A más de una década del derrame tóxico de Grupo México, los Comités de Cuenca del Río Sonora denuncian que el nuevo plan gubernamental carece de calendarización clara y no contempla medidas urgentes de salud para personas expuestas a metales pesados.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Hermosillo, Sonora, 11 de febrero de 2026.- Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) señalaron vacíos relevantes en el nuevo plan de atención integral presentado por autoridades federales y estatales, luego de la reunión sostenida el pasado 29 de enero en Hermosillo. Aunque reconocieron avances en el contenido general de las propuestas sobre remediación ambiental y abastecimiento de agua potable, advirtieron que no se presentó una calendarización detallada de las obras ni medidas inmediatas para atender a la población que ya enfrenta afectaciones por exposición a metales pesados.
En el encuentro participaron Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Arturo Gavilán, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; representantes de la Comisión Nacional del Agua, del IMSS Bienestar y del Gobierno de Sonora, así como académicos y habitantes de comunidades afectadas por el derrame tóxico ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, provocado por la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.
Durante la reunión se abordaron tres ejes centrales: remediación ambiental, agua potable y salud. En materia ambiental, las autoridades expusieron un plan estructurado en cinco fases que contempla estudios preliminares, desarrollo del proyecto ejecutivo, confinamiento de suelos contaminados, transporte de materiales y monitoreo posterior. El proyecto integral tendría una duración estimada de un año, con un costo aproximado de 655 millones de pesos y una meta de remediar 256 mil toneladas de suelo distribuidas en 32 polígonos, incluyendo la presa Abelardo L. Rodríguez.
Los CCRS consideraron que el anuncio representa un avance, pero subrayaron que su eficacia dependerá de mecanismos claros de transparencia, cumplimiento y rendición de cuentas. Recordaron que en experiencias previas la falta de supervisión y participación comunitaria derivó en incumplimientos y opacidad.
En el apartado de agua potable, la Comisión Nacional del Agua informó sobre la rehabilitación de plantas existentes, la construcción de nuevas instalaciones y la instalación de sistemas de desinfección y monitoreo automático. Sin embargo, no se detallaron fechas específicas de inicio y conclusión de obras, responsables designados ni costos de operación y mantenimiento.
Las comunidades cuestionaron además los criterios técnicos empleados para determinar la ubicación de las nuevas plantas, ya que algunos pozos ubicados en zonas con antecedentes de contaminación solo recibirán sistemas de desinfección, mientras que otras localidades fuera de las áreas directamente impactadas sí contarán con infraestructura completa.
Los representantes comunitarios expresaron preocupación por la falta de transparencia en los resultados históricos de monitoreo de agua superficial y subterránea y propusieron que académicos de la Universidad de Sonora participen en monitoreos paralelos que permitan generar mayor confianza en la información pública.
El tema de salud fue uno de los puntos que generó mayor tensión. El nuevo plan contempla reanudar la construcción de la clínica que quedó inconclusa en Ures, la cual funcionaría como hospital regional equipado con laboratorio especializado en metales pesados, área de monitoreo ambiental y centro de atención renal. La conclusión de la obra y su equipamiento se prevén en un año, con recursos derivados de un convenio entre autoridades y la empresa responsable, así como presupuesto del IMSS Bienestar para su operación.
No obstante, las autoridades sanitarias no detallaron medidas urgentes para la atención inmediata de personas que ya presentan afectaciones asociadas a la exposición crónica a metales pesados, incluso aquellas que aún no desarrollan sintomatología visible.
De acuerdo con datos expuestos por los propios comités, se estima que alrededor del 30 por ciento de la población presenta anemia, condición que puede incrementar la absorción de metales pesados. Ante la exigencia de atención inmediata, la respuesta oficial fue que la atención para casos graves se activa únicamente cuando existe sintomatología, lo que las comunidades consideran insuficiente frente a estudios toxicológicos previos realizados por la Secretaría de Salud.
Los CCRS recordaron que existen resoluciones judiciales en materia de amparo y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ordenan acciones para proteger la salud y la vida de la población afectada. También señalaron que el gobierno federal firmó un nuevo convenio con Grupo México sin participación directa de las comunidades y sin que su contenido haya sido transparentado públicamente. Subrayaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció previamente su derecho a participar en procesos de justicia ambiental, por lo que demandan garantías de no repetición y mecanismos claros de participación efectiva.
Las comunidades solicitaron transparencia en los monitoreos ambientales, publicación del convenio firmado con la empresa, atención médica inmediata y seguimiento de los procesos legales en curso. Asimismo, plantearon que la remediación ambiental y sanitaria no puede limitarse a plazos sexenales, dado que la contaminación por metales pesados tiene efectos prolongados que requieren políticas de Estado de largo alcance.
Al cierre del pronunciamiento, los Comités de Cuenca del Río Sonora reiteraron que su exigencia no es de carácter político sino de derechos fundamentales. “No pedimos privilegios. Pedimos información, salud, agua limpia, transparencia y participación”, señalaron, al advertir que la vida y el futuro de la región continúan en riesgo.
