Integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas exigen atención a las familias indígenas de la Montaña y la instalación de una comisión intersecretarial para atender la discriminación, maltrato y abuso sexual en 21 estados de la República Mexicana.
Por Redacción / @Somoselmedio
Integrantes del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña denunciaron la discriminación, maltrato, abuso sexual, matrimonios forzados y el abandono por parte de las autoridades estatales y federales en los campos agrícolas de 21 estados de la república mexicana.
En una conferencia de prensa realizada en Tlapa, Guerrero, exigieron la instalación de la comisión intersecretarial para la atención de la población jornalera y un programa emergente para las familias indígenas de la región de la Montaña con partida presupuestal.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan confirmó que en lo que va del 2023, tres niños y niñas Me’phaa han fallecido en la zona sur de Mazatlán, Sinaloa. La violencia en los campos agrícolas afecta especialmente a las mujeres y niñas. Además, los migrantes sufren por los bajos salarios.
En la conferencia, los integrantes del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña (CJAM) señalaron que las familias jornaleras padecen discriminación, maltratos e insultos por parte de los capataces y patrones debido a su condición étnica.
El rezago educativo es alto y las mujeres son invisibilizadas. La situación empeora en los campos agrícolas donde no existen centros de salud ni atención para las jornaleras y jornaleros que vienen de otros estados. En este contexto, las mujeres son madres de familia y trabajan igual que los hombres, pero no tienen los mismos derechos ni protección por parte de las autoridades.
Martina Ramírez Dominguez, jornalera originaria de la comunidad de Ayotzinapa, destacó que los derechos humanos más fundamentales son violados no sólo en sus comunidades, sino en los campos agrícolas.
“Las jornaleras sufren abuso laboral, acoso sexual y matrimonios forzados, sobre todo en las comunidades jornaleras. En muchas ocasiones, las niñas son casadas en los campos agroindustriales. Las niñas de los municipios más pobres como Cochoapa el Grande y Metlatónoc han tenido que emigrar para evitar ser forzadas a casarse por una suma de dinero.”
Por su parte, Rocío Ramírez Domínguez reclamó que las autoridades no respetan los derechos laborales de las familias jornaleras que cosechan verduras y frutas para los campesinos y los presidentes.
A pesar de cargar igual que los hombres, las mujeres no tienen acceso a sábados ni domingos, ni a dependencias que las protejan. Tampoco tienen acceso a viviendas dignas, agua ni baños. Además, trabajan a cambio de salarios muy bajos.
Hermelinda Santiago Ríos, de la comunidad Me’phaa de Francisco I. Madero, señaló que las mujeres indígenas de la Montaña son las más olvidadas. Las autoridades deben tomar medidas para proteger sus derechos y los derechos de las jornaleras y jornaleros agrícolas.
El Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que atiendan las necesidades de las familias jornaleras de la región.
“La falta de inspecciones en los campos agrícolas, el incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, la ausencia de atención médica y la falta de programas sociales para las familias jornaleras son preocupaciones que deben ser abordadas de manera urgente, ya que la población jornalera es la que más sufre.”
Guerrero es el estado que históricamente ha enviado el mayor número de familias jornaleras a los campos agrícolas del país. Cada año, más de 15 mil jornaleros y jornaleras viajan a otras regiones en busca de trabajo, principalmente en el corte de chile, jitomate y verduras chinas. Sin embargo, lo que más preocupa es la repetición de tragedias año tras año, que hacen necesario que las autoridades protejan a las familias indígenas que se enrolan como jornaleros o jornaleras. Lamentablemente, las autoridades están lejos de brindar seguridad y garantizar los derechos más básicos.
En este sentido, los integrantes del CJAM solicitaron a las autoridades la instalación de la comisión intersecretarial que surgió en 2011 para garantizar la atención y protección de los derechos de las personas jornaleras agrícolas migrantes.
A la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, le solicitaron coordinarse con otras secretarías como la de salud, educación y trabajo, entre otras. Además, han demandaron la creación de una comisión interinstitucional con los tres niveles de gobierno en los estados receptores para garantizar la atención y protección a las familias jornaleras, quienes son el motor fundamental de las empresas agroindustriales.
