Aunque documentó posibles agresiones, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza durante la protesta por el agua en Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) no presentó una conclusión propia sobre posibles actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En un informe entregado al Congreso de Jalisco, el organismo reconoció que recibió 25 quejas, documentó la detención de 39 personas y trasladó las investigaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que atribuyó la responsabilidad de determinar las violaciones cometidas.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs Foto: Mario Marlo / @MarioMarlo
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) no emitió una calificación propia sobre posibles actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes relacionados con las acciones represivas del 11 de octubre de 2026, cuando elementos de distintas corporaciones de seguridad intervinieron durante una manifestación por el derecho al agua frente a Casa Jalisco.
Así se desprende del informe que la presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez González, entregó al Congreso de Jalisco el 12 de noviembre, en respuesta a un acuerdo legislativo que solicitó información sobre su actuación durante las protestas del 11 y 18 de octubre.
En el documento, la CEDHJ reconoce que sus visitadores estuvieron presentes durante los hechos, recibieron testimonios de personas afectadas, documentaron posibles violaciones a derechos humanos y dieron seguimiento a las personas detenidas. Sin embargo, no presenta una conclusión sobre la posible comisión de tortura ni establece responsabilidades individuales o institucionales por los hechos denunciados.
Reconoció posibles violaciones, pero no las calificó
El propio organismo reconoce que sus integrantes documentaron hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos durante la intervención policial.
En la página 7 del informe, la Comisión identifica posibles actos de represión, intimidación, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y uso excesivo de la fuerza pública.
El señalamiento es relevante porque demuestra que el organismo tuvo conocimiento directo de conductas que ameritaban una investigación. Sin embargo, cuando el Congreso solicitó documentación específica sobre posibles actos de tortura, la CEDHJ respondió que las constancias recabadas fueron entregadas a la CNDH, organismo que asumió la investigación mediante el ejercicio de su facultad de atracción.
En la página 13, la Comisión sostiene que la determinación sobre las violaciones corresponde exclusivamente a la instancia nacional. De esta manera, aunque estuvo presente durante los acontecimientos y documentó posibles agresiones, no presentó una valoración propia sobre si las conductas denunciadas podrían constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Veinticinco quejas y 39 personas detenidas
El informe reconoce que la CEDHJ recibió 25 quejas relacionadas con los acontecimientos del 11 de octubre, posteriormente remitidas a la CNDH. También señala que documentó la detención de 39 personas y que emitió medidas cautelares dirigidas a distintas autoridades.
Entre las medidas solicitadas se encontraban garantizar la atención médica de las personas detenidas, proteger su integridad física y asegurar el respeto a sus derechos durante los procedimientos correspondientes.
Estas actuaciones muestran que la Comisión tuvo conocimiento de situaciones que ameritaban intervención y seguimiento institucional. Sin embargo, las medidas preventivas no equivalen a una investigación concluida ni a una determinación sobre las posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
La facultad de atracción como explicación institucional
En distintos apartados, la CEDHJ justifica la ausencia de una determinación propia a partir de la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Según su informe, la CNDH notificó el 13 de octubre que ejercería su facultad de atracción para investigar los acontecimientos del 11 de octubre. Posteriormente, solicitó a la Comisión estatal la entrega de las constancias recabadas.
En la página 19, la CEDHJ argumenta que quedó jurídicamente impedida para realizar una investigación completa de los hechos. En la página 23, reitera que carece, en ese momento, de facultades para revisar y emitir una conclusión propia sobre el expediente.
Esta explicación abre una pregunta central:
¿qué valoración hizo el organismo estatal sobre las posibles violaciones graves antes de remitir la documentación y qué medidas adoptó específicamente ante los señalamientos de tortura?
El informe no desarrolla una respuesta sustantiva a esa interrogante.
Lo que evidencia el propio informe de la CEDHJ
El documento entregado al Congreso contiene afirmaciones que permiten identificar la distancia entre los hechos documentados y las conclusiones que el organismo decidió no emitir.
1. Reconoció posibles violaciones a derechos humanos: En la página 7, la Comisión refiere posibles actos de represión, intimidación, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y uso excesivo de la fuerza pública.
2. Atribuyó a la CNDH la determinación de las violaciones: En la página 13, sostiene que corresponde a la instancia nacional determinar los actos u omisiones que constituyan violaciones a los derechos humanos de las personas manifestantes.
3. Argumentó estar impedida para continuar investigando: En la página 19, la Comisión señala que, debido a la facultad de atracción ejercida por la CNDH, no podía realizar una investigación completa sobre los acontecimientos del 11 de octubre.
4. No presentó una determinación propia sobre tortura: En la página 15, ante la solicitud de información sobre posibles actos de tortura y tratos crueles, el organismo explica que las responsabilidades deben acreditarse mediante evidencia y procedimientos legales. Sin embargo, no ofrece una calificación propia de las conductas denunciadas.
5. Reconoció límites para emitir una conclusión: En la página 23, la CEDHJ afirma que carece de facultades para continuar con la revisión de los hechos y emitir una determinación sobre el expediente.
Estas afirmaciones muestran que, pese a haber documentado posibles violaciones, la Comisión no presentó en su informe una conclusión propia sobre la gravedad de las conductas denunciadas.
Una respuesta institucional que deja preguntas abiertas
Al concluir su informe, la CEDHJ sostiene que su actuación fue consistente con sus atribuciones legales. Como respaldo, enumera la presencia de visitadores, la documentación de hechos, la recepción de quejas, el seguimiento de personas detenidas y la emisión de medidas cautelares.
No obstante, el documento no ofrece una conclusión propia sobre los posibles actos de tortura ni una valoración definitiva de las responsabilidades por las agresiones denunciadas durante la protesta.
La intervención de la CNDH mantiene abierta una vía de investigación. Pero el informe estatal deja sin resolver una cuestión fundamental para las personas afectadas: qué hizo la institución que estuvo presente durante los acontecimientos para reconocer y esclarecer, específicamente, los posibles actos de tortura.
La diferencia es sustancial: documentar una denuncia no significa determinar una violación a derechos humanos, y remitir un expediente tampoco equivale a esclarecer las responsabilidades.
Mientras la CNDH continúa con el procedimiento correspondiente, el informe de la CEDHJ deja constancia de las acciones administrativas y de acompañamiento realizadas, pero evitó emitir una conclusión propia sobre la gravedad de las conductas denunciadas.
