Por primera vez, el Estado mexicano ofrece disculpa pública a sobrevivientes de la Guerra Sucia

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

El día de hoy, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañada de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en representación del Estado mexicano, ofrecieron una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS) y sobreviviente de desaparición forzada y tortura y exmilitante de la Liga Comunista 23 de septiembre.

“Este evento de reconocimiento, es una luz una esperanza es un punto de partida, aun falta mucho por hacer, espero que la puerta se abra para otras familias y colectivos. Que esto no quede solo es un disculpa, es un primer logro, sin embargo hay que seguir avanzando. Para mi es muy importante la admisión de responsabilidad, por que esto implica, reconocer lo que vivi, y que las autoridades asuman su obligación.”

Así inicio su discurso Martha Alicia Camacho Loaiza quien fue la primera persona, sobrevivientes del periodo conocido como “Guerra Sucia” en México, por primera vez,  recibió una disculpa pública el Estado mexicano.

“Aun con la violencia que ejercieron contra mi persona, mi dignidad prevaleció. No me cortaron las alas, me tuve que levantar y permanecer de pie con orgullo igual que las palmeras después de la tormenta. Lo que ma ha impulsado todos estos años es la búsqueda de la justicia y verdad.” Explicó Martha Alicia Camacho Loaiza durante su participación.

El caso de Martha Alicia Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, es uno de muchos donde el Estado participo, torturando, desapareciendo y asesinando a activistas.

Martha Alicia y José Manuel, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Durante su detención, Martha fue torturada durante 49 días en la Novena Zona Militar en Culiacán; obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo –cuyo cuerpo fue desaparecido– y a dar a luz en condiciones infrahumanas. Recuperó su libertad tras el pago de rescate por parte de su familia y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.

En el año del 2001 el entonces gobierno de México, creo la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), momento en que Martha Camacho, con el acompañamiento del Centro Prodh, interpuso, el 22 de mayo de 2002, una denuncia formal por el asesinato y desaparición forzada de José Manuel y por tortura y desaparición forzada consumada de ella misma.

Sin embargo, el 07 de febrero de 2013, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR –que se hizo cargo de los expedientes no resueltos por la Femospp luego de su disolución- notificó a Martha que los delitos denunciados habían prescrito por haberse cometido casi cuatro décadas atrás.

Inconformes con la decisión, Martha Camacho y su hijo promovieron un juicio de amparo indirecto en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México bajo el número 227/2013, argumentando que en el contexto de la Guerra Sucia se cometieron delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y deben ser investigados y sancionados.

El juzgado concedió el amparo el 29 de julio de 2014 señalando que en la averiguación previa existían suficientes elementos para considerar que durante el periodo de la Guerra Sucia se habrían cometido violaciones a derechos humanos.

A pesar de que la PGR recurrió la decisión, una sentencia emitida el 13 de julio de 2015, dictada dentro del Amparo en Revisión 209/2014 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, confirmó que los delitos son imprescriptibles y que la PGR debería de investigar el caso de la desaparición forzada y asesinato de José Manuel Alapizco y la tortura cometida contra Martha Camacho.

El 14 de junio de 2019, la CEAV emitió una resolución para determinar el plan de reparación integral del daño en favor de José Manuel Alapizco Lizárraga, Martha Alicia Camacho Loaiza y Miguel Alfonso Millán Camacho al reconocerlos como víctimas de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado.