El Colectivo en Mirador de San Isidro anunció recursos legales contra el proyecto Legado Jalisco y exigió el cese del hostigamiento policial y la suspensión de la obra hasta contar con dictámenes técnicos independientes.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografías Yohan Rodríguez Saldaña / @SaldanaYohan
Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2026.- El Colectivo en Defensa del Territorio Mirador de San Isidro anunció el inicio de acciones legales contra el desarrollo habitacional del programa Legado Jalisco y denunció la “represión” y “brutalidad institucional” durante el desalojo de su campamento, ocurrido la madrugada del 30 de julio en Zapopan. En un comunicado dirigido a medios de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos y a la opinión pública de Jalisco, los vecinos fijaron su postura y detallaron las medidas emprendidas.
El colectivo condenó el operativo ejecutado alrededor de las 2:00 horas del jueves, en el que —según su denuncia— más de 100 elementos antimotines de la Policía Metropolitana y corporaciones estatales irrumpieron para desmantelar el campamento. “Este acto de intimidación hacia familias que velaban por su patrimonio representa un abuso del monopolio de la fuerza pública para favorecer intereses inmobiliarios, violentando nuestro derecho a la protesta y a la libre manifestación”, señalaron en el documento.
Los vecinos sostienen que el predio en disputa fue cedido hace tres décadas con el destino específico de albergar áreas verdes, infraestructura educativa y equipamiento comunitario. De acuerdo con el comunicado, las autoridades desincorporaron el terreno “de forma opaca y sin consulta ciudadana” para entregarlo al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) e imponer el complejo de diez torres con 200 departamentos. Advirtieron que la obra se pretende cimentar sobre una zona con problemas para urbanizar y en una vialidad cuyos servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica están rebasados.
Frente a lo que describen como la cerrazón del gobierno del estado y del ayuntamiento, el colectivo informó que decidió iniciar formalmente la vía legal. Los vecinos promoverán los recursos correspondientes para frenar la desincorporación del predio y cualquier ejecución de obra que, sostienen, vulnere el derecho a un medio ambiente sano y a la gestión del territorio. En un comunicado previo, la organización había precisado que la presentación de amparos, juicios de nulidad, denuncias y acciones de carácter civil comenzaría la próxima semana.
Como medida preventiva ante el acoso, la toma no consentida de fotografías y la presencia policial en la colonia, el colectivo informó que solicitó formalmente la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de resguardar la vida e integridad de las personas involucradas.
El colectivo exigió al gobierno del estado y al municipio el cese inmediato del hostigamiento policial y el retiro de las fuerzas de seguridad que —afirman— mantienen labores de intimidación en las inmediaciones del predio. Demandó además la suspensión total de cualquier trabajo o intervención en el terreno hasta que se resuelvan los cauces legales y se presenten dictámenes técnicos independientes de viabilidad ambiental e hídrica.
Los vecinos reiteraron a la Secretaría General de Gobierno la necesidad de instalar una mesa de diálogo pública y transparente con las autoridades responsables. “La defensa de nuestras áreas verdes y del bienestar de nuestras familias no es un delito”, subrayaron. El colectivo aclaró que su lucha no se confronta con los fines sociales del programa ni con los servidores públicos que se busca beneficiar: “Cuestionamos las formas y llamamos al diálogo para que ni ellos ni nosotros pongamos en riesgo nuestros patrimonios”.
El plantón se había instalado una semana antes del desalojo, luego de que la comunidad conociera el proyecto el lunes 20 de julio a través de un folleto repartido casa por casa. El predio, de 12,832 metros cuadrados, funciona como manto acuífero, alberga un pozo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y ya había sido declarado no apto para construcción por dictámenes técnicos, debido al canal de aguas pluviales que lo cruza. El caso fue relatado por integrantes del movimiento en el programa Territorio Sonoro, de La Coyotera Radio Comunitaria (102.3 FM). [Ver cobertura previa]
Hasta el cierre de esta publicación no había una postura oficial del gobierno de Jalisco, del municipio de Zapopan ni del Ijalvi sobre el desalojo ni sobre las exigencias del colectivo.
