La CEDH de Veracruz reconoce que Diego Fernando Bonilla, indígena Ñuhü, fue torturado y privado arbitrariamente de libertad por autoridades en Texcatepec en 2023. Se exige investigación exhaustiva, así como reparación integral para comunidades indígenas.
Por Andrea Nolasco / @AndreaNol1224
Veracruz, 23 de abril de 2026.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) emitió el 16 de abril una recomendación en la que reconoce que Diego Fernando Bonilla, indígena Ñuhü de 45 años, fue víctima de tortura y privación arbitraria de libertad por parte de autoridades en el municipio de Texcatepec en 2023. La recomendación exige a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación exhaustiva y ordena reparación integral del daño.
El caso fue documentado y acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez y el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz.
El 29 de mayo de 2023, Diego Fernando acudió a declarar sobre un homicidio que había presenciado en la localidad de El Pericón, en Texcatepec. Durante la diligencia, agentes de la Fiscalía lo forzaron a firmar documentos en blanco y a emitir declaraciones que no correspondían a sus dichos. Posteriormente, la institución manipuló esos documentos para imputarle cargos. Diego Fernando fue detenido de forma arbitraria y sometido a tortura. Las organizaciones acompañantes y el propio afectado presentaron una queja formal ante la CEDH bajo el expediente DAI/0161/2023.
La Comisión documentó las agresiones siguiendo el Protocolo de Estambul y constató tanto la privación arbitraria de libertad como la tortura. A pesar de ello, la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura abrió una carpeta de investigación —folio XAL/FIM/FEIDT/219/2023— y la cerró sin realizar diligencias conforme a la ley. El caso quedó en la impunidad.
Entre 2019 y 2025, Veracruz registró al menos 2 mil 594 casos de tortura, según datos citados por la CEDH. El estado se ubica entre las entidades con mayores índices de este delito en el país.
La recomendación emitida por la Comisión exige a la Fiscalía General del Estado investigar los hechos de manera exhaustiva, capacitar a los agentes involucrados en materia de derechos de pueblos indígenas y garantizar la reparación integral del daño a Diego Fernando Bonilla, incluyendo atención médica y psicológica especializada.
