Por Max González Reyes
El actual régimen morenista se enorgullece en decir una y otra vez que no son iguales a los gobiernos anteriores. Desde que Andrés Manuel López Obrador se postuló como candidato, y una vez en la presidencia de la República en 2018, repitió hasta el cansancio que era distinto a los gobiernos del PRI y del PAN. Hoy, Claudia Sheinbaum como titular del poder Ejecutivo, repite el mismo discurso que en su momento expresó su antecesor en el cargo.
Sin embargo, pese a que repiten una y otra vez sus diferencias, hay muchos ecos que aun resuenan del pasado. Si bien no son una copia, sí se parecen mucho a ciertas acciones que se realizaban en tiempos del régimen del PRI.
Un primer paralelismo se puede observar en el afán de tener un partido hegemónico. En la época del PRI no había forma de hacerle frente porque este partido, creado desde el poder y para mantener el poder, cubría todas las áreas de la esfera pública. El partido oficial controlaba la Cámara de Diputados, el Senado de la República, las gubernaturas, las presidencias municipales; los integrantes del partido brincaban de un cargo a otro, se postulaban, se reelegían, etc. Se decía que el Poder Legislativo era una “oficina de trámites” de las iniciativas que mandaba el titular del Ejecutivo, y esto mismo se replicaba a nivel estatal. No había un contrapeso a la mayoría oficialista de ese momento. Las leyes electorales estaban diseñadas para que el PRI obtuviera la mayoría con apenas una representación de la minoría.
La similitud de hoy en día es palpable. Hoy en las cámaras legislativas no existe contrapeso a las iniciativas presidenciales. Si bien Morena no tiene una mayoría por sí solo, la alianza de facto que ha formado con el Partido del Trabajo (PT) y con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hacen una mayoría en la que la oposición (PAN, PRI y MC) se convierten en figuras decorativas. De nada sirven las largas sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, si no se toman en cuenta las opiniones de la oposición.
Hoy ya controlan el Poder Legislativo, las gubernaturas, el INE y hasta el Poder Judicial. Todo esto sin contar la reforma electoral que desde el gobierno se prepara y que muy probablemente se presentará a principios del próximo año para asegurar la continuidad del régimen morenista.
Otro de los ecos del pasado lo pudimos observar en la reunión del 20 de noviembre que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con los legisladores del bloque mayoritario. El común denominador de esa reunión fue cerrar filas y mostrar la lealtad a la mandataria. Una vez terminado el encuentro se dejaron ver las muestras de unidad, el respaldo total al proyecto y a la presidenta. El coordinador de los diputados Ricardo Monreal sintetizó el motivo de la reunión: “Hemos acordado con diputados federales refrendarle todo nuestro respaldo a la presidenta Sheinbaum por su conducción acertada, por su honestidad, por su capacidad, por ser la primera mujer que nos gobierna y nos gobierna bien en México”.
Esta declaración recuerda aquellas expresiones de los dirigentes priistas de los años setenta u ochenta, cuando los diputados y/o senadores asistían a la Residencia Oficial de Los Pinos (hoy convertida en museo) para agradecer al presidente su inteligente, digna y correcta conducción del país, aunque la realidad dijera otra cosa.
Durante el régimen del PRI, el Poder Legislativo era una extensión (“oficina de partes”) del Ejecutivo porque este partido tenía una verticalidad incuestionable. La disciplina partidaria era la distinción del régimen: “el que se mueve no sale en la foto”, decían; los legisladores obedecían las instrucciones presidenciales, no las cuestionaban porque su cargo se lo debían al presidente. Si alguien quería mantenerse en su puesto e incluso escalar a otro, debía obedecer. Así funcionó el sistema durante muchos años
La reunión de la presidenta Sheinbaum de la semana pasada con legisladores, gobernadores, aunado a las expresiones de los coordinadores parlamentarios, no son otra cosa que el eco de un régimen que formalmente se fue, pero en la realidad está más presente de lo que imaginamos. Ese respaldo irrestricto, esa lealtad abrumadora, es una herencia del viejo régimen que al parecer no acaba de morir.
Otra de las muestras del pasado que aun hoy en día están vigentes es la forma en que se removió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Desde la tarde del miércoles 26 de noviembre se empezó a especular sobre la renuncia del fiscal con la visita del coordinador de Morena a Palacio Nacional. Posteriormente, en la mañanera del siguiente día le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la renuncia y sólo dijo que tenía una carta del Senado sin revelar su contenido. De ahí en adelante todo fueron especulaciones y sospechas. Por su parte, el Senado citó a una sesión sin saber bien a bien qué pasaría con la renuncia, pues formalmente no se había presentado ningún escrito. Ya arrancada la sesión, y ante la incertidumbre, la Mesa Directiva decretó un receso en la espera de la carta de renuncia.
Finalmente, la renuncia llegó con la peculiaridad de que el fiscal ya estaba propuesto como embajador “a un país amigo”. Lo singular de la renuncia es que según la Constitución ese no es motivo para renunciar a la Fiscalía, pues la Constitución establece que el Fiscal General solo podrá ser removido por “causas graves” (enfermedad terminal, perder la ciudadanía mexicana, cometer violaciones graves a la Constitución o por incurrir en un delito grave). Ninguna se refiere a la remoción para aceptar otro cargo, en este caso de embajador.
En la sesión, los senadores de oposición expusieron ese argumento para no aceptar la renuncia del fiscal. Legisladores del PRI, PAN y MC expresaron su molestia porque no había argumento jurídico para dimitir del cargo. Sin embargo, la mayoría oficialista (Morena, PT y PVEM) aprobó la renuncia, aun en contra de la ley.
Esa es la forma como el grupo mayoritario se maneja, muy parecido a aquellos tiempos en que el PRI era mayoría.
Hoy vemos que el intento por mantener un régimen hegemónico sigue más que vivo. Las reformas que se han aprobado, las que se están presentando y las que vienen buscan controlar todas las áreas de la vida pública.
