar, resulta ser más criminal que contaminar el agua”.
La exigencia de agua limpia en la zona metropolitana lleva meses. El monitoreo ciudadano que documentamos en Somoselmedio analizó 184 muestras en 90 colonias de cinco municipios. Ahora la discusión se traslada al Congreso, que tiene en sus manos un contrato que comprometería recursos públicos durante un cuarto de siglo. “La urgencia no puede sustituir la evaluación técnica. La inversión no puede sustituir la restauración ecológica. La contratación privada no puede sustituir las responsabilidades del Estado”, cierra el pronunciamiento.
