En el foro por el 20 aniversario de ARTICLE 19, defensores del periodismo de cinco países documentaron cómo el desplazamiento forzado de periodistas se ha convertido en una estrategia deliberada de silenciamiento: expulsar para que el periodista abandone la profesión, no solo el país.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografías Denisse Ureña / @denisseure_
Ciudad de México, 7 de mayo 2026.- El periodista no aparece en ninguna lista de asesinados. No hay caso abierto en ninguna fiscalía. No hay nombre grabado en ningún memorial. Pero ya no ejerce, ya no publica, ya no incomoda. El exilio forzado de periodistas en América Latina ha dejado de ser una consecuencia colateral de la represión para convertirse en un mecanismo político calculado: más limpio que el asesinato, más efectivo que la cárcel, más difícil de documentar que cualquier otra forma de censura. Esa fue una de las conclusiones centrales que emergió de la Mesa 5 del foro internacional organizado por ARTICLE 19 con motivo de su 20 aniversario.
La sesión, moderada por Adela Navarro —periodista de investigación con 33 años en el Semanario Zeta y una de sus directoras generales desde hace 17 años— reunió a cinco referentes regionales de la defensa del periodismo: Carlos Lauría, de la Sociedad Interamericana de Prensa; Adriana León Cantella, del Instituto Prensa y Sociedad de Perú; Mauricio Weibel, del Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodismo; Jonathan Bock, del Fondo de Periodismo Futuro de Colombia; y Evelyn Blanck, de la Red Rompe el Miedo de Guatemala.
Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, describió con precisión el mecanismo: el objetivo de quienes expulsan periodistas no es únicamente sacarlos del territorio, sino lograr que abandonen la profesión. El desplazamiento forzado desconecta al periodista de sus fuentes, de su audiencia, de su redacción y, sobre todo, de sus ingresos. Sin ingresos, la mayoría termina ejerciendo otro oficio.
El silencio se produce sin disparar una sola bala. “Uno de los objetivos principales de aquellos autócratas que expulsan periodistas es silenciar esas voces”, señaló Lauría durante la mesa. “Sabemos que un porcentaje importante de los periodistas que salen tienen que abandonar la profesión porque no pueden subsistir.”
Los casos más documentados provienen de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Guatemala y El Salvador. Nicaragua es el ejemplo extremo: el régimen de Daniel Ortega ha vaciado el país de periodistas críticos mediante encarcelamientos, confiscación de bienes y revocación de nacionalidades. Juan Lorenzo Holman, director del diario La Prensa de Nicaragua, fue expulsado del país junto a más de 200 opositores enviados a Estados Unidos en 2023, en una operación que el propio gobierno diseñó para desmantelar cualquier cobertura interna independiente. Ortega, señaló Lauría, podría apagar el internet si quisiera. No lo ha hecho porque no lo necesita: los periodistas ya no están ahí.
La respuesta institucional que presentó Lauría es la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (Relpex), creada a finales de 2024 con apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia. Con casi 430 integrantes activos, la red opera sobre tres pilares que responden directamente a las tres formas en que el exilio destruye una trayectoria periodística.
El primer pilar es la asistencia de emergencia: fondos ágiles para cubrir traslados entre países, gastos médicos y alojamiento en los primeros días en el país de acogida, cuando el periodista desplazado se encuentra en el punto de mayor vulnerabilidad y menor capacidad de respuesta. El segundo es la asesoría legal, porque la mayoría de los periodistas que cruzan una frontera en condición de exilio llegan a un limbo jurídico sin saber a qué instancia acudir ni qué derechos les asisten en el país receptor. El tercero, y el que Lauría consideró más relevante, es el programa de empleabilidad: la red subsidia la mitad del salario de un periodista que trabaja para un medio del exilio, garantizando que pueda dedicarse a tiempo completo al oficio que dejó en su país de origen.
A estos tres pilares se suma un componente que suele quedar fuera de los protocolos de protección: la atención psicosocial. A través de una alianza con VitaActiva, todos los integrantes de la red y sus familias tienen acceso a terapia psicológica profesional. Lauría fue explícito sobre la razón: “Si no tratan ese tema, en algún momento el burnout aparece.” El trauma del desplazamiento forzado no desaparece al cruzar una frontera. Postergarlo tiene un costo que eventualmente cancela cualquier otro esfuerzo de reintegración profesional.
Evelyn Blanck, representante legal del Centro Civitas e integrante de la Red Rompe el Miedo de Guatemala, aportó un dato que matiza la imagen habitual del periodista exiliado. En Guatemala, la primera oleada de desplazamiento forzado no expulsó principalmente a reporteros de calle, sino a editoras y editores de medios: las personas que toman decisiones editoriales, que definen líneas de cobertura, que dan o niegan espacio a una historia.
“La mayoría de periodistas que salieron de Guatemala al exilio son editores y editoras de medios”, señaló Blanck. El impacto social de esa pérdida es cualitativamente distinto al de la ausencia de un reportero: sin editores, los medios que permanecen pierden la capacidad de articular una cobertura sostenida sobre los temas que el poder prefiere que nadie cubra.
La Red Rompe el Miedo opera en ese contexto con una plataforma digital de registro y verificación de casos, un sistema de alertas públicas que solo se emiten con autorización expresa de la persona afectada, y acompañamiento directo ante instancias como la fiscalía y el ministerio de gobernación. Guatemala no tiene mecanismo estatal de protección a periodistas. El compromiso de establecerlo lleva 14 años incumplido. En ese vacío, la red asume funciones que deberían ser obligación del Estado.
“Muchos periodistas no saben cómo trabajar con una institución pública para que les responda”, dijo Blanck, describiendo una de las razones por las que el acompañamiento organizacional resulta irreemplazable en contextos de alta violencia y baja institucionalidad.
Adriana León Cantella, directora del área de libertades informativas del IPYS e integrante de la red Voces del Sur, relató el caso de un periodista que investigaba la minería ilegal en Madre de Dios, en la Amazonía peruana, cuya vida corría peligro inminente. Junto a colegas de la Asociación Nacional de Periodistas, León Cantella acudió al mecanismo estatal de protección a defensores de derechos humanos.
La respuesta fue que el mecanismo no tenía recursos. La conversación terminó con una frase que León Cantella reprodujo durante la mesa: “La vida de Manuel está en las manos de ustedes.” Una responsabilidad que las organizaciones de la sociedad civil no deberían tener que asumir, pero que asumen porque no hacerlo equivale a abandonar a un colega a su suerte.
León Cantella señaló que Voces del Sur, red que hoy agrupa a 17 organizaciones con monitoreo estandarizado en toda la región, funciona precisamente porque permite anticipar amenazas. Las organizaciones que ya vivieron la penetración del crimen organizado en el periodismo local —como las venezolanas o nicaragüenses— transfieren ese conocimiento a las que apenas comienzan a enfrentarla, como las peruanas. “Unas ya viven el futuro y otras están empezando ciertos tipos de violencia que antes no sucedían”, describió. Ese intercambio de experiencias funciona como un sistema de alerta temprana colectivo que ninguna organización podría construir en solitario.
La tesis que atravesó toda la mesa es que el exilio como estrategia de silenciamiento solo funciona cuando el periodista queda aislado. Las redes de cooperación regional están diseñadas, precisamente, para romper ese aislamiento. Los medios nicaragüenses que operan desde Costa Rica, los venezolanos que publican desde España, los guatemaltecos que trabajan desde México: todos demuestran que el desplazamiento geográfico no tiene que ser sinónimo de silencio profesional, siempre que existan estructuras de apoyo que cubran lo que el Estado no cubre y que el mercado no financia.
Mauricio Weibel, que preside el Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodismo y lleva años impulsando la Ley Modelo de Protección a Periodistas en la región, lo formuló en los términos más amplios de la tarde: lo que está en juego no es solo la seguridad de un periodista ni la supervivencia de un medio. “Lo que enfrentamos es un problema civilizatorio”, sostuvo Weibel. “Y vamos a tener que dar lo mejor de nosotros para defender no solo el periodismo, sino la democracia.” El exilio forzado de periodistas es uno de los síntomas más visibles de ese problema. Las redes que los sostienen son, por ahora, una de las pocas respuestas que funcionan.
