En su comparecencia ante el Comité CEDAW, este 17 y 18 de junio, organizaciones civiles exigen al Estado mexicano atender las recomendaciones del informe sombra, que denuncia violaciones a derechos de salud sexual, trabajo digno y libre tránsito de mujeres migrantes.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 16 de junio de 2025.- Este 17 y 18 de junio, el Estado mexicano comparecerá ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra, Suiza. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado urgente para que el gobierno atienda las recomendaciones presentadas en el informe sombra entregado al Comité, centrado en tres ejes fundamentales: salud sexual y reproductiva, trabajo digno —especialmente en el sector agrícola y de cuidados—, y el derecho al libre tránsito de mujeres migrantes.
Organizaciones como Las Vanders, CECIG, IMUMI y la Red de Mujeres Migrantes y Sujetas de Protección Internacional (RMMSYM), alertaron sobre la vulnerabilidad que enfrentan mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en contextos de movilidad humana en México. Aseguraron que estas poblaciones —particularmente indígenas, afrodescendientes, trabajadoras agrícolas, mujeres con discapacidad y de la diversidad sexogenérica— son desproporcionadamente afectadas por las políticas migratorias actuales.
El informe evidenció que muchas de estas mujeres huyen de violencia en sus países de origen, solo para encontrar en México un entorno igual de hostil, caracterizado por la ausencia de garantías para acceder a la justicia, a servicios básicos y a una vida libre de violencia.
El endurecimiento de la política migratoria, la creciente militarización de las rutas y la presencia del crimen organizado han incrementado los riesgos para mujeres migrantes. Según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), todas las mujeres entrevistadas durante 2024 reportaron haber sufrido algún tipo de violencia en su tránsito migratorio.
Además, entre 2018 y 2024, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes abrió más de 10,000 investigaciones, ninguna de las cuales fue judicializada. Este dato, sumado al racismo, la hipersexualización y el temor a denunciar por miedo a represalias o deportación, demuestra un patrón de impunidad sistemática.
Datos oficiales de la Secretaría de Gobernación reveló que tres de cada diez personas detenidas por razones migratorias entre 2019 y 2024 fueron mujeres, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) señaló que cuatro de cada diez solicitantes de asilo fueron mujeres.
Las organizaciones firmantes solicitaron al Comité CEDAW que recomendara al Estado mexicano la eliminación de la detención migratoria como norma, así como la reforma de la Ley de Migración conforme a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En particular, señalaron la necesidad de aplicar las sentencias que prohíben detenciones migratorias superiores a 36 horas y las revisiones arbitrarias en carretera, medidas que, pese a su carácter vinculante, continuaban sin implementarse, afectando especialmente a mujeres y niñas en contextos de movilidad.
Asimismo, pidieron fortalecer los mecanismos de recolección de datos con enfoque de género, diversidad e interseccionalidad, para contar con información precisa sobre las violencias y vulneraciones que enfrentan las mujeres migrantes en México. Esta información, señalaron, debía ser utilizada como base para diseñar políticas públicas más justas y con perspectiva de derechos humanos.
En ese sentido, propusieron la creación de una mesa interinstitucional que integrara a distintas dependencias del Estado y organizaciones civiles, con el fin de diseñar y coordinar políticas migratorias y de asilo con perspectiva de género.
Además, recomendaron ampliar las vías de migración regular y facilitar procesos de regularización que fueran accesibles, asequibles, transparentes y libres de discriminación. Subrayaron que estos procesos debían contemplar medidas específicas para mujeres, niñas y personas de la diversidad sexogenérica, quienes enfrentan obstáculos adicionales para su integración legal en el país.
También urgieron a garantizar el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la atención durante el embarazo, anticoncepción, aborto legal y gestión menstrual digna, con especial atención a mujeres haitianas y hablantes de lenguas indígenas.
Finalmente, solicitaron el establecimiento de políticas laborales que protegieran los derechos de las trabajadoras agrícolas migrantes, quienes sufrían condiciones laborales precarias, bajos salarios y falta de acceso a la seguridad social. Destacaron la necesidad de garantizar remuneraciones justas, jornadas laborales reguladas y acceso al cuidado. En ese marco, propusieron la implementación del Sistema Nacional de Cuidados con un enfoque específico para mujeres jornaleras y sus familias, reconociendo su doble jornada y el rol central que desempeñan en la economía alimentaria y en el sostenimiento de la vida comunitaria.
