Por Max González Reyes
Política y derecho son dos caras de una misma moneda. Las expresiones jurídicas son el resultado de un acuerdo político previamente establecido. Aunque existe, en la mayoría de las veces este arreglo, no se especifica en el documento jurídico.
El enunciado anterior se pudo verificar el pasado 22 de noviembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto por el que todas las dependencias federales tienen la obligación de aprobar los proyectos del gobierno federal. El Acuerdo califica como “seguridad nacional” todos los proyectos y obras de la actual administración, mismos que estarán asociados a la infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, fronterizo, aduanero, hidráulico, hídrico, turismo, medio ambiente, salud, ferrocarriles, vías férreas, etc. El presidente señaló que este Acuerdo no tiene el propósito reservar la información de los proyectos de infraestructura promovidos por el Estado, sino de evitar amparos y trabas administrativas y así poder concluir en el tiempo establecido las obras emblemáticas de su gobierno como el Tren Maya, El Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
Desde luego, la publicación de este Decreto tuvo repercusión en todos los ámbitos, y el Congreso de la Unión no fue la excepción. En lo que respecta al Senado, el asunto se abordó en la sesión del 25 de noviembre. En esa ocasión, diversos senadores de oposición solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero (Morena), que a nombre del Senado interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto del Ejecutivo federal. Desde luego los legisladores de Morena se opusieron a que la presidenta ejerciera esa facultad jurídica.
El debate exhibió la forma cómo el derecho está sujeto a los arreglos políticos, pues la mayoría de Morena impidió que se aprobara llevar a cabo la controversia constitucional. Casi al final de la sesión, el Senador Ricardo Monreal, Coordinador de Morena, subió a tribuna, lo cual es poco común, y pronunció un discurso lleno de palabras pero falta de contenido.
El Senador se sintió dueño de la escena y permitió todas las preguntas que le quisieron hacer sus correligionarios. El Senador Juan Zepeda de Movimiento Ciudadano, cuestionó a Monreal para que respondiera si el acuerdo del Ejecutivo es constitucional, alejado de la corriente partidista que representa, y tomando la estafeta de doctor en derecho, académico, y profesor de derecho constitucional a nivel de postgrado. A lo que el Coordinador de Morena habló mucho pero no contestó y la respuesta quedó en el aire.
Del mismo modo, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, señaló que la presidenta del Senado debe representar la unidad de la Cámara, “no dice que debe representar la mayoría de la Cámara. Porque cuando solamente hace lo que dice la mayoría no representa esa unidad; al contrario, en mi opinión, la unidad la representa justamente cuando una minoría importante, a través de ella, tiene acceso al ejercicio de un cuestionamiento de esta naturaleza”.
Monreal señaló que la Ley Orgánica en su artículo 68 señala que “la Mesa Directiva, la Presidencia debe optar por la unidad, no necesariamente por la mayoría; representa la unidad, no representa la mayoría, aun cuando la mayoría la haya elegido. El presidente de la Cámara —todavía en su lenguaje patriarcal, espero que pronto lo modifiquemos— el presidente de la Cámara —o la presidenta, digo yo— estará subordinado o subordinado en sus decisiones al voto del Pleno. Este voto será consultado cuando lo solicite algún Senador, en cuyo caso se requerirá que al menos cinco Senadores se adhieran a dicha solicitud. El trámite para que el Pleno resuelva acerca de la misma está reglamentado, es decir, representa la unidad, no la mayoría, aun cuando ésta la hubiera elegido, pero en todas sus decisiones, y ésta es una de ellas, está subordinada a la mayoría del Pleno. Ella no puede asumir por sí sola una decisión del Pleno, basta con que un Senador le reclame por qué está tomando una decisión por sí para que el Pleno la avale o la pueda frenar en su decisión”[i].
En este caso, la controversia la estaban solicitando más de cinco senadores. Sin embargo, no se aprobó la solicitud, pues la mayoría de Morena no apoyó la propuesta. La Senadora Sánchez Cordero señaló que como su duda era fundada, instruyó a que se realizara el estudio jurídico correspondiente. Y ahí se cerró el tema en esa sesión.
Días después, la presidenta de la Mesa Directiva informó en su cuenta de Twitter que, conforme a los criterios de la SCJN “se concluye que el Senado de la República carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”. Con lo que se dio por cerrado el caso.
Este caso ilustra claramente cuando el derecho está sujeto a la política, pues ni Monreal ni la ex ministra Sánchez Cordero se atrevieron a señalar que el Acuerdo del Ejecutivo es inconstitucional. El tema aún no está cerrado pues el INAI interpuso una controversia contra el decreto del Ejecutivo.
Lo que aquí se busca presentar es cómo el derecho está intrínsicamente asociado con el debate político.
[i] Las declaraciones fueron tomadas del Diario de Debates del Senado de la República. https://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2021_11_25/2192