Tras la victoria jurídica en los casos de Miguel Peralta y Marcelino, familiares y activistas demandan al Estado de Oaxaca la cancelación definitiva de 200 órdenes de aprehensión contra la comunidad mazateca de Eloxochitlán, basadas en delitos prescritos e inexistentes.
Por Alan Hernández / @alandjhm
Ciudad de México, 7 de marzo de 2026.- El pasado 6 de marzo, en conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), el colectivo Mujeres Mazatecas por la Libertad expuso que el panorama jurídico para los perseguidos de Eloxochitlán de Flores Magón ha tomado un rumbo definitivo. Tras la sentencia histórica 631/2022, un tribunal federal determinó la falsedad de los testimonios presentados por la actual diputada Elisa Zepeda Lagunas, lo que derivó en la notificación de libertad total e inocencia para Miguel Peralta.
La defensora indígena Argelia Betanzos detalló que este fallo no solo beneficia a Peralta, sino que pone en entredicho las más de 200 órdenes de aprehensión que aún pesan sobre otros integrantes de la comunidad bajo los mismos cargos fabricados. Según la defensa, el triunfo del amparo de Marcelino y la reciente liberación de Miguel confirman un patrón de criminalización que se ha sostenido por más de una década. El pasado 5 de marzo se celebró la audiencia clave que determino el futuro de estas órdenes de arresto, las cuales fueron reactivadas injustificadamente por el Tribunal de Oaxaca en 2025.
“Por primera vez un tribunal federal es capaz de reconocer que lo que Elisa Zepeda contó es una absoluta mentira. Esto debería obligar, si Elisa fuera una funcionaria objetiva y legítima, a renunciar a su cargo de diputada, como un deber moral”, menciono Argelia Betanzos.
La narrativa de la fiscalía local sostiene que los hechos del 14 de diciembre de 2014 fueron una agresión misógina contra Zepeda; sin embargo, las Mazatecas por la Libertad sostienen que se trató de un castigo ordenado por el Estado contra la Asamblea Comunitaria por resistirse al cacicazgo de la familia Zepeda. Al respecto, Betanzos señaló que los pasos legales de la diputada son, en realidad, una extensión de la voluntad estatal:“Lo que haga Elisa no es una decisión personal… los pasos que ella dé son los pasos que quiere el propio Estado. Si el Estado quiere seguir perjudicando, se va a decir ‘vete a la Corte, alarga, pon la revisión’. Pero si el Estado entiende que ya basta, tendrán que hablar con su marioneta y decir: punto final a la criminalización”. Señalo Betanzos.
Por su parte, Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, denunció el uso de un “feminismo racista” por parte de funcionarias públicas para validar la persecución de una comunidad originaria. Ante estos hechos, el colectivo anunció que presentará formalmente la solicitud de destitución de Zepeda ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena y el Congreso de Oaxaca.
El 12 de marzo vence el plazo legal para que la contraparte interponga nuevos recursos. De no hacerlo, se espera que la Segunda Sala del Tribunal Superior de Oaxaca proceda a la cancelación definitiva de las órdenes pendientes, permitiendo el retorno de los exiliados y el cese de las medidas cautelares contra quienes aún deben firmar periódicamente en los juzgados de Huautla.
El colectivo mazatecas por la libertad solicita que el Poder Judicial y la Fiscalía de Oaxaca actúen en concordancia con los fallos federales que ya han calificado las acusaciones como falsas. La permanencia de las 200 órdenes de aprehensión, dado que los delitos han prescrito y no se ha acreditado el daño material imputado.
El caso Eloxochitlán inició en diciembre de 2014 tras un ataque a la Asamblea Comunitaria. Desde entonces, la familia Zepeda, respaldada por sucesivos gobiernos estatales, ha mantenido un control político en la región mediante la criminalización de opositores. Miguel Peralta, tras enfrentar más de una década de persecución y prisión, siendo arrestado originalmente el 30 de abril de 2015 y sentenciado injustamente a 50 años en 2018, ha sido finalmente declarado inocente. Esta resolución sienta un precedente que invalida la columna vertebral de la acusación oficial. El conflicto ha sido documentado por misiones de observación civil como un caso de uso faccioso de la justicia para el control territorial y de recursos naturales.
