Organizaciones civiles documentaron que desde 2016 al menos 25 personas buscadoras fueron asesinadas y 63 defensoras y periodistas desaparecieron, en un contexto donde la cifra oficial de personas desaparecidas superó las 133 mil en el país.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 29 de agosto de 2025.– En vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, organizaciones integrantes del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) denunciaron que México atravesaba una grave crisis de violencia e impunidad contra familias buscadoras, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con el comunicado, desde el 1 de enero de 2016 al menos 25 personas buscadoras fueron asesinadas y 7 desaparecieron, de las cuales 3 seguían sin ser localizadas. Las entidades con mayor riesgo para quienes realizan esta labor fueron Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas.
En el mismo periodo, al menos 63 personas defensoras, periodistas y colaboradores de medios fueron víctimas de desaparición en posible relación con su trabajo. De ese total, 37 eran personas defensoras, 25 periodistas y un colaborador de medio; 23 permanecían sin ser localizadas.
Casos como el de Sandra Domínguez, defensora desaparecida en 2024 y localizada sin vida meses después; el de Irma Galindo, guardabosque mixteca desaparecida en 2021 pese a estar incorporada al Mecanismo de Protección; y el asesinato de Roberto Hernández, padre buscador en el Estado de México en agosto de 2025, ejemplificaron la sistematicidad de las agresiones.
Según cifras oficiales citadas en el pronunciamiento, México acumulaba hasta esa fecha más de 133 mil 33 personas desaparecidas, reflejo no solo de la magnitud de la crisis, sino también del colapso forense e investigativo que impedía identificar cuerpos y garantizar justicia para las familias.
Las organizaciones advirtieron que, además de asesinatos y desapariciones, las personas defensoras y periodistas fueron víctimas de ataques físicos, hostigamiento, campañas de desprestigio, acoso judicial, espionaje, desplazamiento forzado y violencia sexual, lo que configuró un patrón sistemático dirigido a silenciar voces críticas.
El Espacio OSC exigió al Estado mexicano la aparición con vida de todas las personas desaparecidas, el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas, la aprobación del Protocolo Homologado para investigar delitos contra ellas, así como atención inmediata a la crisis forense.
Finalmente, expresaron su solidaridad con las familias y colectivos que, día a día, buscaron a las personas desaparecidas en el país, y recordaron que cada hallazgo e identificación representó un paso hacia la verdad, la justicia y la reparación.
