La ausencia de autoridades de la SEP en la mesa de trabajo dejó sin atención inmediata las demandas estudiantiles y sin dictamen de protección civil a la UPN 098, pese a acuerdos firmados tras el paro.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 12 de enero 2025.- Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 098, denunciaron que autoridades de la Secretaría de Educación Pública no acudieron a la primera mesa de trabajo pactada para atender demandas estructurales y académicas, lo que dejó sin valoración oficial de protección civil al plantel.
La mañana de este 12 de enero, vocerías estudiantiles de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), unidad 098 Iztacalco, acudieron a la primera mesa de trabajo acordada con la Secretaría de Educación Pública (SEP), programada para las 10:00 horas, sin que se presentaran las autoridades con capacidad de decisión. La reunión tenía como objetivo iniciar el análisis del pliego petitorio y atender la situación estructural, administrativa y académica del plantel.
De acuerdo con el testimonio de las y los estudiantes, a la mesa únicamente asistieron representantes jurídicos y directivos sin facultades resolutivas, entre ellos personal del área jurídica de la Coordinación de Educación Superior y de la propia UPN, lo que fue considerado por la comunidad como un incumplimiento grave de los acuerdos establecidos el 5 de enero.
Incumplimiento de acuerdos y derechos vulnerados
La organización estudiantil señaló que la ausencia de las autoridades responsables de la SEP constituye una dilación deliberada que afecta el derecho a la educación pública y digna. En su posicionamiento, advirtieron que esta omisión vulnera derechos constitucionales consagrados en los artículos 3, 8 y 9 de la Constitución, relativos al derecho a la educación, al derecho de petición y a la libre asociación y reunión.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la falta de un dictamen de protección civil. Según explicaron las y los estudiantes, el 5 de enero se alcanzó un acuerdo oral para que el 6 de enero personal de protección civil acudiera a valorar el edificio de la unidad 098. Esa visita nunca se realizó, por lo que, hasta el momento, el plantel carece de una evaluación oficial sobre sus condiciones de habitabilidad. “Sin esa valoración, oficialmente nos quedamos sin edificio”, señalaron.
La comunidad universitaria exigió la comparecencia inmediata y presencial de autoridades de la SEP con capacidad de decisión, así como la recalendarización formal de la mesa de trabajo bajo condiciones reales de diálogo y sin represalias administrativas o académicas.
El contexto del paro y los compromisos oficiales
La denuncia ocurre días después de que el movimiento estudiantil de la UPN levantara el paro iniciado en octubre pasado, tras alcanzar acuerdos con la Secretaría de Educación Pública. El 5 de enero se concretó la entrega-recepción de las instalaciones en las unidades 092 Ajusco, 095 Azcapotzalco y 098 Iztacalco, luego de una mesa encabezada por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.
Como parte de esos acuerdos, se firmó una carta de no represalias contra estudiantes, docentes y trabajadores que participaron en la movilización, y se anunció la instalación de mesas de trabajo para atender temas como infraestructura, planes académicos, becas y seguridad. El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que también se realizaría un diagnóstico técnico de las condiciones de los planteles, con fecha límite el 7 de enero de 2026.
Sin embargo, el caso de la unidad 098 muestra, según el estudiantado, una brecha entre los compromisos públicos y su cumplimiento efectivo. La falta de autoridades en la mesa y la ausencia del dictamen de protección civil refuerzan la percepción de un abandono institucional que dio origen al paro.
Las y los estudiantes de la UPN 098 advirtieron que no aceptarán nuevas “simulaciones” ni incumplimientos y que se mantendrán organizados y vigilantes hasta que sus demandas sean atendidas de manera efectiva. En su pronunciamiento subrayaron que la educación no es negociable y que la dignidad de la comunidad universitaria no puede postergarse.
El conflicto pone nuevamente en el centro el debate sobre el derecho a la educación pública en condiciones seguras y dignas, así como la responsabilidad de las autoridades educativas de garantizar procesos de diálogo reales y con capacidad resolutiva frente a las demandas legítimas del estudiantado.
