Por Sonia Sagrero/sagrero_sonia
El día 17 de marzo de 2022, se dio a conocer un comunicado, donde se menciona que, en marzo de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 10/2017, la cual se enfoca en la violación a los derechos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y el acceso a la información en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes en la Cuenca del Alto Atoyac.
Ante esto, importa mencionar que la recomendación 10/2017, se emitió seis años después, esta logrando ser significativa, pues se estableció que efectivamente, existe una relación entre la contaminación y las enfermedades en la zona.
Con ello, se afirmó lo siguiente:
“las altas concentraciones de contaminantes químicos y biológicos que son descargados a los Ríos Atoyac y Xochiac, y sus afluentes, provenientes tanto de descargas de carácter municipal como industrial; además de la degradación ambiental que conlleva, tiene severas repercusiones contra la población humana, cuya salud se ve comprometida por la exposición a contaminantes de origen químico o biológico”
A través de esto, se resaltó que la CNDH no ha sido una institución activa que realmente se encargue de proteger los derechos de la población, ni el cumplimiento de su propia Recomendación.
Con ello, se dio a conocer que la participación gubernamental, estatal y municipal aun no se perfila de manera adecuada, mientras que las respuestas de atención a la Recomendación, han sido una serie de oficios validados por la CNDH, sin que se indague sobre la efectividad de las acciones, con lo cual, su “seguimiento es meramente administrativo sin convocar a un diálogo consistente con las comunidades afectadas”.
Ahora bien, importa mencionar que Guillermo Fernández-Maldonado Castro, señaló lo siguiente:
“los derechos al agua, al saneamiento, al medio ambiente sano y a la salud han sido y siguen siendo gravemente afectados por la industrialización y la urbanización en la Cuenca Atoyac; se trata de derechos interdependientes plenamente reconocidos en todo el mundo y en México”.
Asimismo, se mencionó que se considera imperante la participación activa de la CNDH, pues desde el 15 de octubre de 2021, se envió una solicitud de reunión con la presidenta de ese organismo, conocida como Rosario Piedra Ibarra y hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta.
De acuerdo a esto, se afirmó que la población requiere de la garantía de sus derechos, por ello, se demanda la participación comprometida de la CNDH, retomando el articulo 139 de su reglamento, lo cual, señala lo siguiente: “Una vez expedida la recomendación, la competencia de la Comisión Nacional consiste en dar seguimiento y verificar que ella se cumpla en forma cabal”.
Finalmente, se exigió un seguimiento puntual y profundo al cumplimiento de la Recomendación que hasta hoy, a cinco años de su emisión, sigue sin cumplirse.
