En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, alertaron que este crimen es una estrategia de control y terror social. Exigen al gobierno reconocer su responsabilidad y frenar la impunidad que prevalece en miles de casos.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 1 de septiembre 2025.- La desaparición forzada en México no es un hecho del pasado, sino una práctica de Estado sistemática, vigente y en incremento, denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT) en un comunicado emitido el pasado sábado, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La red de organizaciones alertó que este delito constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y es empleada como “una estrategia de control y terror social que se ha convertido en una herida nacional”. Criticaron que, a pesar de su gravedad, el gobierno actual “se niega a reconocer su vigencia y responsabilidad en estos casos”, una postura que equipararon con la de administraciones anteriores.
La RED TDT destacó el importante papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyas tesis emitidas en abril de 2024 reafirman que la desaparición forzada no solo es un delito, sino también una violación a los derechos humanos que “debe ser atendida de manera integral e interdisciplinaria, tanto en la búsqueda como en la investigación”. Este criterio judicial refuerza lo establecido desde 2017 en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Uno de los puntos alarmantes del comunicado señala la participación directa de servidores públicos en casos recientes. Como ejemplo, citaron el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde “autoridades policiales y de alto nivel local —incluido el propio alcalde del municipio— participaron de manera directa”, evidenciando una “colusión institucional particularmente grave y compleja” a nivel regional.
La situación para los colectivos de búsqueda, integrados principalmente por familiares de las víctimas, es extremadamente peligrosa. Citando un informe de Amnistía Internacional de 2024, la RED TDT indicó que “el 97 % de las buscadoras ha sufrido agresiones, 16 fueron asesinadas y sólo el 17 % se atrevió a denunciar ante las autoridades”, sufriendo una doble violencia que incluye criminalización y agresiones directas.
Ante este panorama, la Red exige al Estado mexicano medidas urgentes: garantizar la coordinación efectiva entre comisiones de búsqueda y fiscalías, establecer un mecanismo de sanciones para ministerios públicos que incurran en dilación y refrendar el derecho humano a ser buscado bajo la presunción de vida.
Por último, la RED TDT refirió en su comunicado que la desaparición forzada no puede seguir siendo negada ni minimizada. Frente a la indiferencia y la impunidad, la demanda de memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición se erige como una exigencia colectiva inaplazable.
