Pese a que al Comité Científico no se invitó a las comunidades afectadas ni a especialistas en salud, derechos humanos y territorios indígenas, el órgano recomendó avanzar con pozos piloto de fracking en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 7 de agosto de 2026.– Dos meses después de la fecha estipulada para presentar sus conclusiones, el Comité Científico convocado por el gobierno federal para evaluar la fractura hidráulica dio a conocer sus recomendaciones durante la conferencia matutina de este 6 de agosto. Su definición: avanzar con el desarrollo de pozos piloto de fracking en yacimientos no convencionales en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas.
La Alianza Mexicana contra el Fracking señaló que al comité no fueron invitados integrantes de las comunidades que serían directamente afectadas por esta técnica, ni personas expertas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas. Pese a esa ausencia, el órgano recomendó proceder con las perforaciones de prueba en las tres entidades del noreste del país.
Para las organizaciones agrupadas en la Alianza, esa omisión no es un descuido metodológico sino una decisión que condiciona el resultado. El fracking, sostienen, no es un asunto puramente técnico, sino una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos; tratarlo únicamente como un problema de ingeniería es, en sus palabras, una forma de manipular el debate. Bajo ese criterio, un comité integrado sin las voces de quienes habitan los territorios amenazados difícilmente puede legitimar una recomendación que recae sobre esos mismos territorios.
El comité fue conformado tras el anuncio hecho el 15 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien presentó a 17 especialistas coordinados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), encabezada por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez. El mandato encomendado fue analizar la “posible explotación sustentable” del gas no convencional. La Alianza objeta la premisa misma del encargo: para las organizaciones firmantes, por definición es imposible hacer de manera sustentable la exploración, extracción y quema de combustibles fósiles, de modo que la pregunta no era si México debía prohibir el fracking, sino cómo aplicarlo con menos costo aparente.
La recomendación llega, además, en medio de la crisis de salud y ambiental provocada por la explosión del pozo de gas Krem-1, y en una región donde la escasez de agua ya genera conflictividad social. De acuerdo con la investigación de CartoCrítica citada por la Alianza, recuperar apenas el 10 % de los recursos prospectivos requeriría más de 25 mil pozos y 1,923 millones de metros cúbicos de agua dulce. En el noreste, alrededor del 40 % de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta ya estrés hídrico alto o extremo, y se calcula que ocho de cada diez litros necesarios para el fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave.
Al costo hídrico, la Alianza suma un costo social y económico que, señala, la industria suele invisibilizar. Según la organización, más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto, expuestas de manera directa a contaminantes. El boletín advierte también que el anuncio no explica cuál será la disposición final de los residuos ni prohíbe su posible descarga en cuerpos de agua dulces o marinos, y que la inyección en pozos de disposición puede provocar tanto la contaminación de acuíferos como sismicidad inducida. A ello se agrega, apuntan, el financiamiento previsto mediante un fideicomiso con capitales privados o contratos mixtos con la industria petrolera, esquema que las organizaciones consideran contradictorio con el discurso de soberanía energética con el que el gobierno busca justificar el llamado “fracking sustentable”.
Frente a la recomendación del comité, la Alianza Mexicana contra el Fracking reiteró su exigencia de la prohibición constitucional de la técnica en todo el territorio nacional, la inclusión efectiva de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión sobre su uso, y la transparencia y rendición de cuentas sobre las actuaciones del comité y de la titular de la SECIHTI, a quien las organizaciones atribuyen una intención declarada de respaldar la aplicación del fracking en el país.
