Por Redacción/@Somoselmedio
Este jueves 14 de enero, la Fiscalía General de la República exoneró al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien era vinculado por narcotráfico y al mismo tiempo presentó formal acusación en contra de la defensora de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalvána a quien se le acusa del robo a pasajeros de un autobús.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC, calificó de irónica la decisión tomada por la Fiscalía sobre la exoneración del general Salvador Cienfuegos Zepeda mientras que ha solicitado la pena máxima para la defensora de DH.
Irónico: El mismo día que la @FGRMexico exoneró a #Cienfuegos también presentó formal acusación en contra de #KeniaHernandez defensora de DH, indígena y feminista solicitando la pena máxima por el terrible delito de protestar. Así las cosas en México @ParaKenia pic.twitter.com/aIOHX08cQv
— Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (@CDHZL) January 15, 2021
Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el Gral Salvador Cienfuegos; la #FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal. pic.twitter.com/x3dcPdl2oz
— FGR México (@FGRMexico) January 15, 2021
La defensora indígena, Kenia Hernández, fue detenida el 18 de octubre de 2020 en la caseta de peaje de Amozoc, Puebla y posteriormente trasladada a el Centro de Reinserción Social de Almoloya, Edomex.
En diversas ocasiones su abogado, Antonio Lara, presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC, ha denunciado que la detención de la defensora es un “montaje” que solo busca castigarla por su activismo.
Kenia Inés Hernández Montalván es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, oficial de las Policías Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el Estado de Guerrero y parte del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
Kenia ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos enfrentando continuas amenazas de muerte por parte de grupos como la Unión de organizaciones y Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG), grupos paramilitares y hostigamientos por la fuerza policiaca estatal del Estado de México. Esto la ha llevado a solicitar mecanismos de protección la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a reubicarse a la ciudad de México donde continua su labor en derechos humanos.
El Colectivo Libertario Zapata Vive, es un movimiento social campesino que defiende los derechos de la tierra, la identidad colectiva y promueve diferentes formas de resistencia pacifica frente a modelos de desarrollo de enfoque neoliberal impuestos por el Estado Mexicano.
