Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las agresiones contra mujeres periodistas en México aumentaron un 117% en comparación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, documentando 1,189 casos de violencia política, digital y de género que buscaron silenciar su labor crítica y acallar su voz en el espacio público, según reveló el informe presentado por CIMAC.
Por Edson / @EdsonDJV
Ciudad de México, 28 de agosto.- La mañana de este jueves se presentó en el Centro Cultural de España en México, el sexto informe sobre violencia contra mujeres periodistas en México, titulado “Las formas de asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”, elaborado por CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.).
El documento fue expuesto por Laura Lagunes Huerta, directora de CIMAC, y Mayra Sánchez Mora, del Programa de Libertad de Expresión y Género de la misma organización. Más que un ejercicio de documentación estadística, el estudio ofrece una radiografía dolorosa y rigurosa de la violencia estructural, institucional, sistemática y simbólica que enfrentaron las periodistas durante la administración de López Obrador.
El informe da cuenta de las distintas formas de persecución sistemática en contra de las profesionales que “enfrentaron el poder encarnado en una figura masculina”, refirió Lagunes. La persecución fue el sello de la relación del gobierno con el derecho a la libertad de expresión y al periodismo independiente, un modelo que después se adoptó en otras gubernaturas.
En palabras de Lagunes, “el impacto de esa narrativa se refleja en el incremento de agresiones por parte de particulares contra mujeres periodistas”. Una narrativa que se utilizó para señalar como adversario al periodismo crítico ejercido por mujeres. Además, se estigmatizó al movimiento feminista, lo que hizo que cubrir las marchas del 8M (Día Internacional de la Mujer) se convirtiera en un riesgo para las reporteras.
De acuerdo con la directora de CIMAC, “ser mujer periodista en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador significó un incremento del 117% en las agresiones; más del doble que en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto”.
Las agresiones contra las periodistas están dirigidas a su género: los ataques buscan denostarlas mediante la prostitución, animalización y amenazas de violación, al tiempo que minimizan sus capacidades intelectuales o publican sus datos personales (doxeo).
Asimismo, las periodistas viven las agresiones con mayor carga emocional, ya que la violencia ejercida contra ellas se expande a su entorno familiar, laboral y social. En sus medios de comunicación, por ejemplo, son juzgadas ante las amenazas, lo que evidencia que la violencia desde el poder se reproduce en esos “pactos masculinos” que pueden derivar en despidos con argumentos pueriles.
“Dentro del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las directoras de medios fueron la segunda categoría con más agresiones. Las primeras fueron las reporteras. La violencia digital sigue buscando desterrarlas del debate público”, mencionó Lagunes. Las columnistas son la tercera categoría más atacada, no por lo que escriben u opinan, sino por el hecho de ser mujeres. La resiliencia es lo que ha permitido que, pese a las violencias, sigan en su labor.
Desde hace más de 18 años, CIMAC acompaña a las periodistas, registrando y documentando las adversidades que enfrentan, visibilizando sus casos. Laura Lagunes refirió que “con el paso del tiempo y el diálogo permanente con las colegas, fuimos mucho más allá para hacer un acompañamiento integral feminista donde ellas son el centro. Sus derechos, su vida y su libertad son la brújula que guía nuestra acción”.
Por su parte, Mayra Sánchez ahondó en los resultados del informe, señalando que, a lo largo de estos 18 años, el trabajo de CIMAC parte del reconocimiento de que la violencia que padecen las periodistas no solo atenta contra su vida, libertad e integridad, sino que vulnera el derecho colectivo a la información y profundiza las desigualdades estructurales por razones de género.
El eje de la documentación es la intersección entre la violencia sociopolítica —que atenta contra la libertad de expresión— y la violencia motivada por género. Este enfoque permite visibilizar cómo el componente de género tiene un efecto directo en las formas y consecuencias de las agresiones que padecen las mujeres al ejercer su profesión.
De acuerdo con Sánchez, “durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, CIMAC documentó 1,189 agresiones contra mujeres periodistas, un aumento del 117% con respecto al periodo de Enrique Peña Nieto, cuando se registraron 548 casos”. El año más violento fue 2020, con 244 registros.
Los picos más altos de agresiones se registraron durante los meses de mayo de 2022 y 2023. La mayoría de estos ataques ocurrieron en el marco de las coberturas del 8M. “En marzo de 2022, el 70% de las agresiones tuvieron lugar durante esas coberturas, y para 2023 aumentaron al 72%”, refirió Sánchez.
La violencia mostró una alarmante concentración geográfica. La Ciudad de México es la entidad más violenta, con 292 casos registrados, una cifra que más que duplica la del siguiente estado, Puebla (103), seguido de Coahuila (74) y Michoacán (72). “En el mapa de la violencia también destacan Veracruz, Estado de México, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Baja California como las 10 entidades más violentas”, explicó Mayra.
Aunque durante el sexenio de López Obrador la mayoría de los mandatarios fueron hombres, en las entidades gobernadas por mujeres no se observó una reducción significativa de los ataques que permitiera identificar una tendencia a la baja. Esto confirma que no basta con que una mujer ocupe un puesto de poder si no existe un compromiso político y ético con los derechos humanos de las mujeres. “Por ejemplo, la Ciudad de México tuvo gobernantes mujeres y es la entidad con el mayor número de agresiones”, comentó Sánchez.
Respecto a las agresiones según el cargo, en los últimos dos sexenios las reporteras fueron las más agredidas. “Se registró un aumento del 203%, lo que puede deberse a dos factores: el contexto de pandemia por COVID-19, que favoreció la creación y crecimiento de medios digitales, y la libertad editorial”, afirmó Sánchez.
El tema define el peligro que enfrentan: primero, las que cubren fuentes políticas; luego, sociedad; seguridad; y, por último, información general. Los ataques están directamente relacionados con el tipo de investigación o cobertura que realizaban al ser agredidas. “Destacan, en primer lugar, la corrupción; seguidas de protesta feminista, cobertura electoral, protesta social, gestión pública y seguridad”, agregó.
La categoría de gobierno y política concentra el mayor número de agresiones (461 casos), seguida de protesta y movimientos sociales, sociedad y vida cotidiana, y, en cuarto lugar, derechos humanos. En este contexto, uno de los mecanismos de silenciamiento más usados fue el bloqueo informativo (14.38% de las agresiones), el 46% perpetrado por funcionarias públicas e incluyó amenazas e intimidación.
Asimismo, se encontró un incremento en la estigmatización y desacreditación de la labor periodística. En un tercio de los casos, las agresiones provinieron de instancias institucionales, lo que indica un uso sistemático y una normalización de la violencia contra la prensa. Un elemento clave para entender esa normalización son las agresiones durante la conferencia matutina del expresidente.
“CIMAC registró 468 casos de violencia institucional, de los cuales 47 se dieron en las ‘mañaneras’; aproximadamente el 41% fue descrédito laboral. De las periodistas estigmatizadas, el 15% fue hostigamiento, el 13% bloqueo informativo y el 10% doxeo”, confirmó Sánchez.
Otro hallazgo fue el incremento de la violencia digital. El informe registró 256 agresiones de este tipo (21.6%), relacionadas con descrédito, hostigamiento, amenazas y campañas de desprestigio.
“Lejos de ser un lugar de libertad para las periodistas, el espacio digital se ha configurado como un campo de batalla donde son atacadas por lo que dicen. Muchas han optado por el exilio digital, la autocensura o el abandono de su labor como estrategia de supervivencia”, añadió Mayra.
En relación con las dimensiones del daño, la violencia psicológica fue la más frecuente (70% de los casos). La violencia física se presentó en el 21%, siendo nuevamente los funcionarios los principales perpetradores. Este tipo de violencia se ejerció mediante agresiones directas, bloqueo informativo, uso desproporcionado de la fuerza pública y detenciones arbitrarias.
El informe también incluye un balance sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Entre las recomendaciones destaca: asegurar las capacidades humanas y los recursos financieros suficientes para la atención y asignación de planes de protección adecuados; fomentar un diálogo abierto y permanente con las organizaciones de la sociedad civil que monitorean las agresiones; fortalecer los procesos de evaluación de riesgo con un enfoque de género interseccional; incorporar medidas psicosociales en los planes de protección; e impulsar esfuerzos para prevenir los ataques.
Sánchez agregó que este informe es un recordatorio para la sociedad y el Estado de su obligación de reconocer, garantizar y proteger el derecho de las mujeres periodistas a ejercer su labor en libertad, seguridad y sin violencia. “Nos negamos a que la violencia se normalice, a aceptar que el silencio sea una alternativa de supervivencia o que la impunidad se sustente en la resignación social. Apostamos por la independencia de pensamiento y porque se garantice la libertad de expresión”, concluyó Mayra Sánchez.
