Defensores de derechos humanos exigen que se detenga el proceso penal contra Wilberth Nahuat Puc, subcomisario maya y líder ambiental, acusado tras su lucha contra una granja porcícola que amenaza la salud y el medio ambiente de su comunidad en Santa María Chí.
Por Redacción / @Somoselmedio
Mérida, Yucatán, 6 de noviembre de 2024.- Organizaciones, colectivos, académicos y defensores de derechos humanos emitieron un llamado urgente a las autoridades de Yucatán para detener el proceso judicial contra Wilberth Nahuat Puc, subcomisario del pueblo maya de Santa María Chí y reconocido defensor ambiental.
La convocatoria se realizó luego de que Nahuat Puc fuera citado a comparecer el 7 de noviembre en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial de Mérida, en el contexto de un proceso penal que enfrenta por los supuestos delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad.
Nahuat Puc ha liderado la resistencia de la comunidad de Santa María Chí contra la granja porcícola “Santa María”, de la empresa Pecuaria Peninsular, propiedad de Oswaldo y Francisco José Loret de Mola. La instalación, ubicada a escasos 15 metros de las viviendas, alberga aproximadamente 49,000 cerdos y opera en la subzona de tránsito del Anillo de Cenotes, una región de importancia ecológica en el estado. Diversos ecosistemas y cuerpos de agua, incluidos los cenotes Xpuchil y el Altillo, se encuentran en las cercanías, y según las denuncias, han sido gravemente afectados por la actividad porcícola.
Los habitantes de Santa María Chí, representados por sus tutores y con el apoyo de Nahuat Puc como autoridad comunitaria, presentaron demandas de amparo contra la granja y autoridades ambientales como SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA. Estas acciones legales destacan violaciones al derecho a la salud, al agua y al medio ambiente sano, debido a que la granja funcionó durante 30 años sin consulta previa y sin manifestación de impacto ambiental, incumpliendo con las disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Yucatán, que considera incompatible la actividad porcícola en esta región.
La denuncia penal contra Nahuat Puc, impulsada por la apoderada legal de la granja, Beatriz Arely Uitzil Álvarez, se basa en un evento ocurrido el 14 de mayo de 2023, cuando la comunidad impidió de manera pacífica el ingreso y salida del personal de la granja en protesta por las afectaciones ambientales. La Fiscalía General del Estado de Yucatán consignó la carpeta de investigación P1-P1/22/2024 en su contra, lo que activó el proceso que hoy amenaza su libertad y continúa generando inquietud en la comunidad.
Este caso no es aislado. En 2023, habitantes de Sitilpech, en Izamal, también enfrentaron represión por su oposición a un megaproyecto porcícola que afectaba su entorno. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), México es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales; en 2023, se registraron 123 agresiones contra activistas ambientales, 20 de las cuales resultaron en muertes.
Ante lo que consideran un acto de criminalización que favorece intereses empresariales sobre el bienestar comunitario, las organizaciones firmantes del comunicado exigieron al gobernador de Yucatán, al Fiscal General del Estado y a la jueza Silvia Elena Torres Cobá que se desestime la vinculación a proceso de Nahuat Puc y se cierre toda investigación relacionada con su labor de defensa de derechos humanos.
Además, exhortaron a las Comisiones de Derechos Humanos estatal y nacional a investigar la criminalización de Nahuat Puc y emitir medidas cautelares para proteger su libertad e integridad física. Por último, demandaron al gobierno estatal y federal cesar la promoción de megaproyectos en territorios mayas, ya que, afirman, vulneran la autodeterminación de las comunidades indígenas, afectan su territorio y fracturan su tejido social.
La audiencia de imputación contra Wilberth Nahuat Puc se celebrará en el Centro de Justicia Oral de Mérida, donde se definirá el curso del proceso judicial. Las comunidades indígenas y sus aliados informaron que estarán atentos, en defensa de su derecho a proteger su tierra y su salud ante las amenazas de proyectos que consideran perjudiciales.
