29 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca firmaron una declaratoria regional para prohibir la minería en sus territorios, exigiendo la cancelación del proyecto minero San José y las concesiones otorgadas sin su consentimiento, en defensa de sus derechos, el medio ambiente y su tejido social.
Por Redacción / @Somoselmedio
Fotografías: Educa Oaxaca
Oaxaca, México – 29 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca firmaron una declaratoria regional que establece sus territorios como zonas prohibidas para la minería. Esta decisión, impulsada por el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos y la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), responde al rechazo generalizado a proyectos extractivistas que han sido impuestos sin el consentimiento de las comunidades afectadas.
Las comunidades exigen, tanto al gobierno federal como al estatal, la cancelación inmediata del proyecto minero San José y la revocación de las concesiones otorgadas en sus tierras. A través de un pronunciamiento, las comunidades resaltaron la constante amenaza que representa la minería para su bienestar y sus recursos naturales, pues afirman que la minería ha generado no solo impactos ecológicos, sino también violaciones a los derechos humanos.
“El extractivismo minero es también una forma de violencia machista, por lo que reconocemos y apoyamos las luchas de las mujeres de los Valles Centrales, quienes luchan por la justicia y el fortalecimiento del tejido social”, expresaron las comunidades en un comunicado conjunto.
En esta lucha, se solidarizó con otras resistencias locales, como las de Capulálpam de Méndez, quienes también ha exigido la cancelación del proyecto minero Natividad, y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ), que aboga por la dignidad de los pueblos.
El proyecto minero San José, que opera a pesar de la oposición comunitaria, ha recibido permisos de diversas autoridades federales, como la Secretaría de Economía y la SEMARNAT, a pesar de las evidencias que cuestionan su viabilidad social y ambiental. Las comunidades denunciaron que las empresas mineras han intentado dividirlas, ofreciendo apoyos que buscan debilitar su resistencia y cohesión social.
Además, las comunidades denunciaron el sobrevuelo ilegal de helicópteros en comunidades como El Llano Sitio Santiago, Santa Catarina Minas y San Baltazar Chichicapam, que ha generado mayor preocupación sobre las intenciones de las empresas para avanzar en sus proyectos extractivos sin consultar a las comunidades.
Para reforzar su resistencia, las comunidades decidieron presentar un amparo contra las 80 mil hectáreas concesionadas a la compañía minera, reafirmando su postura: “Sí a la vida, no a la minería”. Asimismo, exigieron a las autoridades que respeten las resoluciones de sus asambleas agrarias y municipales, y que garanticen el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio y recursos naturales.
El Frente No a la Minería y OPIZ hizo un llamado urgente a que el gobierno federal y estatal atiendan sus demandas de manera inmediata, y advierten que de no ser escuchadas, seguirán fortaleciendo su defensa territorial de forma legal, pacífica y legítima.
“Ni oro, ni plata, la minería mata”, concluyeron, reafirmando su compromiso con la vida, el medio ambiente y la justicia social.
