La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado mexicano por la desaparición, tortura sexual y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, así como por la falta de protección a su madre, Norma Andrade, defensora de derechos humanos.
Por Redacción / @Somoselmedio
La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó este 19 de diciembre una sentencia en la que encontró responsable internacionalmente a los Estados Unidos Mexicanos en el caso García Andrade y otros vs. México, por la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en un contexto de violencia de género e impunidad generalizada en Ciudad Juárez.
Lilia Alejandra tenía 17 años, era trabajadora de una maquiladora y madre de dos hijos. Desapareció el 14 de febrero de 2001 y su cuerpo fue localizado una semana después en un terreno baldío; la causa de muerte fue estrangulamiento manual posterior a un ataque sexual. La Corte subrayó que los hechos ocurrieron en un patrón de violencia contra las mujeres ya reconocido en su jurisprudencia sobre Ciudad Juárez.
En la resolución, el Tribunal determinó que el Estado incumplió el deber de debida diligencia reforzada ante la desaparición de mujeres, violando los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de la víctima. “La ausencia de acciones diligentes de búsqueda caracterizó una actuación negligente y omisa de las autoridades”, señaló la Corte al concluir que hubo tolerancia estatal frente a la tortura sexual.
La sentencia también declaró responsable al Estado por la falta de prevención e investigación de los ataques sufridos por Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, quien se convirtió en activista durante la búsqueda de justicia. “Se trató de ataques contra una defensora de derechos humanos”, afirmó el Tribunal, al reiterar la obligación estatal de garantizar el derecho a defender derechos.
Además, la Corte reconoció las afectaciones a los familiares, incluidos los hijos de Lilia Alejandra, por la violación a su integridad personal, protección familiar y derechos de la niñez, así como el derecho a la verdad. El impacto del feminicidio —indicó— se extendió a tres generaciones de una misma familia.
Como medidas de reparación, la Corte ordenó continuar las investigaciones, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas, fortalecer políticas integrales contra la violencia de género y las desapariciones, mejorar la implementación del Protocolo Alba y adoptar medidas de protección para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.
