Familiares de los 43 acusaron al Ejército de ser responsable directo de la desaparición de los normalistas y exigieron la entrega de 800 folios que Sedena mantiene ocultos desde hace 11 años.
Por Redacción / @Somoselmedio
Iguala, Guerrero. 23 de septiembre de 2025.- Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) exigieron hoy verdad y justicia en la puerta del campo militar 35-C —antes 27 Batallón de Infantería— y apuntaron directamente contra el Ejército como “perpetrador directo” y principal responsable por omisiones y encubrimiento en el caso ocurrido hace 11 años.
Al filo de las 12:00 horas, madres, padres, familiares y estudiantes se reunieron en las vallas del antiguo batallón donde, recuerdan, ocurrieron los hechos que derivaron en la desaparición forzada de los normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Con fotografías de los jóvenes y pancartas, las familias se formaron en abanico y dieron la espalda a las instalaciones castrenses como gesto de reclamo y desconfianza.
Melitón Ortega, tío del estudiante desaparecido Mauricio Ortega Valerio, denunció la falta de esclarecimiento y la ocultación de pruebas: dijo que las autoridades federales no investigaron a fondo y que autores intelectuales y materiales “siguen libres”. Ortega reclamó que, a pesar de oficios girados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Ejército abriera archivos, la institución mantuvo una postura negativa y hermética.
Los familiares recordaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó indicios de que el Ejército interceptó una llamada que advertía que 17 estudiantes habían sido trasladados a barandilla municipal de Iguala. Asimismo, acusaron a Sedena de negarse a entregar 800 folios que, sostienen, podrían contener información decisiva sobre el paradero de los 43.
Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres, señaló que la línea de investigación que vincula a un grupo de estudiantes con el ingreso al entonces 27 Batallón se basa en testimonios y en evidencia recopilada por los expertos. Vicario subrayó que los militares habrían monitoreado “en tiempo real” la agresión contra los normalistas sin intervenir para protegerlos, lo que configura, en su opinión, una responsabilidad activa más allá de la omisión.
Las familias recordaron además que, desde 2010, al menos un elemento militar habría estado infiltrado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Denunciaron que, después de la agresión, la institución castrense se encargó de ocultar información, una práctica que, según los contingentes reunidos, se repite en un patrón de violaciones graves a derechos humanos documentadas desde décadas pasadas.
Don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, calificó el hecho como “crimen de Estado” y reclamó que mandos militares que fueron detenidos hayan quedado libres. “No es posible que esta institución militar goce de privilegios”, dijo, y exigió que se entreguen los 800 folios retenidos.
La protesta derivó en momentos de tensión: una comisión de normalistas lanzó petardos hacia las instalaciones y, según testigos, incendiaron un vehículo cercano al portón. Tras el mitin, las consignas —entre ellas “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”— se escucharon todavía cuando la mayoría de las familias comenzó a retirarse.
Las madres y padres anunciaron que mantendrán la exigencia hasta obtener información y castigo a los responsables. “Nos ven pobres, creen que nos cansaremos, pero seguiremos hasta abrazar a nuestros hijos”, afirmó don Emiliano, y advirtió que la lucha continuará pese a la impunidad y el hermetismo militar. En el undécimo aniversario de la desaparición de los 43, las familias ratificaron su demanda central: acceso total a los archivos, apertura de los 800 folios y una investigación plena que señale y sancione a quienes participaron en la cadena de responsabilidades.
